Los recurrentes incrementos tarifarios no afectan a todos los sectores sociales por igual, aquellas personas que cuentan con menos recursos deben hacer una erogación porcentualmente mayor para poder pagar sus tarifas. Hoy, quienes viven con el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVN) deben destinar el 23,5% de sus ingresos a pagar tarifas. En tanto, para aquellos que cobran un salario medio, los servicios le significan un 7,2% de sus activos.
Uno de los objetivos principales del Gobierno Nacional cuando asumió a fines de 2015 fue eliminar completamente los subsidios que paga el Estado sobre las tarifas de los servicios de electricidad y de gas. Igualmente, la decisión en un principio fue no hacer el corte de manera abrupta, sino que se optó por el gradualismo, para que el impacto no sea tan fuerte en los bolsillos de los argentinos.
Asimismo, los considerables aumentos que se desarrollaron desde que asumió como presidente Mauricio Macri hasta la actualidad han tenido mayores repercusiones en las clases menos pudientes. De hecho, las subas tarifarias superaron ampliamente al resto de los incrementos, teniendo en cuenta que en los relevamientos captados por el Índice de Precios al consumidor (IPC) desde fines de 2015 hasta la actualidad las ventas minoristas aumentaron un 120,3%.
En contrapartida, el segmento que incluye a los servicios públicos creció un 229,7% respecto a tres años atrás. Así, según un informe elaborado por la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), si las tarifas se mantuvieran constantes, “recién con un alza general de precios del 50% se regresaría a la relación de 2015”.

Impacto en las clases bajas

Este aumento no afecta a todos los sectores sociales por igual, ya que, por cuestiones de lógica, aquellas personas que cuentan con menos recursos económicos deben hacer una erogación porcentualmente mayor para poder pagar sus tarifas. Específicamente, si tenemos en cuenta los aumentos de los últimos tres años, quienes viven con el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVN) deben destinar el 23,5% de sus ingresos a pagar tarifas. En tanto, para aquellos que cobran un salario medio, los servicios le significan un 7,2% de sus activos. Cabe remarcar que en 2015 la realidad era completamente distinta, ya que para el primer grupo el porcentaje significaba un 6,3%, mientras que para los segundos era de un 2,1%.
Al respecto, uno de los justificativos que emitió el Gobierno Nacional para llevar a cabo el “sinceramiento” tarifario era el de reducir el consumo energético producido por los bajos costos que pagaban los consumidores. No obstante ello, las últimas estadísticas oficiales revelaron que la evolución en las cantidades demandadas de energía eléctrica, gas y agua de red, evidencian que son servicios inelásticos y que se consumían de acuerdo a una real necesidad. Debido a esto, las cantidades no se redujeron considerablemente y la demanda se mantuvo constante a lo largo de los últimos tres años, salvo de las variaciones estacionales.

Consecuencias en la economía

Los aumentos tarifarios no sólo tuvieron incidencia directa en el bolsillo de los argentinos, sino que también generaron repercusiones en cuestiones más macroeconómicas, afectando los objetivos planteados por la administración de Mauricio Macri. Puntualmente, una de las metas del Gobierno Nacional era reducir los niveles inflacionarios, pero los incrementos tarifarios hicieron todo lo contrario, ya que al aumentar los servicios básicos suben los costos de producción, que luego se trasladan a los precios finales de los productos que consume la sociedad.
Además, las subas tarifarias tuvieron un impacto negativo en la actividad empresarial, ya que la energía es un componente importante de los costos. “Si las empresas son rentables invierten, demandan trabajo y mueven la rueda del crecimiento”, aseguran desde la UNDAV.

Subsidios por deuda

Otra de las cuestiones criticables en este marco tarifario es que tanto en el Presupuesto de 2018, como en el proyecto de ley para definir los fondos del año que viene por parte de la Casa Rosada, se muestra una clara disminución de los fondos destinados a los subsidios energéticos. Igualmente, estos montos que se ahorrarían a través de estas medidas, son compensados con el incremento de los intereses de la deuda pública que se tomó en los últimos tres años.
Al respecto, el informe de la UNDAV afirma que “de criticar el gasto populista en subsidios económicos que mejoraba la calidad de vida de la gente, se pasó a naturalizar el pago de intereses que hace el Estado al capital financiero que para el presupuesto 2019 superará los 560.000 millones de pesos. La deuda que sustenta los intereses no modificó las condiciones ni la capacidad productiva del país, sino que financió la fuga de divisas”.

Argentina, tercera en la región

Asimismo, la realidad que vivía Argentina en 2015 estaba muy por debajo de lo que sucedía en otros países de la región. Cuando acá se destinaba cerca del 6% del salario para pagar servicios, era el país mejor posicionado del ranking, ya que en el resto se destinaba entre el 9% (Uruguay) y el 26% (Chile).
Con los incrementos desarrollados en los últimos tres años el posicionamiento de Argentina en esta tabla tuvo un cambio radical, y ahora se encuentra en el tercer puesto de los países que más porcentaje del sueldo destinan para pagar las tarifas de energía eléctrica, gas y agua de red. En primer lugar está Venezuela (36,5%), seguido por Chile (24,9%) que mantuvo su posición y en el último escalón del podio se encuentra nuestro país, con un 23,5%.
En cuanto a las subas en los costos de los servicios públicos sobre el salario mínimo, Argentina es el que sufrió una variación positiva más pronunciada, con un 17,5%, seguido por Venezuela (16,5%), Perú (6,5%) y Brasil (5,6%).

Impacto en Chubut

Si bien en Chubut los incrementos tarifarios afectaron a todos los servicios (energía eléctrica, gas y agua de red), el mayor impacto para la región patagónica fue sobre los precios del gas, ya que los aumentos fueron sumamente considerables y las boletas de dicho servicio durante los últimos años han subido sus precios en grandes cantidades.
Tal fue el impacto para la provincia patagónica que desde el Ejecutivo comandado por Mariano Arcioni se presentó un pedido de inconstitucionalidad del aumento del gas ante los juzgados federales de Rawson. Puntualmente, se trató de una acción conjunta entre el Gobierno Provincial y la Defensoría del Pueblo de Chubut.