El Gobierno de Río Negro quiere ampliar el destino de los 4 millones de hectáreas de tierras fiscales que existen en la provincia e incluir a la minería, la industria energética, turística y tecnológica como actividades a desarrollar allí, informó esta semana el diario Río Negro.
Según dio a conocer la publicación periodística, el Código de Tierras Fiscales rige en Río Negro desde hace 57 años. Las modificaciones parciales de artículos y reglamentos fueron constantes en estas décadas. Y en 2016 el Gobierno intentó una reforma profunda pero nunca avanzó en el trámite legislativo y caducó su vigencia.
Ahora el ministro de Gobierno de la Provincia patagónica, Luis Di Giácomo, desempolvó el borrador y, hace dos semanas, ante las autoridades del Parlamento Mapuche y del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci) anunció la intención de promover una nueva reforma en la política de tierras fiscales.

Tierras rurales

El principal cambio radica, según el diario Río Negro, en la concepción del destino de la tierra rural que con las modificaciones “podrá destinarse a la producción agrícola, pastoril o ganadera, forestal, energética, minera, turística, industrial, tecnológica, mixta u otra económicamente rentable”, indica el artículo 16 del proyecto.
Aunque desde el Parlamento Mapuche se objetó la iniciativa, el ministro Di Giácomo aseguró que el proyecto “se puso sobre la mesa para discutir” y que la intención del Gobierno es que se trate el año que viene. “El Ejecutivo entiende que hay que abordar estos temas. Pretendemos la regularización de situaciones reales, no hablamos de salir a vender la tierra”, afirmó.
El proyecto impulsa mecanismos de adjudicación para otorgar títulos de propiedad a pobladores asentados en tierras rurales fiscales y en comisiones de fomento antes del 31 de diciembre de 2017.

Desarrollo y producción

Según la propuesta, la política de regularización de tierras fiscales estará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, desplazando así la facultad a la Dirección de Tierras y Colonias que interviene en la materia desde 1961.
Para Di Giácomo, “la ley ha perimido en muchos de sus aspectos. En la ley vigente el concepto tiene que ver con la colonización y nosotros queremos mantener un criterio de tipo desarrollista y productivista respecto de la tierra”.
Con esa premisa, el Gobierno rionegrino agrega a los destinos actuales de la tierra fiscal (agrícola, ganadera y forestal) la explotación de otras actividades como energéticas, mineras, tecnológicas, turísticas, industriales, mixtas u otras económicamente rentables. “Ya hay situaciones de hecho de explotación turística por ejemplo en tierras de la Comarca Andina y buscamos abrirnos a las inversiones productivas y de nuevas tecnologías, ampliar el margen de posibilidad de utilización de la tierra”, justificó el ministro.
Aclaró que con la reforma no se contemplan cambios en la propiedad comunitaria de la tierra, no se titularizarán zonas donde existen reclamos vigentes por parte de pueblos originarios y que se mantendrán las restricciones vigentes en otras normas para zona de fronteras y extranjeros.

La reforma

Los puntos clave de la reforma son los siguientes: se regularizan las tierras ocupadas o explotadas hasta el 31 de diciembre de 2017; los ocupantes deben tener tenencia ininterrumpida de al menos 20 años; incorpora la denominación de “unidades económicas de explotación”; los adjudicatarios podrán ser personas físicas o jurídicas; las adjudicaciones se realizarán por concurso y se ponderará el destino de las tierras y las características del proyecto; establece la transmisión de tierras fiscales provinciales ubicadas en cascos urbanos de poblaciones a los municipios; se ofrecen planes de pago de la tierra; se da intervención al Codeci en las inspecciones de tierras donde residan comunidades indígenas y en trámites de títulos comunitarios.

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