Como consecuencia del acuerdo paritario que se celebró semanas atrás entre la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Gobierno Nacional, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) publicó un informe en donde criticó duramente este arreglo. Puntualmente, consideraron que el trato se desarrolló “a espaldas y postergando el interés de los trabajadores estatales”. Cabe aclarar también que el documento en cuestión fue elaborado por el Instituto de Estudios sobre Estado y contó con la participación de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Uno de los primeros cuestionamientos esbozados en el texto hace referencia al bono de fin de año impulsado por la administración nacional que encabeza el presidente Mauricio Macri. Al respecto, consideraron que en lo que va del año “los estatales perdieron el equivalente a tres salarios. Por lo tanto, dado que las categorías más pobladas presentan salarios que oscilan entre los 26.000 y 32.000 pesos, el bono para compensar debiera ubicarse entre 77.000 y 93.000 pesos. Es decir que el bono ya acordado por el siempre oficialista Andrés Rodríguez (secretario general de UPCN) representa apenas el 6,4% de lo perdido por los trabajadores”.
Otra de las críticas del informe hizo referencia a que con la otorgación del bono, catalogado como “miserable”, posterga la discusión sobre el aumento salarial que necesitarían los estatales para que su sueldo vuelva a tener los niveles que alcanzaba en diciembre de 2017. Para esto, el incremento debería ser del 22,3% en el último mes del año.

Acuerdo con el FMI

El documento publicado por el IPyPP también hace hincapié en el préstamo otorgado al Gobierno Nacional por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), asegurando que la entidad global avala una “receta de recorte social y recisión”. Además, afirmaron que la misma se lleva a cabo “con la excusa de intentar superar las limitaciones de la economía argentina y se completa con un manotazo al bolsillo de quienes dedican su trabajo a la función pública”.
Específicamente, el texto precisó que el acurdo con el FMI firmado hace algunos meses avaló la decisión de establecer un techo en el gasto público para el pago de salarios del orden del 2,7% del Producto Bruto Interno (PBI), cuando actualmente el mismo se ubica cerca del 3,2%, lo que implicaría un recorte del 0,5%.
Al respecto sostuvieron que “los efectos de esta exigencia ya se vienen haciendo visibles a través de despidos masivos. En esta misma línea, uno de los últimos informes publicado por la Secretaría de Trabajo de la Nación estableció que “desde el primer semestre de 2016 al 2018 la reducción de la cantidad de ocupados en el Poder Ejecutivo Nacional fue de 22.732, de los cuales 8.247 puestos se verificaron en el último año, destacándose la caída en la Administración Pública Central con 3.839 puestos menos.

Pérdida de poder adquisitivo

Entre todas las críticas esbozadas en el texto también se plantean soluciones alternativas a la situación adversa que están atravesando los empleados estatales actualmente. Puntualmente, sugieren que abordar la discusión salarial requiere de dos cuestiones que deben tratarse por separado. Por un lado, la determinación de un bono de fin de año, o cualquier forma de pago por única vez, que compense los meses acumulados de pérdida, que como ya se aclaró anteriormente debería ser de entre 77.000 y 93.000 pesos. Por otra parte, exigieron la rápida reapertura de la paritaria del año 2018, con el objetivo de revertir el retraso salarial.
Respecto a la presunta recuperación a través del bono del poder de compra perdido durante el año 2018, el IPyPP consideró que el mismo “debe ser equivalente a tres veces el valor del salario”. “Frente a la discusión de un bono de sólo 5.000 pesos que pretende sepultar todo intento de compensación de la vertiginosa caída del salario acumulada durante los últimos meses, presentamos una estimación de un monto de ingresos que permitiría devolverle lo que efectivamente han perdido los trabajadores de la Administración Pública Nacional durante el corriente año”, precisaron.
Además, afirmaron que todos los meses del corriente año el salario evolucionó por debajo de la inflación, generando un pasivo a favor de los trabajadores, inclusive durante los meses en los que se efectivizó el incremento del 15%, conforme a la inflación acumulada.

Pedido de paritarias

En cuanto a la recuperación del nivel salarial para recuperar el poder adquisitivo del año anterior, el aumento debería ser del 22,3% a pagar en el próximo mes y de una sola vez. Específicamente, el salario de los trabajadores del Estado Nacional acumula una pérdida del poder adquisitivo cercana al 26,3% desde el 2015, como resultado de una inflación acumulada del 157% que estuvo por encima de la actualización salarial del 89,5%. “Analizando el derrotero de esta caída salarial, se observa que durante el año 2018 se produce el retroceso más importante con un descenso salarial del 18,3%”, remarcaron desde la entidad.
Por lo tanto, enfatizaron que “si el real objetivo de la paritaria consiste en recuperar el poder adquisitivo del año pasado, conforme al salto verificado en la segunda parte del corriente año que llevó a que la pauta inflacionaria rozara el 50%, el aumento salarial para los estatales nacionales debería ser equivalente (del 47,4% concretamente)”.
Es decir, que luego del 15% acordado sería necesario, en este marco, reabrir la discusión salarial con el objetivo de incorporar un nuevo aumento del 22,3% para sostener el poder de compra de hace un año atrás. En vistas de esta magnitud estimada, “resulta evidente el carácter insuficiente del arreglo del 10% que se pretende llevar adelante de manera desglosada y postergada a Enero y Febrero del año que viene”.
Si, en cambio, el objetivo estaría dado en recuperar el salario previo existente a la llegada del gobierno de Cambiemos, entonces el aumento adicional (luego del 15% efecto) a reclamar es del 35,6%.

Gobierno de Chubut