En medio de la polémica, la nueva reglamentación para el uso policial de armas dispuesta por el Gobierno generó diferencias en Cambiemos y respuestas dispares en las provincias, ya que las administraciones de María Eugenia Vidal, Gerardo Morales y Gustavo Valdés adelantaron que por el momento no aplicarán las modificaciones en sus territorios. El protocolo que lanzó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con aval del presidente Mauricio Macri, despertó el inmediato rechazo de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la desconfianza en algunos referentes de Cambiemos, que prefirieron tomar distancia de la medida, que habilita a las fuerzas federales de seguridad a disparar sin necesidad de dar la voz de alto o de responder una agresión armada. Vidal no tiene previsto en el corto plazo sumarse a la medida, porque considera que “no es el momento”. El Ministerio de Seguridad que comanda Cristian Ritondo entiende que “no todas las policías son iguales” y que el gobierno nacional “considera que debe unificar el criterio de acción de las fuerzas federales”, por eso dicta el protocolo. Sin embargo, la Provincia estima que “antes de redefinir su marco de actuación”, la Bonaerense debe terminar con el “proceso de reforma profunda e integral” que se inició con la llegada de Vidal a la Gobernación. “Creemos que ahora no es el momento. Pretendemos seguir profundizando el camino que nos trazamos para tener una mejor Policía”, aseguraron fuentes de la administración provincial. También el ministro de Seguridad jujeño, Ekel Meyer, confirmó que “por el momento” la provincia que gobierna el radical Morales “no necesita adherir” al nuevo protocolo nacional. “Hoy (por ayer) comencé la reunión hablando de la resolución 956/18 dictada por la ministra Patricia Bullrich. Yo tengo una opinión formada sobre este tema y quería escuchar las opiniones de jefes de la Policía, que tienen muchos años de servicio y todos coincidimos en que hay distritos donde se puede llevar adelante esta medida. Nosotros creemos que no estamos a la altura de Buenos Aires ni Rosario a nivel delictivo”, aseguró Meyer. En declaraciones al diario El Tribuno de Jujuy, el funcionario provincial explicó que “la aplicación” del protocolo dictado por la Nación “en Jujuy en estos momentos no es necesaria”. “Uno de los jefes de Policía (provincial) dijo que tenemos los cuerpos altamente preparados para el manejo de armas y son ellos los que actúan en casos de extrema necesidad. Pero no así la comunidad de la totalidad del cuerpo policial, que tiene una actitud preventiva de manejo de calle pero sin el accionar de manejo de armas”, explicó Meyer. Del mismo modo, en Corrientes -donde gobierna el radical Gustavo Valdés- tampoco planean plegarse al protocolo: el ministro de seguridad provincial, Juan José López Desimoni, confirmó que evaluarán la reglamentación nacional sobre el uso de armas de fuego, pero remarcó que su cartera se enfoca en la “profesionalización” de los agentes y mejorar la infraestructura, como la Escuela de Cadetes. “Podemos adherirnos a la reglamentación, hacer una adaptación, o una totalmente distinta que se relacione a nuestras necesidades, pero no tenemos la obligación de hacerlo y tampoco es una prioridad”, afirmó en declaraciones a El Litoral. Al argumentar su postura, el funcionario expuso que la resolución nacional apunta a resolver “la realidad que se vive en Buenos Aires”, destacando que “porcentualmente los homicidios en Corrientes tienen menos del 1%, mientras que la media nacional es de 5%” (calculando un asesinato cada 100 mil habitantes). En tanto, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró que el protocolo está “dentro de lo que establece” la ley, ya que “el estado de derecho presupone que el monopolio del uso de la fuerza la tiene que tener el Estado”, aunque cuestionó la existencia de “algunos grises”. “El reglamento planteado puede tener algún gris, particularmente en la cuestión de la fuga, estaría bueno precisarlo como así también lo de peligro inminente. El resto del protocolo está dentro del marco de la ley vigente en la Argentina”, manifestó Urtubey. El primer distrito que expresó su intención de adherir fue la Ciudad de Buenos Aires, aunque una resolución judicial instó ayer al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a abstenerse de aplicarlo por considerarlo “inconstitucional”. “La Ciudad va adherir al protocolo. Trabajamos muy bien en equipo con la seguridad nacional, somos un solo equipo”, resaltó el mandatario porteño, quien también adelantó que buscará regular el uso de armas no letales.

Fuente: Diario Popular