La Legislatura de Chubut aprobó por mayoría el proyecto de declaración presentado sobre tablas por el diputado Adrián López (ChuSoTo), rechazando la Resolución 20/2018 que, en forma transitoria y extraordinaria, que decidió habilitar un recupero de las diferencias diarias acumuladas entre el precio previsto en los contratos y el reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución.
Los legisladores solicitan al Poder Ejecutivo Nacional la “derogación inmediata” de dicha Resolución que compensa económicamente a las empresas prestatarias “como consecuencia de la variación de costos, sobre servicios que ya han sido facturados y abonados por los usuarios, violando el efecto cancelatorio propio del pago de una deuda. Es decir, que una vez que se efectúa el pago de la factura equivalente a los consumos de esos períodos se extingue cualquier tipo de obligación entre las partes, para este caso, las empresas distribuidoras y los usuarios”.
Al fundamentar la iniciativa, López se refirió a la denuncia del fiscal Marijuan que promueve investigar si el Secretario de Energía de la Nación incurrió en el delito de “Abuso de Autoridad” e “Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público”. Al respecto, el legislador rawsense, calificó de “medida arbitraria” la decisión del orden nacional estableciendo el pago en 24 cuotas en compensación económica para dichas empresas prestatarias de servicio público de gas.
López indicó que la medida se suma al incremento en el servicio de Gas de entre el 30% y el 35% que comenzó a regir el lunes 01 de octubre, “la Resolución no debe ni puede ser aplicada ya que va en detrimento del bolsillo de los usuarios residenciales y resulta nada más beneficioso a los sectores empresarios, y ningún país se sustenta con el bienestar asegurado de unos pocos por sobre el perjuicio de todos los demás”.

Fondo estímulo

En otro orden de temas, el presidente del bloque Convergencia, Alfredo Di Filippo solicitó tratar para el jueves próximo un proyecto de ley que junto a su par Sergio Bruscoli, presentaron sobre tablas, por el que se crea en la Secretaría de Pesca un Fondo Estímulo destinado al personal de la misma cuyos recursos serán asignados en igual monto a cada uno de los agentes de dicha secretaría.
El Fondo estará conformado por el 15% de los fondos asignados por la Ley 620, los agentes de la Secretaria de Pesca serán los encargados de controlar la cantidad y peso de los cajones de langostinos descargados en cada puerto, “la rigurosidad de dicho control redundará en una mejor recaudación de fondos destinados a los municipios y la provincia”.

Protocolo anti-piquete

Un amplio debate se generó con un pedido de informes presentado por el diputado Blas Meza Evans (PJ-FpV), en el que solicita conocer los convenios celebrados entre la provincia con el Gobierno Nacional, si es que Chubut adhirió o no al protocolo de Bariloche, vinculado a Seguridad.
“Sabemos que hay una Resolución que es copia a la de Bariloche. Hoy el debate político gira sobre los ajustes, sobre las exigencias del FMI, sobre el hambre. El Gobierno Nacional, en su presupuesto 2019 está recortando los beneficios a los ciudadanos y se incrementan las partidas en seguridad, previendo que la conflictividad social crezca”, dijo el legislador.
A su turno, el diputado Gustavo Fita (PJ-FpV), dijo que se quiere “demonizar” la protesta, “no se podrá festejar ni los partidos de fútbol”.
En tanto, el diputado Manuel Pagliaroni (Cambiemos), recordó el conflicto de Cerro Dragón con la participación de la Gendarmería, que luego sufrieron un gran accidente a lo que el presidente del bloque del PJ-FpV, Javier Touriñan respondió que la Gendarmería actuó en ese caso sobre la ruta nacional 26 y que la policía provincial dentro del Cerro.

Repudio del sector industrial

La diputada Alejandra Marcilla (PJ-FpV), presentó un proyecto de Resolución acompañando el rechazo de las Cámaras que nuclean a las Pequeñas y Medianas Empresas y, de las Cámaras de Comercio e Industria del Chubut, sobre la creación de la Unión Industrial de la Patagonia (UIPA) en la ciudad de Bahía Blanca.
En ese sentido la legisladora indicó que las PyMEs de Chubut desconocieron la representatividad de la Unión Industrial de la Patagonia (UIPA) impulsada por intereses empresarios de la ciudad de Bahía Blanca, “descartamos que los intereses de Chubut y del resto de las provincias que componen la Patagonia puedan ser representados por una entidad que no forma parte geográficamente de la región, ni comparte siquiera problemáticas en común”.

Medicación para abortos

La diputada Estela Hernández (PJ-FpV) presentó un pedido de informes al Ministerio de Salud sobre los motivos por el cual no hay comprimido Misoprostol (Oxaprost) para realizar abortos permitidos por ley en hospitales públicos, “es obligación brindarlos cosa que no sucede”.
También se refirió a las 620 personas que en Chubut reciben medicación para el HIV a través del sistema público de salud, por lo que plantea interrogantes cómo repercutirá en el nuevo presupuesto nacional y si la Provincia contempló dicha situación.

Hoy se reúne el Consejo Consultivo de Servicios Públicos

En la sesión legislativa de este martes, prevalecieron los reclamos ante decisiones del Gobierno Nacional en perjuicio de la región patagónica, con especial énfasis en materia de servicios públicos.
Los diputados Gabriela Dufour y Manuel Pagliaroni integrantes del Consejo Consultivo de Servicios Públicos convocaron para este miércoles las 10:30 horas a su pares para buscar una solución ante la deuda de las prestadoras de servicios con Cammesa, y los problemas de los municipios en las prestaciones.
La ocasión fue propicia para aprobar la fecha de tratamiento, para este jueves del proyecto presentado por las diputadas Gabriela Dufour, Alejandra Marcilla y Estela Hernández, que insta al Congreso Nacional rechazar medidas que afectan en la región y que se encuentran plasmadas en el Presupuesto 2019. En ese sentido manifiestan “la profunda preocupación por los contenidos generales del Proyecto de Ley de Presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo Nacional para el año 2019 rechazando los artículos 125°, 126°, 127° y 128°, reclamando su eliminación”.