El debate por el aborto legal, seguro y gratuito se ha constituido como una de las principales discusiones en el ámbito social del país; desde principios de año, la posibilidad de que se sancione legislación al respecto ha marcado aún más las distintas posturas que existen a favor y en contra de dicha cuestión.
La principal causa de abortos en el país es, según estadísticas oficiales, el “embarazo no deseado”, un tema sobre el cual, tanto en 2016 como así también, el año pasado, no se han invertido a nivel nacional los fondos necesarios para promover su prevención.
En este sentido, durante los últimos dos años se han subejecutado las partidas presupuestarias de las áreas de Educación y Salud Sexual, al tiempo que tampoco fueron alcanzadas las metas pautadas para la distribución gratuita de anticonceptivos en la población argentina.
Sin embargo, el tratamiento de la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados volvió a dejar expuestos dos desafíos de la sociedad argentina: por un lado, el cumplimiento pleno de la Ley de Educación Sexual en las escuelas y, por el otro, las políticas públicas que deben sustentar la inclusión de dichas temáticas en la currícula estudiantil.
Desde varios sectores a nivel provincial han remarcado la necesidad de abordar la educación sexual en los establecimientos educativos, a fin de evitar situaciones como el embarazo no deseado, así como también otras problemáticas como el contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Cifras en aumento

Con la instrumentación del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), entre enero y marzo de 2018, el presupuesto destinado a promover la procreación responsable y la salud sexual se incrementó casi en un 70 por ciento.
Este punto de inflexión, marcado por la decisión del Gobierno Nacional de imponer la discusión sobre el aborto en la agenda de género legislativa, fijó un contrapunto con los escenarios que arrojaron los últimos dos años; principalmente, el 2016, donde solamente se repartió, a lo largo y ancho del territorio nacional, un 10 por ciento de los preservativos previstos y tan solo el 27 por ciento de los tratamientos anticonceptivos planificados; la cifra se incrementó para el año pasado, con un 75 por ciento de preservativos repartidos y un 70 por ciento de tratamientos anticonceptivos planificados que se concretaron

La salud sexual en la escuelas

Ya desde septiembre del año pasado, la Dirección General de Orientación y Apoyo a las Trayectorias Escolares, dependiente de la Subsecretaria de Política, Gestión y Evaluación Educativa del Ministerio de Educación del Chubut, realizó distintas actividades, entre ellas el “Encuentro de Educación Sexual Integral de sensibilización, preparatorio para la Jornada Educar en Igualdad – Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en la ciudad de Trelew.
La jornada, llevada a cabo exitosamente por segundo año consecutivo, tuvo lugar de manera simultánea en todas las instituciones educativas de la provincia, y se enmarca en lo establecido por la Ley 27.234, que en su artículo primero indica “la la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual en las escuelas primarias, secundarias y terciarias de todos los niveles y modalidades, ya sean de gestión estatal o privada”.

Participación de varios sectores

Esto último, “con el objetivo de que los alumnos, las alumnas y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género”.
La Ley en cuestión busca plasmar en la cotidianidad escolar la temática, pensando la Escuela como ámbito de protección de derechos, apuntando a garantizar una vida sin violencia, dándole continuidad al espíritu normativo que se encuentra presente en los textos de las leyes 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 26.206 de Educación Nacional, 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales y 26.150 de Educación Sexual Integral.
El encuentro no solamente estuvo dirigido a los alumnos, sino también a Supervisores, Equipos Directivos, Referentes y Equipos de Orientación y Apoyo a las Trayectorias Escolares, y contó con disertantes de la Coordinadora Nacional de Educación Sexual Integral y del Conicet.

Reforzando el concepto de “integral”

Sancionada y promulgada en octubre de 2006, la Ley 26.150 “Programa Nacional de Educación Sexual Integral” establece, inicialmente, que “todos los educandos (alumnos) tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”.
A su vez, la normativa entiende por educación sexual integral “la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”.
Entre los objetivos del programa están los de “incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas”, “asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral; “promover actitudes responsables ante la sexualidad”, “prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular” y “procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres”.

Criterio común

Además, cada jurisdicción debe, según la legislación, implementar el programa basándose en un criterio común.
Por un lado, “la difusión de los objetivos de la presente ley, en los distintos niveles del sistema educativo”, “el diseño de las propuestas de enseñanza, con secuencias y pautas de abordaje pedagógico, en función de la diversidad sociocultural local y de las necesidades de los grupos etarios” y “el diseño, producción o selección de los materiales didácticos que se recomiende, utilizar a nivel institucional”.
También, “el seguimiento, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades obligatorias realizadas”, “los programas de capacitación permanente y gratuita de los educadores en el marco de la formación docente continua” y “la inclusión de los contenidos y didáctica de la educación sexual integral en los
programas de formación de educadores”.

