Nuevas repercusiones provocaron los alcances del polémico proyecto de ley que presentó la diputada Gabriela Dufour en la última sesión legislativa, que promueve adecuar el Presupuesto 2019 para asegurar el pago de bienes expropiados de la ex Alpesca.
Esta vez no sólo cosechó dudas acerca de cuál sería el interés de la diputada por acelerar el pago de esos fondos, al punto de requerir que se incluya en el Presupuesto del próximo año, sino que, encendió algunas alertas acerca de cuáles son las posibilidades ciertas que un condenado por narcotráfico se vea beneficiado con fondos públicos.
La cuestión parece inverosímil, pero si se toma en consideración los dichos de la legisladora provincial a la prensa valletana, no se descarta la posibilidad de que Omar “Cura” Segundo se viera beneficiado con dinero del Estado, y esta vez no sería mediante una maniobra presuntamente fraudulenta como ocurrió con el crédito de los 10 millones de pesos, sino que podría acceder al capital de manera legítima si prueba que es aún el dueño de Alpesca.
Así las cosas, este jueves comenzaron a sonar los teléfonos de más de un abogado, para consultarles acerca de la posibilidad concreta de que resuelta la cuestión sobre la titularidad de la empresa Alpesca al momento de aprobarse la ley de expropiación, termine beneficiando a Omar “Cura” Segundo.
Si bien es cierto que, el fallo de la Justicia Penal de Chubut acerca de la venta fraudulenta de Alpesca, pone en cabeza de Omar Segundo la titularidad de la empresa, eso no modifica el estatus que confiere la Inspección General de Justicia (IGJ a Renato Aleua y Rodolfo Martín Lenk Aleua, sobre la titularidad de las accciones.
Dicho esto, el otro asunto a considerar es aún resta que se resuelva el trámite sobre Alpesca y sus bienes, en el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn, a cargo de la jueza María Laura Eroles.
Con todo, un ejercicio de múltiples suposiciones y trámites jurídicos de por medio, permiten suponer que no es del todo imposible que Omar “Cura” Segundo reciba oportunamente fondos del Estado por la expropiación de Alpesca.

Un reclamo vigente

En septiembre pasado, Omar Segundo, tras haber logrado dos sobreseimientos definitivos en causas vinculadas a Alpesca, analizaba reclamar para sí, el pago por la expropiación de la compañía.
El 27 de agosto, el caso por el crédito de 10 millones de pesos que el Estado de Chubut le dio a Alpesca fue archivado porque no hubo acusación fiscal. El 22 de septiembre, el juez Marcelo Nieto Di Biase dispuso el sobreseimiento de “El Cura” en el expediente por la venta fraudulenta de la compañía, merced a que los plazos procesales expiraron como resultado de una exitosa estrategia defensiva de dilatar los tiempos interponiendo diferentes recursos.
Con esas dos sentencias a favor, Omar Segundo estaría en condiciones de presentarse ante el juzgado comercial que tramita la expropiación de Alpesca y AP Holding para reclamar el pago del multimillonario resarcimiento por la decisión estatal de quedarse con los bienes de la pesquera.
No obstante, ante la Inspección General de Justicia (IGJ) los accionistas que figuran como titulares del paquete accionario de las dos sociedades son Renato Aleua y su hijo. Concluidas estas dos causas, la jueza que tiene a su cargo el expediente por la expropiación de Alpesca deberá resolver quién es el beneficiario del resarcimiento, ya que la propia magistrada adujo que no dictaría sentencia hasta tanto se resuelva la causa por la venta de la compañía.

Condenados

La cuestión se vuelve cada vez más curiosa, cuando se toma en consideración que, si bien Segundo quedó desvinculado de las cusas penales en torno a la empresa Alpesca, pesa sobre él una condena por un delito federal, como almacenador de droga.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a Omar Segundo, a la pena de 9 años de cárcel por participar en un caso de narcotráfico, pero no está preso.
Mientras tanto, la diputada Dufour, que se muestra tan interesada por resolver el pago de los bienes expropiados, ya agotó todas las instancias ante la Justicia de Chubut, y en cada una fue ratificada su condena por “administración fraudulenta”, provocando un daño que superó los 5 millones de dólares.