El caso de los aportantes truchos de Cambiemos vuelve a entrar en zona de riesgo debido a un tecnicismo. El juez Carlos Alberto Vallefín, de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, ordenó que el magistrado electoral platense, Adolfo Gabino Ziulu, sea quien decida el futuro próximo de la única causa penal que queda en pie por los presuntos delitos de lavado de dinero y falsedades ideológicas en la recaudación de la campaña oficialista en la provincia de Buenos Aires en 2017.
El juez Ziulu ya dijo que el caso debe ser investigado en su juzgado electoral y no en el fuero penal, tal como pidió el macrismo. De hecho, Ziulu solicitó a los jueces Ernesto Kleprak y Sebastián Casanello que se aparten de sus investigaciones penales y envíen los expedientes a su juzgado electoral. Por ende, la lógica de Ziulu indica que decidirá quedarse con el expediente penal, incorporarlo a su causa electoral y dar por terminada la investigación que tanto preocupa a Cambiemos.
Las consecuencias judiciales para los recaudadores de la campaña pueden ser muy distintas si el caso de los aportes falsos se investiga en el fuero penal o, por el contrario, en el electoral. En el primero, pueden ser acusados de delitos graves. En el segundo, de meras irregularidades. De allí surge la necesidad de Cambiemos de extinguir los expedientes penales.
La única causa penal que queda en pie por los aportantes truchos es la del juzgado federal número 3 de La Plata, a cargo de Kreplak. El presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, corrió al juez Casanello de la otra investigación por presunto lavado en la recaudación de campaña y envió ese expediente al juez Ziulu. Ahora, con la decisión del camarista platense Vallefin, el destino de la investigación penal de Kreplak también está en manos de Ziulu.
La causa de Kreplak llegó a la Cámara Federal platense luego de que el magistrado habilitara a la ex tesorera del PRO, María Fernanda Inza, a presentar un recurso de apelación: Inza pidió al juez Kreplak que se declare incompetente en su causa y envíe el caso al fuero electoral. El magistrado se opone a ese planteo, así que envió a la Cámara el escrito de la exfuncionaria para que sus superiores tomaran una decisión.