El gobernador Mariano Arcioni vetó el proyecto de ley mediante el cual se incrementaba anualmente el monto de la Tarjeta Social en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente”, y que se había sancionado en la Legislatura el pasado 8 de noviembre.
El proyecto de ley que fue presentado por la diputada Estela Hernández (PJ-FpV), y votado por unanimidad, promoviendo el incremento anual del monto de la Tarjeta Social, según la variación de la Canasta Básica Alimentaria, tomando como base el mes de enero del año anterior respeto del mes de enero del año de actualización, publicado por el INDEC.
Además para los beneficiarios con patología en celiaquía se incrementaría el monto de la Tarjeta Social en un 10% más.

Argumentos del veto

Mediante Decreto 1122/18, el gobernador Mariano Arcioni veta la ley argumentando que, desde el año 2004 en Chubut ya se implementaban políticas de alimentación de manera conjunta con Nación, y con ello la denominada Tarjeta Social con motivo del Convenio Complementario Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente”.
Asimismo se indica que desde entonces la provincia suscribe con la Nación convenios de ejecución a los efectos de financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria, donde se establezcan en las distintas cláusulas las trasferencias desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación al Ministerio de la Familia y Promoción Social como órgano de aplicación, estableciéndose las cantidades de beneficiarios como asimismo los montos que cada organismo debe aportar.
En otro de los fundamentos advierte que, si bien desde el Ejecutivo provincial se han determinado a lo largo de estos años incrementos en el monto que desde la provincia se aportan a los beneficiarios de la Tarjeta Social, ha sido siempre con la intervención del Ministerio de Economía y Crédito Público, dependencia con competencia para el manejo del presupuesto. Por lo tanto, se entiende que, no darle la intervención al Ministerio de Economía, el instrumento carece de legalidad e implica un avasallamiento al sistema democrático de gobierno.

Malestar legislativo

Al tomar conocimiento de la decisión del Gobernador, la diputada Estela Hernández, autora de la iniciativa en cuestión, tildó el veto de “vergonzoso”, al remarcar que el aporte que actualmente realiza el Ejecutivo Nacional destinado a la compra de alimentos es del 22% de la Tarjeta Social de $ 650 y 17% sobre $ 806 para personas con celiaquía, por lo que aporta en el primer caso $ 143 y en el segundo $ 137.
En opinión de Hernández esa ayuda “no representa ni garantiza la solución al grave problema que es la alimentación en los sectores más vulnerables, y lejos está la pobreza cero, como muchas veces lo escuchamos como promesa de campaña al presidente de la Nación. La realidad nos muestra de manera cruda que la gente no puede de ninguna manera afrontar los costos económicos que hoy tiene que solventar una canasta básica de alimentos”.
La diputada provincial expresó que era necesario realizar gestiones a corto plazo para que el Estado Nacional tomara intervención sobre esta situación, “la cual vemos con mucha inequidad”, por eso consideré necesario que “se articulen las medidas con el objetivo de que se incrementen los porcentajes en la Tarjeta Social”.