La primera revisión del desempeño económico argentino por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), que habilita tanto el adelanto de fondos como la ampliación del crédito Stand-By original, ha dejado una serie de posiciones relevantes por parte del organismo financiero multilateral. En primer lugar, según el acuerdo revisado, los recursos del Fondo para Argentina para el período 2018-2019 aumentarán en 19 mil millones de dólares. Un total de aproximadamente 56,3 mil millones de dólares se pondrían a disposición durante la duración del programa, que se extenderá hasta 2021. Los desembolsos de fondos para el resto de 2018 serían más del doble en comparación con el programa original: un total de 13,4 mil millones de dólares, además de los 15 mil millones ya desembolsados.
Los desembolsos planificados en 2019 también se duplicaron: alcanzarán los 22.800 millones de dólares estadounidenses, con 5.900 millones de dólares previstos entre 2020 y 2021. La aceleración de las políticas de ajuste es condición necesaria para acceder a los desembolsos, con lo cual se buscará acelerar la convergencia hacia el equilibrio fiscal primario para 2019 (y superávit a partir de 2020), impulsar un cambio de las metas de inflación por metas monetarias cuantitativas de creación mensual cero de base monetaria hasta junio de 2019, más la condición de no bajar la tasa de política monetaria de referencia por debajo del 60% a menos que se registren dos meses de reducción de la tasa de inflación a 12 meses, y permitir revisiones trimestrales periódicas de los funcionarios del FMI para evaluar la evolución de la economía doméstica.
Nuevamente el organismo multilateral, al igual que en un principio la visión oficialista, entiende que la causa de todos los males es el déficit fiscal, confundiendo necesidades de divisas no emitidas por la Argentina con necesidades de pesos emitidas por su Banco Central.

Previsiones del FMI

Siguiendo con esta línea se puede establecer una relación entre el déficit presupuestario con la crisis del balance de pagos. De esta visión distorsionada acerca de los problemas de la economía doméstica parte la receta del Fondo para buscarle una solución al problema de la volatilidad actual. Según un informe de la Universidad de Avellaneda, los condicionantes del Fondo se suman a los nuevos pronósticos que se realizan con respecto a la evolución de las principales variables económicas, las cuales difieren sustantivamente de los realizados meses atrás. Es así que empiezan a ser reconocidas por el propio Fondo Monetario, y por el oficialismo, las perspectivas abiertamente negativas para los próximos años.
Entre otros, se destaca la caída más profunda del Producto Bruto Interno (PBI) para 2018 y 2019 (que la caída estimada en la última proyección), el reconocimiento del problema de la sostenibilidad de la deuda pública que alcanzaría el 81% del PBI en 2018, y las dificultades para conseguir la estabilización de la economía argentina y para aminorar los impactos en las condiciones sociales. Sin embargo, a pesar de esto, las políticas que planea llevar adelante el Fondo Monetario nuevamente parecen estar condenadas al fracaso debido a la similitud con recomendaciones que nos depositaron en la crisis de comienzos de siglo.
En tanto, la estrategia que propone el Fondo Monetario para la Argentina, y que es seguida al pie de la letra por los principales funcionarios de la administración pública nacional, no tiene que ver con un cambio de rumbo ante el evidente fracaso de la política llevada adelante desde diciembre de 2015, sino en la profundización de la misma mediante políticas monetarias y fiscales de corte netamente ortodoxo. Como corolario de lo mencionado, la necesidad de destinar crecientemente una parte del presupuesto al pago de los intereses de la deuda pública.
Debido a esto, en el último tiempo se ha explicitado un crecimiento del peso de los intereses como porcentaje del PBI, pero también como porcentaje del gasto público, que lleva al FMI a proponer la profundización del ajuste fiscal y la convergencia hacia el superávit primario, ya que, desde una perspectiva ortodoxa, esta es la forma de liberar recursos públicos para pagar los servicios de la deuda. Con todo, las políticas que lleva adelante el Fondo junto con el oficialismo implican riesgos sustanciales para la economía doméstica, especialmente para la creación de empleos, el crecimiento y el consumo interno.

Recesión blanqueada

Por otra parte, las nuevas proyecciones realizadas por el Fondo Monetario difieren de las presentadas en la primera etapa de negociación. Esta vez el Fondo reconoce una situación económica significativamente más deteriorada que en aquella ocasión, luego de la devaluación, la pérdida de reservas y de la aceleración inflacionaria.
Es así que las estimaciones del organismo multilateral han pasado de pronosticar un escenario de escaso crecimiento para 2018 (+0,4%), a un panorama de abierta recesión, con una caída de 2,8%, que es incluso mayor que la calculada en el proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en el mes de septiembre (-2,4%). De la misma forma, para el año 2019 la estimación pasó de un leve crecimiento (+1,5%), a una nueva caída (-1,7%), de nuevo mayor que el dato del proyecto de presupuesto (-0,5%). Sin embargo, las estimaciones son aún más negativas cuando se analiza el consumo privado agregado, lo cual es lógico teniendo en cuenta el fuerte golpe que han recibido los ingresos de las clases medias y bajas.
En este punto, el FMI pronostica una caída del consumo privado de 9,9% para 2018 y de 4,6% para 2019. Pero también, lo que se observa es un pronóstico a la baja de la inversión, que caería según el Fondo 7% en 2018 y 9,5% en 2019. Esto es particularmente llamativo en un modelo económico que se pretende esté tirado principalmente por la inversión.

