La Presidente de la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner, promulgó la nueva Ley de Energías Renovables, que el mes pasado aprobó el Congreso de la Nación y que entre sus puntos más trascendentes promueve que al 31 de diciembre de 2017 la contribución de las fuentes de energía renovables alcance el 8% del consumo de energía eléctrica nacional. Además, prevé que para 2025 el uso de energías renovables llegue al 20 por ciento.
Entre los aspectos destacados de la nueva ley -conocida en el sector como ‘la Ley Guinle’ por su impulsor el chubutense senador por el FpV- figura la conformación de un fondo fiduciario (Foder) para respaldar el financiamiento de proyectos de inversión, para el que se destinaría el 50% del ahorro en combustibles líquidos generado por la sustitución con energías renovables y cargos específicos a la demanda.

Beneficios fiscales

Otro punto central lo constituye la obligación con penalidad a los grandes usuarios de energía eléctrica, en especial lo que tienen un consumo igual o superior a 300 kw (kilovatios) para el cumplimiento individual de la metas de consumo de energías renovables que fija la ley. Además, amplía la definición de Fuentes de Energías Renovables al biodiesel y a los residuos sólidos urbanos.
La ley tiene su origen en el proyecto presentado por el senador Marcelo Guinle para modificar la Ley 26.190, que propone ampliar las políticas que favorecen la inversión en energías renovables a través de la promoción de líneas de crédito, el otorgamiento de beneficios impositivos.

Demanda

La concreción de la ley, aun con la promesa incorporada de recibir diferentes exenciones y beneficios impositivos en caso de cumplir con el propósito planteado, genera incertidumbre y preocupación en las empresas por algunos puntos específicos.
Por ejemplo, la puesta en marcha de proyectos de energía eólic, solar, geotérmica o de minicentrales hidroeléctricas demandará una inversión de entre US$ 2 y 3 millones por megawatt (Mw) instalado; es decir, para incorporar una potencial ‘verde’ de 2000 Mw, el equivalente al 8% del consumo de energía, se precisarán desembolsos de entre US$ 4000 y US$ 6000 millones dentro de los próximos dos años.

Inversiones

La meta parece utópica teniendo en cuenta que los proyectos deben ser nuevos y que el sector de energías renovables consiguió en la última década inversiones por apenas US$ 250 millones.
Las multas para quienes no cumplan con el objetivo de contratar un 8% de su demanda con fuentes alternativas de generación ascienden a US$ 200 por cada MWh excedido. El impacto de una sanción, trasladado a grandes cantidad de energía que consumen las industrias electrointensivas, sería sideral.

Diversificar la matriz energétiva

El ingeniero Héctor Nordio, ex gerente general de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y experto en energías renovables, en diálogo con energiaestrategica.com señala que la próxima gestión de gobierno, “de complementar y darle un mercado” a las empresas y fábricas nacionales vinculadas a las energías alternativas, podrá diversificar la matriz energética, tal como está sucediendo en nuestros países vecinos.
Para ello reconoce que gestionar con habilidad y reglamentar la nueva Ley 27.191 podrá impulsar y continuar desarrollando proyectos en carpeta.
El texto sancionado el 23 de septiembre pasado, destaca la propuesta de un Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), que vendrá a suplir la falta de inversiones ante la falta de préstamos internacionales. A saber, inversores no destinaban fondos sobre Argentina porque la garantía de contratos es propiedad de CAMMESA, empresa de gestión estatal en estado de crisis económica. Ahora se espera poder apalancar proyectos con este financiamiento.

Mix eólico-solar

Para el experto es viable llegar al 2017 con un 8 por ciento de la matriz energética constituida por renovables (hoy no llega al 1 por ciento), tal como plantea la Ley, formando un “mix” eólico-solar.
“Proyectos eólicos hay cerca de 5100 –MW-, algunos más maduros que otros. Solar no hay tantos pero es muy fácil teniendo en cuenta el potencial solar que tenemos”, señaló en declaraciones que reproduce el portal Energía Estratégica.
Entiende que de haber impulso del ejecutivo será “muy factible” llegar al objetivo. Indica que actualmente “hay mucha burocracia que hace que los proyectos pierdan el hilo”, aspecto que deberá aceitarse. Recuerda que hace 3 años, junto a empresarios, presentó un proyecto a Secretaría de Energía de la Nación y aún no se concreta. Cuenta que los empresarios vinculados decidieron llevar la idea a Paysandú, Uruguay, y montaron una planta allí. Actualmente están llevando a cabo proyectos por un total de 70 MW en el país oriental.

Proyección

“Hay que mirar un poquito a ver qué hacen los demás. Los chilenos tienen 6400 MW en proyectos, en construcción y aprobados, solamente en solar. Y tienen 1000 aprobados en eólico. Los uruguayos 1100 eólicos. Los brasileños más de 6000. Y nosotros 220” MW. “Yo creo que nos está faltando un poco de gestión”, sentencia.
Por otra parte, Nordio advierte que el próximo gobierno deberá lidiar con dos problemas, a su consideración, que se sueltan de la Ley. Por un lado, la obligatoriedad que tienen los grandes usuarios (aquellos que consumen más de 300 Kw/mes) en comprar o instalar un 8 por ciento de energías alternativas. Por otro, el impacto negativo al sector industrial a través del ingreso de productos e insumos del exterior con arancel cero hasta 2017, medida que se articula para satisfacer la futura demanda.
Sobre esto último, el experto sugiere que la nueva gestión convoque a la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) y la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC) y llegue a un acuerdo.