Referentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y empleados del Instituto Provincial de la Vivienda con sede en Puerto Madryn, se manifestaron por la situación que atraviesan nueve de los 25 trabajadores del organismo en la ciudad del Golfo, quienes no vienen cobrando su salario mensual en tiempo y forma y a los que se los emplea bajo la modalidad de “contratados”, renovando su función de manera anual.
Sin embargo, según advirtieron desde el gremio, al momento no hay novedades respecto de la renovación de los contratos, por lo que tras finalizar los mismos, en el mes de diciembre, los trabajadores quedarían desempleados.
Se trata de una cuestión que tendría un impacto directo en las obras que se desarrollan en la ciudad, principalmente aquellas bajo la órbita del Programa Nacional de Mejoramiento de Barrios (Pro.Me.Ba.), dado que los empleados en cuestión se desempeñan como inspectores de obras y elaboran informes de carácter sensible para la puesta en marcha de las mismas.

Con riesgo de perder el trabajo

En diálogo con el Diario, el delegado de ATE, Gerardo Garmendia, expuso que “estamos reclamando por el pase a planta de nueve compañeros de la oficina de Puerto Madryn, la cual tiene una totalidad de 25 trabajadores, de los cuales nueve están en serio riesgo de quedarse sin trabajo; hace años vienen peleando por su pase a planta, algunos tienen hasta 9, 10 y 15 años de antigüedad” y describió que “son profesionales que están trabajando en distintos programas dentro de la ciudad, donde ésta los reconoce, en cada uno de los barrios se sabe el trabajo que han hecho, el Instituto los reconoce, y están en una situación de contratados hace años, quien menos tiene son tres años de antigüedad”.

Política de recortes en viviendas

Sin embargo, al momento no hubo respuestas: “Se hicieron distintos reclamos desde hace varios años por el pase a planta, nunca hubo una respuesta. Algunos incluso entraron en la época de Lizurume y todavía están contratados; ahora, desde hace un tiempo que armamos ATE en la oficina (del IPV) de Madryn, estamos pidiendo reuniones con la presidencia y no nos han otorgado ninguna”, sostuvo el delegado, agregando que “hubo tres o cuatro meses en los que los empleados no cobraron sus sueldos, aduciendo que no estaban llegando los fondos de Nación; ello los pone en una situación muy crítica, porque el Gobierno Provincial apoyó el Presupuesto Nacional, el cual ha recortado terriblemente la política de vivienda en la provincia, solamente se aprobaron fondos para sesenta viviendas en Chubut el año que viene, con lo cual la política parecería ser que, mientras el Gobierno Nacional no mande los fondos, nuestros compañeros se van a quedar sin trabajo en diciembre”.

Soluciones para los vecinos

Consultado sobre las condiciones de contratación de los trabajadores y si los mismos están encuadrados en un convenio específico, Garmendia explicó que “en realidad, los contratos siempre fueron provinciales, la mayoría de ellos han trabajado en lo que todo el mundo conoce como Pro.Me.Ba., pero es una parte del trabajo; por ejemplo, los programas Mejor Vivir, que son las intervenciones dentro de los lotes, los que hacen baños, cocinas y demás, los compañeros han trabajado sin estar dentro del marco de lo que supuestamente era el contrato” y remarcó que “nos pareció que eso era importante, ya que más allá del Pro.Me.Ba., que hace las redes y las calles, eso era lo que le daba la solución definitiva a la gente, ya que luego de lo primero hay que entrar en los lotes”.

Miles de beneficiados con viviendas

“Hay compañeros que están como inspectores en las viviendas oficiales, dentro de lo que se denominan ‘planes federales’ y que la gente conoce como los barrios del IPV, y que también están en una situación igual o parecida”, sostuvo el delegado, añadiendo que “la mayoría de ellos trabaja en estos programas, donde la característica de las obras es que hay un trabajo social, ambiental y legal”.
A ello, sumó que “Madryn ha sido un ejemplo a nivel nacional de la cantidad de Pro.Me.Ba. y soluciones habitacionales que se hicieron; el 25 por ciento de la población de la ciudad fue beneficiada con alguno de estos programas, no solamente porque hubo fondos, sino también porque estos mismos compañeros, además de estar trabajando en lo que les tocaba, estaban formulando proyectos para que Madryn tenga nuevas obras”.

Las obras de las 630 están paradas

Al día de hoy, “hay un monto actualizado, el cual si contabilizamos lo que fue el Pro.Me.Ba., supera los 1.100 millones de pesos que vinieron a la ciudad; son programas que traen fondos a la ciudad, que solucionan problemas a los sectores más pobres”, precisó Garmendia, agregando que “en Madryn había focos de hepatitis, por ejemplo, en el barrio Roque González, los cuales han desaparecido con los años a partir de que hay redes de cloacas, baños, agua segura, y son obras muy particulares, no aquellas cerradas y sin gente; son obras con gente adentro”.
Un ejemplo negativo “fue el caso de las 630 Viviendas”, reconoció el referente gremial, quien comentó que “allí comenzamos el año pasado con un trabajo de Nación que tenía un equipo de campo, y a los seis meses nos quedamos sin el equipo; hoy, la obra es solamente una obra física, donde cuesta mucho trabajar ya que la gente está viviendo adentro”.

