Luego del arrendamiento de la empresa Alpesca S.A por Red Chamber Argentina (RCA), el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) Luís Núñez, señaló que en la jornada de hoy se llevará a cabo una reunión con el Ministro de Coordinación de Gabinete, Juan Garitano, en torno a la puesta en marcha de las unidades productivas, en el marco del proceso de expropiación por parte del Estado provincial, con el fin de plantear distintos aspecto que hasta el momento no están resueltos.
El dirigente expresó que hay cuestiones legales que se relacionan con los permisos de pesca, los barcos de la empresa, presentaciones realizadas ante el juzgado que entiende a la expropiación, quien señala que no se ha presentado toda la documentación pertinente por parte del gobierno de la provincia, por lo cual le pedirán las explicaciones correspondientes al funcionario provincial.
“Nosotros pretendíamos, a través de reuniones mantenidas con funcionarios de la esfera nacional, que existiera la posibilidad que si el Estado lograba ponerse a la cabeza de las gestiones, las cuotas de pesca podrían ser transferidas a RCA a través del arrendamiento, lo cual hasta el momento no ha ocurrido” explicó, añadiendo que mientras tanto las actividades dentro de la planta se han retomado en forma muy lenta, lo cual relacionan a la mercadería en descomposición que debió ser retirada de las cámaras de frio, tarea que finalizó hace pocos días.
En tal sentido, Núñez señaló que existieron distintas reuniones con representantes de la empresa y seguirán manteniéndose, ya que hay puntos a debatir, ya que hay cuestiones legales en el medio que imposibilitan que se logre brindarle movilidad al aspecto operativo para que los trabajadores puedan retornar a sus labores. Hasta el momento son muy pocos los empleados que están trabajado, y de ellos la mayoría son de mantenimiento, maestranza y algunos de administración.

Desconocimiento

Por otra parte, el titular del STIA hizo referencia a las declaraciones de los marineros de la empresa que se manifestaron en la ruta hace pocos días señalando que hasta el momento no saben si son trabajadores de Alpesca o Red Chamber y piden que se les aclare su situación laboral. En tal sentido, Núñez dijo que ello es consecuencia del desconocimiento de algunos obreros que desconocen los acuerdos que se han firmado entre el Gobierno de la provincia y las organizaciones sindicales.
“Los trabajadores del SOMU debieran remitirse a su organización o a la Secretaría de Trabajo, solicitando una copia del acuerdo firmado entre el gremio con RCA, el cual está ratificado por la Secretaría; e interiorizarse en que hay un convenio por el cual se les respetan sus derechos laborales por parte de la empresa” señaló. Además, dijo que la contratación de los trabajadores para que realicen tareas dentro de la flota amarilla no fue a través de Red Chamber, por lo cual deberían aclararlo con las autoridades del gobierno porque ellos autorizaron que estas embarcaciones trabajen para la empresa, por ende ellos son trabajadores pertenecientes a la empresa.

Harengus: la quiebra cubre un mínimo porcentaje de las deudas

Tras efectuarse el remate de la planta procesadora de la empresa Harengus en 6 millones de pesos, Luís Núñez, manifestó que sabían hace mucho tiempo que a partir de la quiebra el juzgado a cargo llevaba adelante la subasta de los bienes de la empresa, con el fin de recaudar el dinero necesario para hacer frente a las demandas realizadas por los trabajadores, y en ese marco lamentó el destino de la empresa.
Núñez dijo que si bien se intentó recuperar Harengus, pero nunca se pudo hacer nada y el dinero que se reunió servirá para hacer frente a parte de la deuda que la empresa les dejó a los trabajadores y a sus acreedores. Además, destacó que si bien hay acreedores que reclaman el saldo de su deuda, los trabajadores tendrán prioridad para percibir lo que les corresponde y por ello serán quienes tengan la posibilidad de cobrar gran parte de sus acreencias.
“Si se cuenta solamente los trabajadores de la planta fabril son 250, pero si contamos en total con la otra planta de San Julián, son más de 400 empleados. Pero el monto en el que fue subastada no alcanza a cubrir el monto total de la deuda que dejó la empresa al quebrar, y creo que queda un mínimo de activos para vender, porque lo que quedaba era preferible regalarlo que rematarlo ya que las cifras eran irrisorias” expresó Núñez. Por otro lado, el dirigente expresó que la planta de San Julián, que fue rematada por un valor mayor al millón de pesos, era una de las que no se había logrado el remate por la ubicación geográfica de la misma, lo cual hacía que no hubiera interesados en ella.