El pasado jueves por la mañana, representantes sindicales de los trabajadores de Food Arts S.A., asistieron a las instalaciones del Concejo Deliberante para reunirse con ediles de los distintos bloques y analizar la situación que atraviesa la planta.
La misma, al no haberse renovado el contrato y al existir una disputa entre los socios propietarios, carece de habilitación municipal, por lo que en plena temporada de pesca, los cien empleados actualmente cobran solamente su salario básico, mientras que la productividad, en ocasiones superior en unas seis o siete veces, no puede ser percibida dado que la planta no se encuentra operativa.
La situación para los trabajadores, según se conoció, es “apremiante”, más aún teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesa la ciudad, con la pérdida de empleos y el cierre de comercios y empresas cada vez más frecuente.

Litigio en el medio

Una de las opciones que habían deslizado en una Nota ingresada al Palacio Legislativo era la de solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, otorgara una Habilitación Provisoria para que la planta pesquera pueda funcionar, al menos desde el mes de noviembre hasta principios de abril, cuando comience y finalice la temporada pesquera, respectivamente.
Sin embargo, el inconveniente que se presentó fue que, por estos días, los propietarios de Food Arts S.A. atraviesan un proceso judicial, por lo cual la intervención, tanto por parte del Municipio como, en su defecto, del Concejo Deliberante para conceder una habilitación provisoria, a favor de una de las partes y contraria al pedido de la otra –que solicitó el desalojo de la planta–, marcaría un peligroso precedente, a partir del cual el Estado estaría interviniendo en un conflicto entre privados para forzar la operación en una planta.

Podría intervenir la Justicia

Sin embargo, la preocupación, tanto en el ámbito municipal como en el de la Casa de las Leyes, continúa latente, teniendo en cuenta que los puestos de trabajo afectados son unos cien y que, según trascendió, la planta estaría en “óptimas condiciones” de seguir trabajando, por lo que su falta de operatividad se debería, exclusivamente, a la disputa entre el grupo de socios.
Finalmente, una de las opciones que se puso sobre la mesa de discusión el pasado jueves fue que el abogado del sindicato que nuclea a los trabajadores de Food Arts S.A., continúe la gestión para la eventual gestión de una medida cautelar, teniendo en cuenta que la Justicia sería el único organismo público habilitado para solicitar la Habilitación provisoria de la planta, basándose en el perjuicio económico que la situación genera en los trabajadores y sus familias.

Más desempleo

Se trata, en definitiva, de una cuestión de Responsabilidad Social Empresaria la planteada en líneas generales, teniendo en cuenta que Puerto Madryn ha sido una de las localidades más perjudicadas en el tiempo, por efecto de las distintas políticas económicas del orden nacional que repercutieron en la actividad industrial; no sólo a partir de la quita del Fondo Federal Solidario y de los Reembolsos por Puertos Patagónicos, sino, también, por la reducción en la actividad de la obra pública, el cierre de comercios y la pronunciada caída en el consumo, que ha generado una incipiente desocupación.
Acaso el ejemplo más evidente de pérdidas masivas de empleo fue el cierre, hace casi dos años, de la planta de Cerámica San Lorenzo, cuyos aproximadamente 120 trabajadores, si bien fueron indemnizados, en gran parte no han podido reinsertarse dentro del mercado laboral regular.