Aumento de deuda pública

Desde la asunción de la actual gestión de gobierno la deuda pública, especialmente la nominada en moneda extranjera, acumuló una escala inédita para la historia argentina. Esto ha sido requerido por el actual modelo económico que requiere creciente cantidad de dólares tanto por el lado comercial como por el lado financiero.
Dada la necesidad de divisas futuras, la posibilidad de acceso a los mercados financieros internacionales es esencial para asegurar los futuros desembolsos para hacer frente al capital y a los intereses de las obligaciones contraídas. Sin embargo, la posibilidad del “roll over” está determinada por el sendero que transite la economía argentina. Es en este punto donde el Fondo Monetario mismo explicita sus dudas acerca de la evolución en el mediano plazo de la economía ya que entiende la dificultad para el país de mostrar en el cortomediano plazo indicadores financieros en proceso de mejora.
Por ejemplo, el Fondo reconoce que “la deuda de Argentina es sostenible, pero no con una alta probabilidad” lo cual representa otra alerta acerca de las inconsistencias del actual programa económico. Los indicadores objetivos que demuestran el agravamiento de las condiciones financieras domésticas tienen que ver, según precisa la UNDAV, con el crecimiento de la deuda pública en relación al PBI, que se estima representará el 81% en 2018, cuando en el acuerdo anterior se estimaba sería de 64,5%. Este indicador podría agravarse significativamente en el caso de un nuevo salto en el tipo de cambio y una caída mayor en el PBI.

Deuda externa

Especialmente llamativo es el proceso de crecimiento de la deuda externa, es decir, de la deuda con no residentes. El indicador Deuda externa/PBI tenía ratios relativamente sustentables en 2015 (la deuda externa representaba el 27,9% del PBI). Sin embargo, con las estimaciones del nuevo acuerdo con el FMI, se proyecta que el ratio pase desde 57,2% en 2018 a 60,6% en 2019, cuando con el acuerdo original se estimaban cifras sustancialmente menores, de 51,3% y 52,6%, para esos años, respectivamente.
Pero por sobre todas las cosas, uno de los hechos que más preocupa es la situación que recibirá la gestión de gobierno que asuma por cuatro años en 2019, teniendo en cuenta que deberá enfrentar no sólo las obligaciones contraídas con privados y con otros organismos financieros internacionales sino la devolución del Acuerdo Stand-By (con una carga financiera importante para los años 2022 y 2023). Con lo cual, el nuevo gobierno deberá, en caso de respetar todos los compromisos con los acreedores, sentarse nuevamente en la mesa de negociación del Fondo Monetario para refinanciar sus obligaciones.

Se prevén reformas en el sistema previsional

Luego de la votación del Proyecto de Presupuesto 2019, se conoció la letra chica del segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entre los puntos salientes, hay una cuestión que no debería ser soslayada y que se relaciona con el sistema de seguridad social argentino. En principio, ya desde la reforma previsional de diciembre de 2017 los jubilados vienen atravesando por una situación de desmejora continua en sus ingresos reales).
Al respecto, del nuevo acuerdo con el FMI se desprenden recomendaciones de ajuste más severos en el sistema previsional. En la carta de intención se habla de “comenzar a evaluar una reforma del sistema de pensiones muy necesaria”. En el acuerdo se indica que a partir de la nacionalización del fondo de pensiones se incrementaron los gastos en jubilación sin que se reporten los ingresos suficientes para solventar los gastos, dejando en evidencia que estas “necesidades” son la reducción de los gastos en haberes jubilatorios.
Asimismo, del acuerdo se deriva que el Ejecutivo podrá usar recursos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para reducir el déficit primario (hasta 0,4% del PBI). Esto equivale a utilizar hasta 57.000 millones de pesos de los recursos del mismo. Según las exposiciones de funcionarios en el Congreso, parte del fondo se utilizará para el pago de la denominada “reparación histórica”.
En un principio, este gasto adicional que benefició a los deciles más altos de los adultos mayores fue financiado con los recursos extraordinarios del blanqueo. Agotados estos recursos, llegó el momento en que se destinarán las ganancias del FGS para el beneficio de los jubilados de mayores ingresos, ajustando el gasto sobre los sectores restantes. Más allá de que existen claros indicios de una probable reforma regresiva sobre el sistema previsional, hay antecedentes concretos y recientes a nivel mundial que apuntan en la misma dirección.
Tras el acuerdo del FMI con el gobierno griego, se le exigió una reforma previsional que llevó a la suba de la edad jubilatoria tanto para varones como para mujeres y que tiene el objetivo de que para 2022 la edad de 67 años sea requerida para la jubilación de ambos sexos. Además, en diciembre de 2016 el mismo Fondo Monetario publicó un documento sobre el estado de situación de Argentina, que contenía 4 recomendaciones en el plano de la seguridad social. Estas eran: cambiar la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 65 años, reducir el haber inicial (bajar la relación entre haber inicial y salario), modificar la fórmula de actualización de los haberes (efectivizado en diciembre de 2017) y transferir programas sociales de la Anses al área de desarrollo social o educación.