Durante la última Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, el edil del oficialismo, Enzo Terrera, elevó a consideración de los bloques un proyecto de Comunicación para manifestar a la Cámara de Diputados de la Nación el interés local por el “pronto tratamiento del proyecto de Ley de Empresas de Beneficio e Interés Colectivo (BIC)”, el cual fue presentado en 2016 y que “promueve el desarrollo de empresas sustentables que tengan entre sus fines el cuidado de la problemática social, la preservación del ambiente, así como el diseño de soluciones de mercado innovadoras que atienden objetivos sociales y ambientales”.
Se trata de una iniciativa orientada a las denominadas “sociedades de beneficio de interés colectivo” (BIC), entendiendo que dichas firmas tienen, al menos, tres objetivos que pretenden lograr con la aprobación de la ley; por un lado, otorgar visibilidad a los emprendimientos que, sin dejar de lado su objetivo económico, poseen metas concretas en material social y ambiental.

Qué plantea la iniciativa

La propuesta había sido presentada hace dos años y medio y tuvo tratamiento en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Legislación General; sin embargo, hasta el momento no ha obtenido dictamen favorable para ser posteriormente tratada por Senadores.
En concreto, el proyecto apunta a las empresas que, en sus procesos de producción, generen un “triple impacto” económico, social y ambiental, promoviendo el reconocimiento legal a esta nueva forma jurídica de organización empresarial que recoge la identidad de las llamadas “Empresas B” o “B Corps”; mientras que el propósito de largo plazo es promover el desarrollo de un ecosistema de empresas y emprendedores sustentables que tengan el cuidado y preservación del ambiente entre sus objetivos.

¿Suplantada por las SAS?

Sin embargo, hay quienes advierten que, a partir de la publicación, en abril del año pasado, en el Boletín Oficial de la República Argentina de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, el proyecto de Ley para la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que luego se convirtió en la Ley 27.349, bien podría suplantar a los beneficios propuestos por la Ley BIC.
En este sentido, especialistas plantearon que el régimen de las SAS promueve la desregulación societaria, y que esto permitiría a los socios, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, establecer un sistema de derechos y obligaciones convencionales, el cual esté ajustado a sus necesidades.
Consecuentemente, los inconvenientes que encontraban las sociedades de “triple impacto” en la normativa societaria, podrían de este modo suplirse mediante la redacción de cláusulas estatutarias “ad hoc”, acordadas de manera específica por los socios.
Por ello, con la introducción del nuevo tipo societario SAS, ya se permitiría un alto grado de ejercicio de la autonomía de la voluntad en el caso de las firmas de triple impacto, replanteando si es, efectivamente, necesaria una legislación ad hoc como la Ley BIC.

Municipalidad de Puerto Madryn