A un ritmo vertiginoso, durante las últimas dos décadas, la ciudad de Puerto Madryn ha experimentado un crecimiento demográfico inusitado; junto a la ciudad de Esquel, encabeza el ranking de localidades con mayor crecimiento en cantidad de habitantes del país en los últimos años. En la provincia del Chubut, es la ciudad que más ha crecido en el último tiempo, superando de manera “cómoda” los 100 mil habitantes a lo largo y ancho de su territorio.
De hecho, desde 1970 a la actualidad, la “Perla del Golfo” aumentó su población unas catorce veces, según lo indicado tiempo atrás por investigadores del CCT Conicet-Cenpat.
De manera exponencial, el crecimiento también implica que varios factores que hacen a la vida cotidiana, positivos y negativos, también se incrementen por igual, obligando a las clases dirigenciales a reconfigurar la usina de ideas y la elaboración de políticas públicas que puedan afrontar la nueva configuración urbana.
En este sentido, desde hace algunos años, las distintas demandas de un colectivo social propio del siglo XXI empujaron a las autoridades a vislumbrar una planificación urbana más accesible y acorde a las comodidades que buscan los vecinos, en una ciudad que ofrece tiempo para todas las actividades, tanto laborales como así también, de esparcimiento, culturales y deportivas.

Volver a pensar el mapa urbano

“La urbanización es actualmente una de las tendencias más transformadoras en el mundo, tanto por la población que vive en los principales centros urbanos y el número creciente de megaciudades globales, como por la concentración de actividades económicas y de interacciones sociales y culturales que se dan en las metrópolis. Mientras el 54% de la población mundial vive en ciudades, el 80% del PBI mundial es generado en aglomeraciones urbanas y alrededor de dos tercios de la energía mundial es consumida en ellas”, cita el informe “Hacia el desarrollo integral de ciudades”, elaborado por Gabriel Lanfranchi de Cippec, en base a datos de ONU Hábitat de 2016.
El investigador refiere que, en la actualidad, unas 3.500 millones de personas residen en ciudades y que “se estima que para 2030 la población urbana represente el 65% de la población del mundo. Más llamativo aún, se estima que en los próximos 15 años se construya en el mundo tanta área urbanizada como en los últimos 6.000 años, dado el patrón de crecimiento expansivo que se ha consolidado a escala global. Las ciudades tienden cada vez más a actuar como polos de atracción para un número creciente de personas, al tiempo que se han transformado en usinas de innovación, conocimiento y creatividad”.

Adaptarse a “lo nuevo” en tiempo real

La tecnología es, sin duda, uno de los ejes sobre los cuales una buena parte de la vida de las personas ha girado en los últimos años, y, de este modo, resulta inevitable que las ciudades, tanto como las instituciones, organicen sus espacios y su propia estructura, de cara a los nuevos avances.
En esta línea, la investigación expresa que “el creciente desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) podría impulsar un cambio de paradigma en los procesos de gobierno y de interacción con la ciudadanía. Según el Índice de Desarrollo de las TICs (2016), el 95% de la población mundial vive en zonas cubiertas por señales de telefonía celular y 4 de cada 10 personas posee conexión a Internet. La llegada de las nuevas tecnologías y la generación de datos se presentan como una oportunidad única para favorecer el achicamiento de la brecha entre ciudadanía y gobierno. Al mismo tiempo, representan un importante reto y una oportunidad para la modernización de la gestión de ciudades, avanzando hacia la definición de políticas públicas innovadoras que incorporen al ciudadano como protagonista de las soluciones para su comunidad”.

Acceso a la información pública

A un ritmo paulatino pero prolongado, el caso de Puerto Madryn ha sido uno de los referentes en materia de accesibilidad e incorporación de nuevas tecnologías; por ejemplo, el acceso a la legislación local a través del sitio web del Concejo Deliberante, que permite a los ciudadanos seguir la labor legislativa de los concejales, accediendo a Ordenanzas actuales y con posibilidad de “hurgar” en un archivo de varias décadas hacia atrás, con documentos de antaño digitalizados.
La transmisión de la sesiones en tiempo real, a través de un canal de “streaming” para quienes no pueden asistir físicamente a las sesiones, también es prueba de que se ha hecho punta en uno de los aspectos más sensibles de las comunidades actuales, que es la democratización del acceso a la información pública.
A nivel provincial, la publicación de estadísticas y de datos “duros” en el ámbito judicial, también permite a cualquier ciudadano conocer, por ejemplo, qué cantidad de procesos judiciales fueron llevados a cabo en una jurisdicción en particular, cuántos hechos delictivos tuvieron lugar en determinada ciudad, etcétera, de modo que la propia comunidad pueda obtener, en muchas ocasiones, sus propias conclusiones a partir del análisis de información “de primera mano”.

