El mismo día 29 de noviembre en el que el Concejo Deliberante aprobó la habilitación temporal de la planta de Food Arts, la firma propietaria de la planta, Ipesur S.A., ingresó una nota a través de su representante, el abogado Ricardo Gabilondo, en la que remarcó que la empresa “no tiene intención alguna de perjudicar a ningún trabajador ni alterar la paz social” en la ciudad del Golfo.
El conflicto entre las partes estaría lejos de resolverse; Pescart S.A., Food Arts S.A. e Ipesur S.A. son las tres firmas que emplean a unos 110 trabajadores en Madryn, y que tras una desavenencia entre las mismas, la última comunicó su decisión de no renovar el contrato para la utilización de la planta, hecho que ocurrió en 2016; para marzo del año siguiente, la misma continuaba funcionando y, luego de que fuera enviada la orden de clausura, ello puso en vilo a los empleados, que no pudieron ser convocados a la zafra de langostino y, consecuentemente, percibían solamente sus salarios básicos, sin el adicional por productividad, además de la incertidumbre de no saber qué sucedería con los puestos laborales una vez que la sociedad se disolviera.

Ocupación “ilegítima”

A través de la nota enviada a los ediles, que luego aprobaron por mayoría la habilitación temporal, el apoderado de la firma Ipesur S.A., cuyo propietario reside en Italia, remarcó que la empresa “no tiene intención de generar ningún tipo de conflicto con los trabajadores, ni que se pongan en peligro sus fuentes laborales”.
A ello, sumó que “la totalidad de las presentaciones de Ipesur se han encaminado desde siempre a resguardar el patrimonio de la empresa, ante el poder ilegítimo y dañoso de parte de la conducción de la firma Food Arts S.A., empresa que se encuentra ocupando ilegítimamente el establecimiento propiedad de Ipesur S.A., y respecto del cual inclusive han llevado a cabo obras de demolición sin permiso alguno”.

Contra el “derecho de propiedad”

Sobre este punto, el apoderado expuso que “consideramos que el conflicto que actualmente se ha desatado por la falta de asignación de tareas al personal dependiente de Food Arts S.A. y la amenaza de la pérdida de fuentes de trabajo tiene un único responsable y ese es la dirección de la firma Food Arts S.A.”, añadiendo que “la pretensión de dictar una Ordenanza que excepcione a Food Arts de contar con un contrato de locación suscripto por el titular del inmueble, o bien una autorización de uso por un plazo determinado, implica lisa y llanamente atacar el derecho de propiedad de Ipesur S.A. y consagrar un gravísimo error inconstitucional al sentar un precedente por el cual, en el futuro, cualquier empresario al margen de la ley puede poner a las fuentes de trabajo como prenda de cambio para obtener beneficios ilegítimos”.

Anticipan acciones judiciales

Ya desde que estuviera por aprobarse la habilitación, Ipesur advirtió al cuerpo de legisladores locales que “de dictarse una norma de semejante tenor, Ipesur S.A. se verá en la obligación de concurrir a los estrados judiciales a plantear la inaplicabilidad de la misma, demandando asimismo el resarcimiento económico que por derecho corresponda a quienes sean legalmente responsables de semejante atropello al derecho de propiedad”, puntualizando que “a pesar de las declaraciones públicas de diferentes sectores que quieren poner a Ipesur en el rol de villano de lo que acontece, perjudicando a los trabajadores, cierto es que (la empresa) lejos está de cumplir dicha función”.

Cuál fue la propuesta inicial

La propuesta inicial que Ipesur había formulado consistía en cuatro ítems, el primero de ellos implicando que Food Arts “se allane a la demanda de desalojo en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 55, suscribiendo un convenio de desocupación de la planta para restituir la misma a Ipesur S.A.”.
En segundo orden, se instaba a que “se desista la totalidad de las demandas en trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de Puerto Madryn iniciadas contra Ipesur S.A. y sus directivos”, la cual consta de cuatro expedientes, todos de la firma Pescart S.A. contra Ipesur, los dos primeros declarando nula una asamblea, el tercero por “impugnación de decisión de directorio” y el cuarto por “disolución de sociedad”.
En tercer orden, se pidió que Food Arts “afronte las obras necesarias para recomponer el inmueble de Ipesur al estado en el cual se encontraba originalmente, reconstruyendo las estructuras que fueron demolidas en el transcurso del año 2018”.
Finalmente, el cuarto ítem solicitó “que los directivos de Food Arts S.A. retiren la o las denuncias penales oportunamente radicadas en la Justicia Penal de la Ciudad de Buenos Aires contra el señor presidente de Ipesur S.A., señor Francisco Lissi”.

Municipalidad de Puerto Madryn