Todo tiene su internismo en tiempo de cambios nunca terminados. Y la Corte Suprema de Justicia también los tiene. Esto va quedando en evidencia por el modo en que se pronuncian no solo en sus fallos, sino también en sus declaraciones, los magistrados. Recientemente ante el matutino La Nación, el actual presidente de la Corte admitió que el país “de algún modo perdió la fe en el derecho y en el Poder Judicial” y eso repercutía en la reputación de este último, aunque hizo hincapié en que no era tan baja la reputación cuando los consultados eran los operadores del sistema. Por eso, diagnosticó Rosenkrantz, existe también un problema de comunicación. “Hay muchas cosas que podrían haber sido explicadas mejor”, confesó.

En ese sentido, se pronunció sobre el pago del impuesto a las ganancias por parte de los magistrados. Rosenkrantz dijo que la sociedad entiende que la exención de ese tributo “es un privilegio” pero de lo que se trata de resolver es cómo hacer para que los jueces paguen ganancias “sin que su sueldo de bolsillo se vea reducido”. En ese sentido, precisó: “La pregunta es cuál es el juez que usted quiere, cuál es el salario referente para determinar cuánto tiene que ganar; cuál es el mercado de referencia que tienen esos jueces; que es el mercado de la abogacía”, se interrogó.
En esa oportunidad, Rosenkrantz se mostró a favor de la Ley del Arrepentido. “Sino es difícil romper la solidaridad que está en la base de cualquier organización criminal”, y planteó sus críticas al uso excesivo de la prisión preventiva. Para el titular de la Corte hay que resolver siempre con las constancias de la causa y que la prisión preventiva no debe ser nunca una forma “encubierta” de que el Estado castigue a quien está sometido a un proceso, incluso en caso de condenados por delitos de lesa humanidad, ya que la ley “no establece distinciones”, y debe ser aplicada “con principios neutrales”.
En esa oportunidad, se manifestó sobre la resolución de causas “conforme a derecho” que fue una definición constante de Rosenkrantz. En su primer discurso en el marco de la reunión del J 20 llamó a “respetar las reglas” y en el reportaje lo reafirmó. Sostuvo que cuando tuvo que fallar en el caso “Muiña” aplicando la ley del “2×1” a un condenado por delitos de lesa humanidad lo resolvió “mirando los hechos del caso y las normas aplicables” y que decidió el conflicto “sin mirar a la tribuna”. Ese fallo provocó una ola de indignación que le valió a los supremos Rosenkrantz, Rosatti y Elena Highton de Nolasco una multitudinaria convocatoria en repudio a su decisión y el pedido de juicio político, pero el presidente de la Corte no se arrepintió de lo resuelto, ya que reiteró que no juró como magistrado por sus emociones, sino “por la Constitución y las leyes”

Revés supremo

Ayer, la Corte Suprema de Justicia confirmó los pronósticos y rechazó la aplicación del beneficio del 2×1 para represores condenados por delitos de lesa humanidad, en una decisión que contradijo las certezas de Carlos Rosenkrantz que quedó otra vez en minoría.
La votación dejó en evidencia que el presidente de la Corte no tiene un bloque consolidado de apoyo. Esta vez ni siquiera lo acompañó Elena Highton de Nolasco, que votó a favor de rechazar el 2×1 a represores junto a Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Y el fallo es en rigor, un reemplazo del que la misma Corte emitió en 2017 en favor del represor Luis Muiña, sobre el que el presidente se había pronunciado. Luego de una fuerte movilización popular y un amplio rechazo de todo el arco político, el Congreso tomó nota y aprobó una ley que canceló el beneficio para los condenados por delitos de lesa humanidad.