No se cumple en todas las escuelas

La implementación de la Ley 26.150 marcó un cambio de paradigma y abordaje en lo relativo a la educación sexual integral en las escuelas, buscando establecer un común denominador, tanto en las escuelas públicas como así también en las privadas.
Sin embargo, según el registro de distintas organizaciones, entre ellas la “Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer” (FEIM) y la Asociación Argentina de Educadoras/es Sexuales (AAES), dicha legislación no se estaría implementando en su totalidad como estaba previsto, hace más de una década.
Desde FEIM aseguraron que “a Educación Sexual da a niñas, niños y adolescentes las mejores herramientas para poder decidir sobre su sexualidad, entendida más allá de la genitalidad”, agregando que se propone “el programa más efectivo para cuestionar las desigualdades entre hombres y mujeres, rechazar los estereotipos de género y de esa forma prevenir la violencia y discriminación contra las mujeres, la homofobia y lesbofobia”.
En este contexto, desde la Fundación asgeuraron que “no habrá ‘NiUnaMenos’ sin Educación Sexual Integral” y agregaron que la Educación Sexual “aborda desde el cuidado del cuerpo y la reflexión sobre los roles masculinos y femeninos en nuestra sociedad, así como las formas de prevenir embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual y el derecho a vivir noviazgos libres de violencia”.
Por ello, “a mayor Educación Sexual hay más probabilidades de retrasar el inicio sexual y que cuando se dé sea con más seguridad, conocimiento, autonomía, libertad y libre de violencia”, remarcaron, recordando que “es un derecho de todas las personas” y que “es hora de que la ley se cumpla”.

Enseñanza religiosa y educación sexual

En la misma línea, especialistas aseguran que queda pendiente el cumplimiento de las metas, tanto en el ámbito de la capacitación, como así también en establecer presupuestos destinados a fomentar la educación sexual integral en los establecimientos educativos del país.
A nivel federal “hubo despidos y se retrajeron capacitaciones, y el 61 por ciento del presupuesto actual no fue ejecutado”, añadieron desde la Fundación.
Así lo afirmó la presidenta y fundadora de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, que también es médica, máster en Salud Pública y especialista en Epidemiología, en diálogo reciente con un medio de reconocida circulación en la provincia de Salta.
Sobre la reticencia a enseñar educación sexual en escuelas de enseñanza religiosa, Bianco expresó: “Creo que todas las religiones, por principio, tienen algunos aspectos de la sexualidad y de la reproducción que son muy especiales. Creo que ellos deben transmitir estas formaciones a sus comunidades y me parece perfecto porque eso es libertad. Pero no pueden obligar a que toda la gente carezca de información porque no tiene que ver con la religión. Además, hay que hablar, por ejemplo, de la prevención del VIH. Y por ahora esto se logra con el preservativo. No hay otra. Como Estado no podemos negar el acceso a la información. Lo que tiene que hacer la religión es educar a su feligresía con los principios por los cuales no debe aplicar el uso del preservativo en función de su creencia, pero no podemos, bajo ningún concepto, no dar información. Porque no dar información u omitir es castigar a la gente y volcarla a la infección, a la enfermedad”.

Enfoque “biologista”

Por otro lado, una encuesta publicada por la Fundación Huésped a fines de 2017, dio cuenta de que la aplicación de la Ley 26.150 resulta actualmente “deficiente y dispar” y que tiene un enfoque centrado en lo biológico.
El relevamiento fue realizado entre casi 3 mil jóvenes de todas las provincias, que cursaron la escuela secundaria en los últimos diecisiete años; la amplitud y composición de la muestra la transforman en válida a nivel nacional.
Del informe surgió que, entre los temas de educación sexual integral abordados en la secundaria, predominan los vinculados con lo biológico (86%) y la prevención de infecciones de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y de embarazos (72%).
Dichos porcentajes descienden de manera abrupta cuando se pregunta sobre el trabajo vinculado con derechos y alternativas frente a los embarazos no planificados, lo cual muestra un claro sesgo en la aplicación de la Ley.
Siete de cada diez entrevistados señalaron haber observado situaciones de embarazo en su escuela secundaria, aunque el fenómeno es menos pronunciado en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), en la región metropolitana, entre los asistentes a escuelas privadas, los de escuelas religiosas y quienes ingresaron en los últimos cinco años.

Abandono escolar tras el embarazo

Frente a los embarazos en el ámbito escolar, lo que predominó (45%) fue el debate entre los estudiantes. Sólo un 39 por ciento mencionó algún abordaje por parte de personal de la institución, es decir docentes y preceptores, y un 38 por ciento indicó directamente que “no se habló del tema”.
La mitad de los entrevistados que dijo que hubo embarazos en su escuela indicó que la estudiante “siguió cursando”, mientras que un 20 por ciento sostuvo que abandonó la escuela por un tiempo, y otro 19 por ciento dijo que el abandono fue “definitivo”.
Este último caso suele ser más frecuente en las escuelas públicas, las laicas y entre los que ingresaron de 2007 en adelante.
En lo referente a los temas de diversidad, uno de cada dos entrevistados señaló la existencia de casos de discriminación por orientación sexual o identidad de género en su escuela.