La jueza federal María Servini de Cubría delegó en la fiscal Paloma Ochoa la denuncia por presunto «abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público» al secretario de Energía, Javier Iguacel, por disponer una compensanción para las productoras de gas a raíz de la devaluación del peso argentino respecto al dólar.
La jueza lo decidió tras la denuncia que ayer realizara de oficio el fiscal Guillermo Marijuan.
«La resolución contempla un mecanismo de recupero de las diferencias diarias acumuladas correspondientes al período 1 de abril al 30 de septiembre, autorizando a las empresas distribuidioras del servicio de gas al cobro de cuotas durante el lapso de dos años a partir del 1 de enero de 2019», explicó el fiscal.
Para el fiscal, la resolución dictada provoca «un perjuicio al patrimonio de los consumidores».
«De esta manera, mediante el dictado de la resolución se genera una compensación a favor de las empresas contratistas y distribuidoras del servicio de gas incrementado el costo mensual del servicio a usuarios y consumidores», agregó.
En la denuncia hecha por el fiscal, se requirió el dictado de una medida cautelar para suspender el aumento ya que provoca un «perjuicio económico a los usuarios».
Como medida de prueba, el fiscal sugirió requerir toda la documentación en torno al dictado de la resolución que habilitó los aumentos de gas así como citar a declarar al director de jurídicos de la secretaría de Energía.
En su defensa, el Secretario dijo que el aumento «extra» que deberán afrontar los usuarios en el gas «no es una compensación», mientras que atribuyó esa interpretación a la «desinformación» de la expresidenta Cristina Kirchner.