Queremos incidir sobre la rápida solución de este problema, aportando lo necesario en el ámbito de la Justicia”, aseguró el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Ricardo Trovant, luego de efectuar este lunes una nueva presentación ante la jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial, Adela Juárez Aldazábal, y reunirse con camaristas para destrabar la adjudicación de casas a las familias estafadas con la operatoria de UPCN.
El funcionario indicó que si bien el IPV “no es parte del episodio judicial”, se han realizado sistemáticas presentaciones “para colaborar, ocupándonos de que toda la información y todo el contexto puedan ser llevados a la Justicia para que se tome la mejor decisión”.
Trovant reveló que desde el Gobierno de la Provincia se aspira a encontrar “una solución de carácter integral al problema donde todos los que han sido perjudicados por este episodio puedan conseguir una solución habitacional”.

Rápida resolución

Acompañado por representantes de la Asesoría Letrada del organismo, el titular del IPV fue recibido en primera instancia por la jueza Aldazábal y luego se realizó una reunión con los camaristas, “a quienes les hemos planteado el contexto de este problema para que ellos puedan rápidamente trabajar sobre el tema”, explicó.
“Se han comprometido a hacerlo para que el expediente pueda volver a instancias de la jueza y así ella pueda seguir trabajando, de modo de poder resolverlo lo más rápido posible”, sostuvo.
El funcionario recordó que este episodio “implica una estafa hacia ciudadanos de Trelew que han sido incorporados al proyecto sin la intervención del IPV. Por eso hay más involucrados de los que originalmente generaron el proyecto”.

Casi terminadas

Reveló que “al primer cupo de 58 unidades que ya están prácticamente terminadas, hemos conseguido por gestiones del Gobernador y el Vicegobernador en la Secretaría de Vivienda de Nación un cupo adicional para que en la medida que terminen de aprobar el proyecto, podamos comenzar a licitar y ejecutar el resto de las unidades para resolver el problema integral de las familias”.
Sin embargo, aclaró, “hay algunas acusaciones y una instancia penal donde no nos es posible adjudicar las 58 unidades porque además hay medidas cautelares que lo impiden; eso es lo que fuimos a tratar de que agilizara», concluyó.