Nuevos fundamentos

Ahora, los jueces le dieron validez a esa ley en base el caso Rufino Batalla, condenado a 12 años de prisión por su participación en el centro clandestino La Cacha, quien luego de la resolución que benefició a Muiña también reclamó que se le computara el 2×1 para salir de prisión.
Rosatti consideró «interpretativa» (y por ende constitucional) la ley 27.362 sancionada por el Congreso, explicaron fuentes judiciales a LPO. En tanto, Rosenkrantz la consideró inconstitucional.
El año pasado, el fallo del 2×1 salió con los votos de Rosenkrantz, Rosatti y Highton, mientras que Lorenzetti (en ese momento presidente del tribunal) y Maqueda lo rechazaron. «Otro fallo del 2×1 podría generar un fuerte rechazo social», había reconocido semanas atrás Rosatti, adelantando que modificaría su postura y por lo tanto el fallo era un hecho.

Cambió el escenario

La sorpresa la dio este martes Highton (adhirió al voto de Rosatti) que dejó en soledad a Rosenkrantz, el cerebro del polémico fallo del 3 de mayo del 2017. El presidente de la Corte tenía hasta ahora a la jueza como su única aliada fija en el tribunal, pero la vice dio una muestra de autonomía que habrá que ver qué impacto tiene a futuro.
Rosenkrantz ya había sufrido una derrota el mes pasado cuando Rosatti, Lorenzetti y Maqueda votaron un fallo que obliga al gobierno nacional a devolver fondos de coparticipación a La Pampa, justo el mismo día que el presidente del tribunal y Highton almorzaban en la Casa Rosada con Mauricio Macri y Marcos Peña.
También el mes pasado, el trío de jueces le impuso a Rosenkrantz un listado de fallos incómodo para el Gobierno, con el que mantiene un vínculo cercano. En la misma reunión, le cuestionaron a Rosenkrantz la polémica decisión de contratar al subprocurador del Tesoro para manejar la comunicación del máximo tribunal, en una maniobra que le atribuyen a Fabián «Pepín» Rodríguez Simón.

La Justicia no tiene ´pax´

El juez federal Sergio Torres ordenó la indagatoria y detención de su par de Corrientes, el juez federal Carlos Vicente Soto Dávila. El magistrado está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que encubrió a narcotraficantes que operaban en esa ciudad, desde donde transportaban grandes cantidades de marihuana para distribuir en Capital Federal y varias provincias.
Además dispuso la detención de los dos secretarios del magistrado, Pablo Molina y Federico Grau, y de cinco abogados, uno de los cuales ya está detenido desde hace días, en una causa impulsada junto al fiscal Carlos Stornelli y al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias. Los dos secretarios están suspendidos desde hace tiempo y serán indagados a partir del próximo jueves.
Esta investigación está vinculada a otra causa de narcotráfico por la que está detenido desde hace meses el Intendente de Itatí, Natividad Terán y su vice Fabio Aquino, además de gendarmes, policías federales y provinciales, en un caso que va camino al juicio oral. El modus operandi que se investiga era el siguiente: los narcos ingresaban marihuana desde Paraguay por balsas en el Río Paraná y, una vez en Corrientes, la distribuían hacia Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.
Soto Dávila quedó comprometido en la causa a partir de la declaración de uno de los arrepentidos, que confesó que le pagaba grandes sumas de plata para ser encubierto, sumado a escuchas telefónicas de su entorno que lo involucraron. Se investigan al menos una decena de pagos de coimas al magistrado, a cambio de protección.
Como dijera el representante del Servicio de Orientación Legal de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Gregorio Badeni, a propósito de las “culpas” del periodismo sobre la reputación de uno de los poderes del Estado como el judicial, la labor de la comunicación es apenas un espejo donde se refleja parte de la realidad, ni más ni menos. «La mayoría de nuestros jueces no son descalificados por la prensa». «El aire puro no es noticia, sí el contaminado, y es deber de la prensa hacer conocer el hecho para que se proceda a su reparación», concluyó Badeni en un juicio descargo en nombre de ADEPA a una fuerte acusación vinculada al ejercicio del periodismo.

Fuentes: Diario Judicial, NA, La Nación, ADEPA.