“Se cortaron todos los talleres”

Sobre esto último, manifestó que “cuando una empresa le rompe todos los pasillos y está un año con los pasillos rotos, eso tiene que ver con que no hay un equipo de campo controlando la empresa, verificando las cosas y trabajando con la comunidad para que esta entienda”.
Además, mencionó que “vamos a hacer un montón de obras físicas, pero esa comunidad no sabe cómo apropiárselas; se nos cortaron todos los talleres que teníamos en las 630, y eso, que aparece prácticamente como una política nacional, vemos que hoy lo está reflejando el Gobierno Provincial”.

Algunos llevan más de 10 años contratados

“En este momento, de los nueve trabajadores, hay tres que hace unos meses, milagrosamente, en vez de pagarles con un contrato, los pasaron a una ‘orden de compra’, es decir que están haciendo trabajos profesionales con una orden de compra”, denunció el dirigente, sumando a ello que “entendemos que es una forma de ir desligando la relación laboral”.
También, detalló: “Son inspectores de obra, específicamente, quienes están cobrando alrededor de 29 mil pesos (por mes) en obras que son de 50 millones, 70 millones, con la responsabilidad que significa controlar a empresas que hacen obras millonarias, con una orden de compra. Hay compañeros ahí que tienen muchos años de antigüedad”.

Sin novedades de la renovación

Por otra parte, Garmendia comentó que “la otra situación son los equipos de campo del Pro.Me.Ba., todo lo que es ‘Mejor Vivir’, que en la misma situación tienen contratos que se renuevan anualmente y, cada vez que llega diciembre, aparecen las dudas respecto de si va a haber o no continuidad” y agregó que “estos mismos equipos, por ejemplo, formularon un nuevo proyecto que está próximo a iniciarse en el barrio Nueva Chubut, pero la información que tenemos es que lo quieren hacer sin equipo de campo”.
Preguntado respecto de si existen indicios sobre la no renovación de los contratos, el delegado reconoció que “los indicios son claros, porque a esta altura del año, siempre estaban en marcha las renovaciones de los contratos, y este año no es así”.

“Trabajan puerta por puerta”

En la misma línea, expresó que “el Gobierno Nacional, en este tipo de programas, tiene una tendencia a ir eliminando equipos de campo, y si bien los contratos siempre son provinciales, por eso el reclamo se lo hacemos al Gobierno Provincial, nuestros compañeros tienen ese derecho porque hace años que los distintos presidentes del IPV y los distintos gobernadores les han firmado estos contratos; sin embargo, vemos una tendencia a que aparezcan los equipos legales, ambientales, sociales, etcétera”.
En el caso de Madryn, enfatizó que “es la ciudad de la provincia que más regularizaciones dominiales, es decir, escrituras, se pudieron hacer en la ciudad, en los barrios más humildes de la ciudad como San Miguel, Pujol, Roque González; esto tiene que ver con compañeras como las que tenemos, abogadas, que van puerta por puerta, casa por casa, para trabajar con la comunidad” y añadió que “cuando trabajamos con eso, la gente no solamente está en una mejor situación, sino que forma parte de la ciudad a partir del pago de sus impuestos; todo este crecimiento que se conoce en Madryn tiene que ver con que estos equipos trabajan en los barrios”.

Pase a planta

Los contratos “son anuales, en este caso se vencen en diciembre, y nosotros creemos que es el momento para que esta situación se termine, y la forma de hacerlo que es que a las promesas del Gobierno del pase a planta de compañeros en los distintos ámbitos de la administración pública, se incorpore a estos nueve trabajadores madrynenses, con eso estaríamos mucho más tranquilos en que no hay que estar renovando el contrato año a año”, explicó Garmendia.
“Hablamos de muy poca cantidad en montos de obras que son millonarias, en un instituto que tiene cientos de empleados, y nosotros estamos hablando de nueve compañeros; suponemos que debe haber casos similares en otros lados de la provincia, y con ATE estamos abocados hoy a lo que sucede en la oficina de Puerto Madryn”, concluyó.

Piden audiencia con Simionati

Por su parte, el secretario general del gremio en la ciudad del Golfo, Roberto Cabeda, sostuvo que “necesitamos respuestas, por lo menos en principio, respecto de lo que planteó el Gobernador de terminar con la precarización, y que eso se cumpla en el IPV, porque éste último es la posibilidad de miles de habitantes, no solo de Madryn sino de la provincia de Chubut, de ver efectivizada la posibilidad de una vivienda; si estos compañeros se caen, hay un doble perjuicio, en principio desde la cuestión laboral, además de que se van destruyendo y socavando los cimientos del IPV, que es la posibilidad de la vivienda de miles de chubutenses”.
Cabeda sostuvo que “esperamos que cumplan y que, de una vez, el presidente del IPV (por Carlos Simionati) abra las puertas del mismo, que está bastante cerrado hasta ahora; es inentendible que, en un lugar tan sensible como éste, cueste tanto hablar con el presidente”.

Municipalidad de Puerto Madryn