LO ASEGURÓ EL DIRECTOR DE DISCAPACIDAD DEL GABINETE PROVINCIAL

Madryn es una de las principales “ciudades accesibles” del Chubut


En el marco del encuentro del Consejo Municipal de Discapacidad, llevado a cabo el pasado viernes en instalaciones del Centro de Veteranos de Malvinas, el Director Provincial de Discapacidad, Marcelo Ortega, analizó los distintos ejes sobre los cuales se trabaja en el ámbito de las distintas localidades que presentan mayores o menores deficiencias a la hora de aplicar la normativa vigente, de cara a la inclusión de las personas con discapacidad.
En este sentido, el funcionario advirtió que la ciudad de Puerto Madryn es una de las principales en lo que hace a la accesibilidad y a la inclusión de dicho sector de la comunidad, aunque, al igual que en otros distritos, aún queda trabajo por hacer.
“La ciudad de Puerto Madryn es, en cierto modo, una ciudad de referencia”, valoró, explicando que el área de Turismo, por ejemplo, dispone de las “directrices de accesibilidad turística”, aunque también reconoció que la accesibilidad aún debe llegar a ciertos lugares, como las oficinas públicas: “Tendríamos que contar, actualmente, con accesibilidad en todos los edificios públicos, y eso es lo importante, porque hace que la persona con una discapacidad motora o movilidad reducida, también pueda acceder a donde accedemos todos; es ahí donde hay que poner énfasis”, remarcó.

Buscan adaptar normativas a la actualidad

Ortega sostuvo que “siempre es bueno, cuando a uno lo invitan, poder participar y apoyar a los distintos Consejos Municipales, esa es la idea; los mismos se reúnen periódicamente y el de Madryn, junto con el de Esquel, son los más activos, por eso el hecho de poder acompañar a Iris (Rubio, directora de Discapacidad a nivel local) y a todo el consejo, resulta importante para nosotros, como Dirección, así como también para ellos, para poder afianzar algunos temas a partir de un aporte mutuo”.
En esta línea, precisó que el rol de los consejos municipales de discapacidad “son, un poco, los que ‘marcan la cancha’ respecto de la política pública que tiene que hacer el Municipio; hay que trabajar mucho en las Ordenanzas municipales, en la accesibilidad, en el empleo, entre otras cuestiones”.
Consultado sobre esto último y respecto de la importancia de verificar que se cumplan las normativas vigentes en el ámbito de la ciudad, Ortega explicó que también es necesario “ordenarlas a los parámetros de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene que ver con el hecho de velar por los derechos de las personas, así como también, con las responsabilidades; también, se analiza la cuestión impositiva, para ver de qué manera se puede gestionar algo que sea equitativo y justo para las personas y para toda la sociedad, en todo sentido” y agregó que “algunas Ordenanzas son anteriores a la Convención, entonces, es necesario aggiornarlas a los nuevos parámetros; la misma es como la Biblia y, en ese sentido, desde ahí nosotros tenemos que trabajar para crear políticas públicas, en función de darle valor a esa convención”.

El cupo de empleo, ligado al presupuesto

En cuanto a la generación de empleo en la administración pública para personas discapacitadas, tanto en el ámbito de Puerto Madryn como a nivel provincial, el Director de Discapacidad contó que “en lo que tiene que ver con el empleo, esa es una de las cuestiones que estamos pregonando para que los municipios puedan tomar herramientas que existen, a través del Ministerio de Trabajo de la Nación y de las Oficinas de Empleo municipales, para poder generar esta fuente de ingresos a través de tales programas; tenemos todos los relevamientos hechos por parte de todos los organismos de la administración pública, pero nos encontramos con una realidad; hemos podido lograr algunos ingresos en algunas instituciones que tienen cierta autarquía y cierto presupuesto para poder hacerlo, y que, a través de concursos se ha realizado esto, por ejemplo, en el caso de Vialidad Provincial, el Poder Judicial” y destacó que “de hecho, en Vialidad, estamos trabajando en un concurso que saldrá próximamente para la delegación de Puerto Madryn”.
Sin embargo, reconoció que “no somos ajenos a esta realidad; desde la Dirección, que depende del Ministerio de Salud, se nos hace muy difícil poder incorporar personas (con discapacidad), incluso, se nos está haciendo difícil poder incorporar profesionales; en ese sentido, la cuestión presupuestaria es la que nos tiene un poco atados para poder ir por el cupo; está ahí, con todos los relevamientos hechos sobre los organismos, pero también todo es una cuestión financiera”.

Accesibilidad en oficinas y vía pública

Consecuentemente, “más allá de la responsabilidad legal que tiene el Estado, no sólo hay que buscar el ingreso genuino en la administración pública, sino que también deben tener responsabilidades, y la ley se los pide, los concesionarios y prestatarios de servicios de la administración pública; en eso, nosotros también tenemos que poner énfasis para poder dar a conocer a la gente que esto puede ser otra vía alternativa”, mencionó Ortega.
Preguntado sobre la accesibilidad en la vía pública en Madryn, que ha generado varios reclamos a lo largo del tiempo respecto de distintas instituciones, manifestó que “la ciudad de Puerto Madryn es, en cierto modo, una ciudad de referencia” y puso en valor que “en lo que hace al Turismo, también, ya que posee las directrices de accesibilidad turística, aunque siempre faltan algunos lugares; hoy, por ejemplo, tendríamos que contar con accesibilidad en todos los edificios públicos, y eso es lo importante, porque hace que la persona con una discapacidad motora o movilidad reducida, también pueda acceder a donde accedemos todos; es ahí donde hay que poner énfasis”.

La inclusión, una directiva internacional

El 13 de diciembre de 2006 fueron aprobados, en la Sede de Naciones Unidas de Nueva York, la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y su Protocolo Facultativo.
Dicho acuerdo fue el primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración, apuntando a un “cambio paradigmático” de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad.
De este modo, la Convención fue concebida como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social, adoptando una amplia clasificación de las personas con discapacidad y reafirmando que todas las personas con todos los tipos de discapacidad “deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.
En este contexto, el acuerdo aclaraba y precisaba de qué manera se aplican, a las personas con discapacidad, todas las categorías de derechos, indicando también las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas en las que se han vulnerado esos derechos y en las que debe reforzarse la protección de los derechos.

A qué valores apunta la Convención

Los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya acordada contó con 82 firmas más 44 para el Protocolo Facultativo, son el “respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas”, “la no discriminación”, “la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad”, “el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas”, “la igualdad de oportunidades”, “la accesibilidad”, “la igualdad entre el hombre y la mujer”, “el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”.
En lo referido a la igualdad y la discriminación, el documento estableció que “los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna”, agregando que dichos Estados “prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo” y que “a fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables”.


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