Tras una reunión de la que participaron representantes de los Colegios de Abogados de Puerto Madryn, Trelew, Esquel y Comodoro Rivadavia, emitieron un documento en el que expresan su rechazo a la reforma de los Códigos Procesales no penales que propicia el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.
Si bien no es la primera vez que los abogados se expresan en contra de la reforma, en esta oportunidad resulta llamativo porque el debate ya está en marcha, y desde la conformación de la Comisión Interpoderes que trabaja en la Reforma de los Códigos Civil, Comercial, Laboral y de Familia, se han mantenido una serie de reuniones, encuentros y debates, a los que han sido convocados a participar todos los operadores del servicio de justicia, lo que incluye a los abogados de cada una de las circunscripciones de la provincia.

Argumentos de rechazo

“Al carecer la reforma de un diagnóstico de la situación actual del servicio de justicia, del funcionamiento del Poder Judicial y de las falencias que se observan y si corresponden a la desactualización de las normas procesales vigentes, la pretensión de reforma nace viciada desde su origen porque no se advierte qué es lo que se pretende mejorar”, expresaron los presidentes de los Colegios de Abogados de la provincia.
En ese sentido el doctor Sergio Fassio, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Madryn sostiene que el cuestionamiento se basa en que si existe un diagnóstico, “nosotros no lo hemos podido conocer, ni le hemos podido tratar, sobre la problemática que detectó el Superior Tribunal y que motivó esta reforma”.
En la reunión celebrada en la ciudad de Puerto Madryn, de la que participaron la doctora Natacha Legari presidente del Colegio de Comodoro Rivadavia y su vicepresidente, Nicolás Demitriou, los doctores Guillermo Zamora Vicepresidente y Leandro Sechi Tesorero del Colegio de Abogados de Trelew, José María Venancio, presidente del Colegio de Abogados de Esquel y por el Colegio anfitrión estuvo su presidente, Sergio Fassio, el vicepresidente Ricardo Gabilondo y los vocales Marisa Willatowski, Hipólito Giménez y Patricio Castillo Meisen.
“Se percibe que la iniciativa está destinada a aprobar algo novedoso, por el solo hecho de aprobarlo, sin siquiera analizar si la reforma procesal integral es efectivamente necesaria. La pretensión de reforma nace viciada desde su origen porque no se advierte qué es lo que se pretende mejorar y tiene la apariencia de una modificación hecha a la medida de un interés ajeno al objetivo primordial que debería ser la mejora en la prestación del servicio de justicia”, sostienen los letrados.
Respecto del mecanismo participativo propuesto por los integrantes de la Comisión Interpoderes, cuestionaron que “no funciona debidamente”, poniendo de manifiesto que existen “innumerables inconvenientes para acceder y hacer efectivos aportes desde cada una de las localidades, lo que generó cierta apatía en los abogados cuando fueron invitados a participar y efectuar contribuciones en el acotado marco propuesto”.
En ese marco, concluyeron que “la implementación de un nuevo Código Procesal en el contexto actual es improcedente y que toda reforma debe ser paulatina, consensuada y con el presupuesto económico asegurado para su óptimo funcionamiento”.

Difusión pública de Declaraciones Juradas

En otro capítulo de la presentación efectuada ante el Superior Tribunal de Justicia, los Colegios de Abogados de Chubut, reclamaron la necesidad de hacer públicas las declaraciones juradas de bienes de los ministros integrantes del Superior Tribunal de Justicia y de todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
En marco sostienen que “en nuestra provincia la Ley I-231 que regula la ética en la función pública, obliga a todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial a presentar sus declaraciones juradas de bienes ante el Tribunal de Cuentas, estableciendo la publicidad del contenido solo a petición del interesado o en casos muy limitados”.
Los Colegios de Abogados del Chubut entienden que esta legislación “no cumple con los principios y preceptos constitucionales y convencionales de división de poderes y en consecuencia de independencia del Poder Judicial, ni asegura prevenir y detectar incompatibilidades, conflictos de intereses y eventuales enriquecimientos ilícitos por parte de los funcionarios públicos y, fundamentalmente, impide el análisis de la evolución patrimonial de los funcionarios declarantes en el ámbito del Poder Judicial”.
“Tampoco se compadece con la Declaración sobre Gobierno Abierto en la que nuestro país y otros comprometidos con los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y otros instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos y el buen gobierno, asumieron promover acciones en pos de la transparencia, la lucha contra la corrupción y aprovechar el poder de las tecnologías para una gestión más eficiente y eficaz”, concluyeron los representantes de los abogados.

Argumentos de la Reforma

De acuerdo a los argumentos esgrimidos en ocasión de conformarse la Comisión Interpoderes, se expresó que las leyes que rigen actualmente en materia procesal, datan desde hace muchos años, el Código Procesal Civil y Comercial, es incluso anterior a la restitución de la Democracia, e igual ocurre con la Ley de Procedimiento Laboral y la del Procedimiento Administrativo.
Todo esto supone la necesidad de promover legislación que responda al contexto de realidad actual donde existen nuevos parámetros en todo sentido y la resolución de conflictos no es la excepción. Lo que se busca es transferir, en el marco de lo posible, la experiencia del procedimiento penal al civil a través de las oficinas judiciales, es decir oficinas de gestión única, que ya han comenzado a implementarse a través de experiencias piloto.
El objetivo es profundizar aquellos cambios que, como ya ocurrió en materia procesal penal, han impactado favorablemente en los operadores del sistema de justicia y en la sociedad en general.
La reforma se llevará adelante teniendo en cuenta el principio de oralidad, que consiste en que los actos procesales sean realizados mediante audiencias, acortando el plazo de duración de los juicios.
El propósito fundamental es lograr que la Justicia actúe con celeridad, solucionando los conflictos de manera confiable y obteniendo resultados socialmente relevantes, haciendo los procesos más eficientes y eficaces, garantizando la accesibilidad.

Labor de la Comisión Interpoderes

La Comisión Interpoderes que trabaja en la Reforma de los Códigos Civil, Comercial, Laboral y de Familia, mantuvo una serie de reuniones días pasados, donde entre otros temas abordados, se analizaron propuestas normativas presentadas.
El encuentro fue presidido por el doctor Mario Vivas, vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, y participaron el doctor Guillermo Cosentino, secretario Ejecutivo de la Comisión, y los integrantes del grupo coordinador, los doctores Andrés Giacomone, María Marta Nieto, Matías Sotuyo, Sergio Lucero y Jorge Luis Fruchtenicht y el funcionario de la Secretaria de Planificación y Gestión del Superior Tribunal de Justicia, Lic. Francisco Peucelle.
En la oportunidad se confirmó además que el 10 de diciembre próximo se realizará un encuentro entre la Comisión Interpoderes y el Centro de Estudios de la Justicia de las Américas.