En el marco de la polémica generada por el pago retroactivo y en 24 cuotas que los usuarios de gas debían enfrentar desde el 1 de enero, debido a las pérdidas económicas de las empresas por el efecto de la devaluación, concejales madrynenses presentaron un proyecto legislativo para que el Ministerio de Energía deje sin efecto el traslado de tarifas a los usuarios del servicio público de gas natural, ante los costos derivados de la depreciación del peso con respecto al dólar durante los últimos meses. Horas más tarde, el gobierno nacional anunció que la medida quedó sin efecto.
En este sentido, desde el bloque oficialista advirtieron que se trata de una medida “arbitraria” y criticaron el hecho de las pérdidas económicas generadas por las políticas públicas impulsadas por el Gobierno Nacional deban ser reparadas por los usuarios en lugar de las empresas.
También, recordaron el artículo de la Constitución Nacional que permite presentar una acción de amparo, ante la “arbitrariedad” manifiesta” y anticiparon que presentarán un escrito ante el Defensor Público provincial.

En defensa del usuario

En este contexto, el concejal y presidente del bloque, Miguel Antín, opinó que “esta medida es abusiva, arbitraria, excesivamente onerosa y perjudicial sobre todo para los patagónicos, lo que implica un avasallamiento de todas las normas consagradas constitucionalmente”.
Por su parte, la edil Mariela Williams sostuvo que “las políticas nacionales que tienen como consecuencia la devaluación del peso argentino no pueden ser soportadas por los usuarios del servicio” y sentenció que “esto no es no sólo un desatino sino que, además, es inconstitucional”.
También, recordaron que la Constitución Nacional, en su Artículo 43, establece “la acción de amparo frente a todo acto de autoridad pública que en forma actual o inminente lesione, restringa, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta”.

Reclamo extensivo

Por otro lado, los ediles anticiparon que comunicarán al Defensor del Pueblo de la Provincia del Chubut que “el Concejo Deliberante exige la pronta presentación del correspondiente recurso de amparo colectivo ordenando al Ministerio de Energía de Nación se abstenga de trasladar a los usuarios del servicio público de gas natural por redes y gas propano los costos derivados de la devaluación del peso durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre del corriente año, debiendo cumplir sin excepción lo establecido por la Constitución de la Nación Argentina”.
Se trata de un nuevo posicionamiento de cara a las políticas económicas del Gobierno Nacional, las cuales han tenido un evidente impacto en el escenario local y provincial, tanto por los incrementos en las tarifas de los servicios públicos, como así también en la otras medidas como, por ejemplo, la eliminación del Fondo Federal Solidario y la quita de reembolsos por puertos patagónicos.

Aluvión de amparos

Este lunes, el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció al secretario de Energía, Javier Iguacel, por la decisión de obligar a los consumidores a abonar la “recomposición” a las empresas proveedoras de gas por el efecto de la devaluación; además, el funcionario incluyó en su denuncia un pedido para que la Justicia derogue la medida de pago retroactivo.
Seguidamente, comenzaron a realizar acciones de amparo varios sectores de la oposición, así como también ONG y entidades como el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que presentó en los tribunales de La Plata una acción de amparo colectiva contra los montos adicionales que deberán abonarse desde enero de 2019.
Advirtieron la “inconstitucionalidad” y la “nulidad” de la medida impulsada por la Secretaría de Energía, que a través de su titular defendió la decisión días atrás.