Los servicios, cerca pero lejos

Otra cuestión que trae aparejado el crecimiento prolongado de las ciudades, tiene que ver con la posibilidad de acceder a los distintos servicios, e incluso hacer uso de los recursos naturales de una determinada zona, en el marco de un Cambio Climático cuyas consecuencias han comenzado a sentirse en el día a día de los habitantes: “El crecimiento urbano acelerado ha planteado grandes problemas. Estos se relacionan con la equidad en el acceso a la ciudad, los riesgos emergentes del Cambio Climático (CC), las formas tradicionales de gestión urbana frente a una ciudadanía crecientemente informada y comunicada, y la necesidad de coordinación inter-jurisdiccional de los grandes aglomerados metropolitanos. En primer lugar, en términos de equidad aún subsisten problemas estructurales que afectan a una parte importante de la población. Según ONU Hábitat cerca de 1 billón de personas aún carecen de acceso al agua limpia y segura, y más de 2.6 billones de personas no tienen acceso a sanitarios y otras instalaciones de saneamiento básico adecuadas. En este contexto, más de 860 millones de personas viven en asentamientos informales o villas”, explica el informe de Lanfranchi, que es arquitecto y magíster en Economía Urbana, además de ser miembro del Programa Especial de Estudios Urbanos y Regionales (SPURS, por sus siglas en inglés), del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT).

El mercado, entre lo público y lo privado

La necesidad de comenzar a pensar los espacios urbanos en función de las comodidades edilicias, del acceso a los servicios y del cuidado del recurso natural propio de cada ciudad, también se encuentra con un “modelo de cre-
cimiento disperso, desorganizado y discontinuo, que eleva el consumo de tierra por habitante y encarece los costos de infraestructura y equipamiento”, añade el estudio, analizando que “las crecientes restricciones de acceso al suelo por dinámicas de mercado que elevan el precio de la tierra; la necesidad de políticas integrales de hábitat y de planificación urbana que vayan más allá de las urbanizaciones emergentes; los problemas de gestión entre las competencias
de esferas nacionales, provinciales y municipales y el rol que juegan otros sectores sociales que también producen el hábitat -como las organizaciones
civiles y las empresas- y, finalmente, la dispersión y superposición de instrumentos de planificación, tanto en sus usos y alcances, como en relación al
financiamiento urbano”.
El acceso a la vivienda es, actualmente, uno de los factores a los que la mayoría de los gobiernos, sean de carácter provincial o municipal, intentan solucionar:
Este año, en la provincia del Chubut, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) entregó hasta el momento un total de 423 viviendas, enmarcadas en distintos planes de acceso a la primera casa, algunos de ellos gestionados a través de sindicatos y, mayormente, con financiación propia y del Gobierno Nacional.
Sin embargo, la persistencia y el aumento de las “restricciones de acceso al suelo por dinámicas de mercado” continuarán implicando una erogación continua de recursos públicos y financiación por parte de las administraciones nacionales, provinciales y municipales, para poder brindar acceso a la vivienda a los habitantes; una necesidad que crece de manera proporcional al incremento demográfico de las grandes ciudades de la Provincia.

Objetivos en puerta

En este contexto, desde 2012, según menciona el informe, Argentina integra la denominada “Alianza para el Gobierno Abierto” (AGA), que cuenta con la adhesión de 70 países del mundo: “Pertenecer a esta alianza requiere incorporar la colaboración y la participación de la sociedad civil en la cocreación de compromisos que se espera se conviertan en políticas públicas”, añade.
En 2016, “la fundación Open Knowledge International (OKI) promovió a la Argentina en la calificación del Índice Global de Datos Abiertos, ubicándola en el puesto 20; esto implicó una importante mejora respecto de 2015, cuando el país se encontraba en el puesto 54”, explica el documento, agregando la reciente noticia de que este año “la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto, del Ministerio de Modernización de la Nación, lideró junto a organizaciones de la sociedad civil y con la participación de los tres poderes
del Gobierno Nacional, la elaboración del 3o Plan de Acción Nacional 2017-2019. El mismo cuenta con 44 compromisos: 33 de los cuales son nacionales y 11 corresponden a los gobiernos provinciales”.
El compromiso número 37 de dicha acordada se titular “Fortalecimiento de políticas de Gobierno Abierto: impulsar la participación ciudadana en Chubut” y plantea que existe un “desconocimiento por parte de las instituciones públicas y de la sociedad civil sobre la temática de Gobierno Abierto (GA)”, al tiempo que señala una “escasa difusión de los desarrollos existentes en la materia a nivel subnacional y nacional y de involucramiento de los ciudadanos en las políticas públicas”.

Chubut: compromiso asumido

De este modo, plantea “sensibilizar y desarrollar capacidades en GA para incentivar la participación ciudadana en las iniciativas en curso en Chubut” y “sensibilizar a funcionarios de la administración provincial y Organizaciones
de la sociedad civil (OSC) sobre políticas de GA, pretendiendo desarrollar
capacidades en la temática e involucrar a la ciudadanía en los asuntos públicos” para así “incrementar la integridad pública”.
La iniciativa contará con la participación de actores de carácter público y de la sociedad civil, entre ellos el Ministerio de Coordinación de Gabinete, Ministerio de Ambiente, Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado, Subsecretaría de Relaciones Institucionales, Subsecretaría de
Gobierno, Subsecretaría de Asociativismo, CORFO y Seros; además, participarán la Universidad del Chubut, AAETAV, Asociación de Derecho Informático, Biblioteca Gonzalo Delfino, Asociación de Adultos Mayores, Fundación MEF, Conciencia en Red, Asociación Civil Víctimas de la Delincuencia, ALCO, Asociación Sanmartiniana y Patagonias.org.