Semanas atrás el Congreso de la Nación aprobó el Presupuesto presentado desde Casa Rosada de cara al año que viene. Al respecto, un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) hizo referencia a esta situación y explica que, de acuerdo a las previsiones de dicho proyecto, el corriente año cerraría con un déficit primario equivalente al 2,6% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que para 2019 el Gobierno nacional tiene previsto alcanzar el equilibrio primario.
No obstante, dicho nivel de déficit nacional, de no llevarse a cabo ningún cambio en 2019, se hubiera visto incrementado de manera “inercial” por dos razones: en primer lugar hay que tener en cuenta que diversas situaciones preestablecidas reducirían los ingresos que quedan en manos del sector público nacional durante 2019, como podría ser la continuidad del aumento de la precoparticipación a provincias, los arreglos del Consenso Fiscal y los efectos de la reforma tributaria puesta en marcha en el corriente año. De no sufrir alteraciones, empeorarían los ingresos en 0,44 puntos porcentuales del PBI.
Por otro lado, el gasto en jubilaciones y pensiones contributivas y asignaciones familiares, que se ajustan por la fórmula de movilidad legislada, obtendrá el año que viene una mejora que implicará un incremento en el gasto nacional equivalente a 0,20 p.p. del PIB. Entonces, el ajuste necesario para alcanzar el equilibrio en 2019 requerirá de un esfuerzo de 3,24 p.p. del PIB (los 2,60 p.p. originales más los 0,64p.p. de empeoramiento mencionados).

Posibles alternativas

Frente a esta situación, las vías posibles para lograr el déficit primario cero a nivel nacional constan tanto de reducciones en el gasto público primario como de incremento de ingresos públicos.
Sin embargo, para que el debate fiscal sea completo e integral, debieran considerarse también los impactos que se producen en los ingresos y gastos del nivel provincial, pues su comportamiento requiere ser incluido si se pretende llevar a cabo un análisis de los efectos de la política económica “del gobierno” sobre la economía. En este caso, se incluyen las provincias, lo que da lugar a la consideración del consolidado fiscal Nación más las provincias.

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Ajustes necesarios

Siguiendo el análisis del documento emitido por el IARAF, por el lado de los ingresos, el Gobierno Nacional prevé hacer un recorte en la reforma tributaria, que conllevará a que el sector público no pierda parte de los recursos que estaban previstos que queden en el sector privado durante el año próximo. Esta medida hará que la presión tributaria no baje durante 2019, como estaba previsto que suceda en el espíritu de la reforma tributaria.
Entre los aspectos de la reforma afectados se encuentran los que repercuten en la recaudación de diferentes impuestos. Es el caso del impuesto a las ganancias, como la suspensión del incremento del porcentaje del impuesto al cheque como pago a cuenta de ganancias, o la no aplicación en 2018 del ajuste de ganancias por inflación.
Por otra parte, se mantiene también una reducción en los reintegros a la exportación que generarán una mayor recaudación de IVA. En conjunto, todos estos cambios mencionados generarían que la recaudación en manos del sector público nacional aumente 0,34 p.p. del PBI.
Complementando esta dinámica en el aumento de ingresos, para cerrar la brecha del déficit primario mencionado, el Gobierno Nacional planea llevar a cabo una reducción del gasto público por el equivalente a 1,26 p.p. del PBI, según la última modificación al proyecto aprobado por el Congreso de la Nación.

Influencia en las provincias

Una parte de esta reducción de gasto (0,61 p.p. del PIB) puede denominarse como “exclusiva” en rubros del nivel nacional, mientras que 0,65 p.p. del PIB corresponden a gastos que tienen impacto sobre las provincias de manera directa (transferencias corrientes y de capital a provincias) o indirecta (eliminación de subsidios económicos que pasarían a ser afrontados por las provincias).
El resultado de los cambios introducidos al proyecto original en la Cámara de Diputados implica, por la modificación dispar en ingresos y gastos, que queda por cubrirse una brecha de 0,14 p.p. del PIB para alcanzar el objetivo de equilibrio primario, situación que se asume que se cerrará mediante la obtención de ingresos de alguna de las formas en que el sector público se hace de los mismos, esto es, mediante otros ingresos tributarios o endeudamiento (impuestos a futuro).
En este contexto, por el lado del nivel provincial, se considera la posibilidad de la suspensión del punto del Consenso fiscal por medio del cual las provincias mantendrían una reducción en el impuesto a los sellos, por lo que las mismas obtendrían un incremento de 0,1 p.p. del PIB en comparación con la situación original.
Esto, sumado a los cambios mencionados anteriormente en impuestos coparticipables como ganancias, cheque (vía su impacto en ganancias), IVA y bienes personales, que dejarían en las arcas provinciales ingresos extra por 0,36 p.p. del PIB, daría al nivel provincial de gobierno ingresos tributarios adicionales equivalentes a 0,46 p.p. del PIB.

Alternativas de las provincias

Teniendo en cuenta esto, el efecto del ajuste del gasto nacional sobre el gasto consolidado dependerá de qué posición tomen las provincias respecto, precisamente, a los 0,65p.p. de reducción de gasto nacional que las afecta.
Una alternativa consiste en que las provincias decidan cubrir el ajuste del gasto nacional sólo en una medida equivalente al aumento sus ingresos. Dado que se estima que según los cambios considerados aquí, sus ingresos aumentarían 0,46 p.p. del PIB, tendrían por ejemplo la posibilidad de mantener la mayor parte de la política de subsidios económicos que antes llevaba la nación (0,34 p.p. del PIB) y cubrir 0,12 p.p. del PIB en gastos que antes se financiaban con transferencias corrientes y de capital. Así, como sus ingresos y gastos aumentarían en la misma cuantía, lograrían mantener el déficit primario previo al presupuesto 2019.
Otra alternativa posible consiste en que las provincias cubran todo el recorte del gasto nacional que las afecta, es decir, que aumenten su propio gasto exactamente en la misma magnitud que el gobierno nacional las impacta (0,65 p.p. del PIB), con lo cual en este rubro el gasto consolidado no cambia. En este caso, el gasto consolidado bajaría solamente 0,61 p.p. del PIB, es decir sólo baja el gasto que se denominó exclusivo de la Nación.