La Justicia ordenó la detención de un total de 19 personas que pertenecen, según lo establecido por los investigadores, a una asociación ilícita destinada al tráfico de estupefacientes que operaba comercializando cocaína y que, incluso, recibía hasta motos y autos y camionetas “en buen estado” y sin deudas como pago por los “servicios”.
A su vez, la “banda narco” operaba en las provincias de Río Negro y Santa Cruz; la primera condena fue realizada por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.
El puntapié inicial de la investigación tuvo lugar entre enero de 2011 y abril de 2012, donde fueron registradas y analizadas cientos de conversaciones telefónicas, que habían sido interceptadas desde Villa Regina, provincia de Buenos Aires, hasta Puerto Madryn, Trelew, Rada Tilly, Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia.

Menudeo y kioscos

Las drogas, según se constató, arribaban desde el norte del país y la banda acopiaba, fraccionaba y trasladaba los estupefacientes en el circuito “comercial” que había montado en las mencionadas ciudades.
A raíz de una denuncia anónima radicada en la División Especial de Investigaciones Policiales de Trelew, tuvo origen la causa; la exposición acusó a una pareja de vender estupefacientes en su domicilio de la calle Pedro Derbes al 200, y tras realizar un seguimiento, la Policía detectó que se trata de un “grupo cerrado”, dado que la venta no se realizaba a través de los “pasamanos” (narcomenudeo” o en la vía pública, sino que a través del contacto entre conocidos, para entregarles la droga bajo la modalidad de “delivery”.
Sin embargo, los investigadores observaron que había tráfico de estupefacientes al menudeo y en los denominados “kioscos”, revelando ramificaciones con otros sujetos de frondoso prontuario policial y en otras provincias.

Enterraban la droga

Un dato no menor es que, a partir de filtración de datos dentro del propio ámbito de la investigación, hubo allanamientos frustrados o negativos, ya que los investigados estaban al tanto de que habría operativos en sus domicilios.
A pesar de ello, descubrieron contactos en Cipolletti, General Roca, Las Grutas, Lamarque y Fortín Dragones, provincia de Salta.
De acuerdo al fallo del TOF de la ciudad petrolera, los involucrados en la causa ocultaban la droga enterrándola, depositándola en casa de personas sin antecedentes policiales y moviéndola en vehículos que eran seguidos por otros que detectaban y avisaban los controles policiales.
“Lo verdaderamente sorprendente no fue no hallar estupefacientes o pocos, sino justamente lo contrario, es decir encontrarlos”, señaló el documento.

“Hubo un plan racional”

El grupo “negociaba” con personas de su entorno a partir de arreglos telefónicos y mensajes de texto, motivo por el cual hubo frecuentes cambios de chip en los celulares de los implicados en el caso.
“Hubo un plan racional y encubierto destinado a lograr ganancias en las ciudades patagónicas de su aplicación, incluso en especie, que a veces se derivaron a otros lugares”, escribieron en la condena original los magistrados Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Cabrera.
Los celulares eran descartados luego de ser utilizados, y la droga se guardaba fraccionada para que pudiera ser rápidamente comercializada. El circuito incluyó “sitios de discreción para sus encuentros, cercanos al lugar de expendio, ya que en este tipo de transacciones se abona al contado, aunque la sagacidad de los involucrados admitió el pago en especie, -con vehículos- como la mejor modalidad para pasar desapercibidos y asegurar sus ganancias”. Algunos escondían las sustancias, otros la preparaban para el expendio y el traslado de manera segura, y otros cobraban.

Quiénes fueron condenados

Los condenados fueron, en primer lugar, Néstor “Caíto” Ferraro y Gustavo Colil a dos años de prisión, por “confabulación”; por comercio agravado, César Grosso, Juan “Momia” Almandos Almonacid y Marcelo “Manzanita” Villagra a tres años de prisión y Paola Vázquez, a cuatro años de prisión.
Walter Torres, Martín Sergio Ocampo y Ramón Vicencio recibieron sentencia por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a cuatro años de prisión. Eladio Rojas a cinco años de prisión y Silvia Seguel, 4 años y 6 meses de prisión, ambos por comercio de estupefacientes. Por “comercio agravado” fueron condenados Walter Rodríguez, a siete años de prisión; Beatriz Ulloa a seis años; Hugo Villagra a siete años y el ex agente de Policía, Alejandro Silveira, a seis años de prisión.

Algunos quedarían libres

Además, por “comercio agravado”, en 2017 condenaron a Pablo García, Armando Tombessi y César Siuffi, quienes recibieron seis años de prisión, y a Inés Almandos “La Turca” Almonacid, a seis años y seis meses de prisión.
A su vez, para quienes se cumpla el pedido de detención, descontarán el tiempo que ya permanecieron en prisión preventiva, o bien si sus condenas son bajas, gozarían del beneficio de la libertad condicional.