“Se quedó hasta con la plata del cajón”

Dicen que el descalabro que habría hecho Diego correa el último tiempo apropiándose de fondos públicos para su beneficio y de su entrono propio, habría conmocionado a la propia familia del gobernador extinto Mario Das Neves. Aunque cueste creerlo, ahora al hombre que no se despegaba ni a sol ni a sombra del líder, la propia viuda lo repudia, los hijos tomaron distancia y la cuñada llegó a llamarlo “traidor”. Todo eso en el marco de una descomposición interna que comenzó no ahora, sino muchos meses atrás y donde señalan a un sector de “los chicos”, como escalando directamente por la agonía y debilidad de Das Neves, y desmadrándose en usar el poder para su estricta conveniencia, habida cuenta el destino final que se avecinaba. Fuentes absolutamente confiables afirmaron además que como si fuera poco, el propio Diego Correa tuvo el tupé de cobrarle el costo del cajón donde se depositaron los restos mortales del tres veces gobernador, días pasados. Además, se supo que ese dinero también fue a bolsillos propios, y que al momento de ser detenido, Correa llevaba destino final la República Dominicana, hacia donde no iba solo sino que se encontraría con otras 9 personas. Por ahora hay 5 detenidos, una prófuga y faltarían 4 “viajeros” más que habrían perdido el vuelo al “paraíso”.

No cambiará su condición carcelaria

Hasta ayer no había trascendido si el ex secretario privado de la Gobernación había recibido visitas, como todos los reclusos el fin de semana, pero si se supo que
no se encontraría incomunicado, pero si bajo el régimen de cualquier preso común para recepción de familiares y/o concurrencia. Entre otras cosas, el propio secretario de Seguridad se habría ocupado el sábado de evaluar las condiciones carcelarias y se habría confirmado en ese sentido que bajo ningún concepto sería trasladado de esa dependencia ni mudado a otro tipo de celda o pabellón. Con esto se desmentía de plano la versión de un matutino trelewense que sugirió la posibilidad que se “mejorara” la reclusión a Correa, que en principio quedará detenido por seis meses.

Se abrieron las aguas

Una de las detenidas en la Comisaría de la Mujer en Rawson, la pareja de Correa, Natalia Mc Leod habría reclamado mejores condiciones de detención. Es que ese ámbito no es particularmente agresivo `para quienes lamentablemente llegan a ese destino. La joven tendría varias complicaciones además de la presunta participación en la “asociación ilícita”, y es que además al momento de ser titular de las acciones de la principal empresa investigada y antes de cederlas a un pariente suyo, ella era funcionaria judicial, exactamente en la Dirección de Registros del Poder Judicial, lo que le impedía de plano desarrollar actividad comercial. Por esto ahora, el judicial le abriría un sumario administrativo sumándole una causa más. La detención como en el caso de los otros imputados es porque posee disponibilidad y cantidad de bienes y podrían irse del país. “Es de extrema necesidad que sigan con la medida de coerción. No hubo justificaciones de los defensores y ni siquiera los informes sociales que superen el interés superior de esta presunta defraudación con una calificación de tamaña envergadura”, o sea, facilitarles la prisión domiciliaria, dijo la Justicia el viernes. Dicen testigos que Natalia Mac Leod “insultó de arriba abajo” al propio Correa al momento en que eran esposados y trasladados, y que el disgusto con su pareja sería tal que decidió hasta por su propia estrategia judicial, optando por el defensor oficial en lugar de sumar las defensas junto con la de Correa y su abogado Fabián Gabalachis.

La Oficina Anticorrupción “pintada”

La Oficina Anticorrupción (OA), creada para perseguir a los ladrones de fondos públicos, es uno de los primeros ámbitos apuntados por “faltas a los deberes de funcionarios públicos”. Difícilmente se puede creer a esta altura del partido que nadie se enteró de nada, cuando el complejo temporario en Playa Unión que señalan como propiedad de Diego Correa, alojaba precisamente funcionarios y referentes políticos en tránsito. “Si el organismo que regentea el peronista del FpV Guillermo Hansen y el radical Mario Romeo, no se enteró de nada, sencillamente no sirve para nada”, reflexionó un alto funcionario de uno de los poderes de Chubut.
Aparentemente como para “salvar las pilchas”, esta semana la Oficina Anticorrupción se sumaría como querellante en la causa que investiga la presunta defraudación al Estado, instruida por el juez Sergio Piñeda, además de las demás causas vinculadas a la emergencia climática en Comodoro Rivadavia, la lentitud de la que debería ser la primera línea de control estatal también sorprendió. Un periodista recordó que hace seis meses se destapó esta olla, cuando un sobre con cientos de expedientes sospechados de configurar una maniobra de sobreprecios en el manejo de los fondos para la emergencia climática de Comodoro Rivadavia, apareció sobre una mesa en un pasillo de la Legislatura provincial, y nada hizo hasta ahora la OA. El interrogante público necesario que se desató en varias mesas de café de Trelew es “¿si tan profundas son las vinculaciones de la asociación ilícita como para contar o directamente hay organismos que habría que replantearlos por obsoletos e inútiles?”, palabras más menos.

Contadores bajo la lupa

La sola mención del allanamiento de las oficinas de contador Federico Gatica, “Glades & Gatica”, que funciona en Urquiza al 300 de Trelew hace estremecer a media “Ciudad de Luis”. Según la policía allí se recuperó mucha documentación que ahora se está procesando en el marco de la causa por sobreprecios. Gatica aparentemente fue uno de los asesores contables de la empresa y habría puesto el gancho en los balances de Dual Core SRL (aunque no en todos). El tema es que hoy la responsabilidad de los contadores es detectar los beneficios económicos producto de actividades criminales o ilícitas en el sistema financiero/legal porque “son agentes obligados de reportar las operaciones sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF)”, como dice la Ley 25.246. Para colmo, Gatica asiste profesionalmente a más de uno en el Valle, además de ser auditor externo de una importante Cooperativa Eléctrica “Servicoop”, además de ser el presidente del Club “Patoruzú” de Trelew. “Todo esto nos enchastra a todos”, se quejó un vecino que sospecha que la facturación inflada sobre obras a entidades podría afectar a varias organizaciones absolutamente crédulas sobre los generosos beneficios recibidos. Aunque la `coincidencia´ más consternante en este entramado de vínculos sería que Mario Antonio Glades, socio del contador que asesoraba la asociación ilícita, es nada más ni nada menos que el propio contador general de la Provincia, o sea, quien les pagaba los trabajos a Dual Core SRL.

Otros profesionales “entretenidos”

El mismo día que detuvieron a Correa y los demás asociados, un grupo de profesionales festejaban cumpleaños con profusa difusión pública sin percatarse tal vez que el hecho podría rozarlos. Es que como al pasar, del allanamiento al estudio contable de Gatica salió sin embargo una información que traería más nombres a la causa. Y sería porque “de los balances de Dual Core SRL, Gatica sólo firmó el primero, y los otros tres los firmó Eguillor”, confirmó extraoficialmente una fuente bien informada. Cristhian Eguillor sin embargo además de sus trabajos privados, renunció a sus funciones públicas como presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) de Chubut el 7 de febrero pasado por diferencias con la nueva gestión de gobierno. Ese Instituto administró nada más y nada menos que la obra social SEROS, que atiende a todos los empleados públicos, y cuyas prestaciones hoy están cortadas, dado que sólo el Estado provincial le adeuda más de 447 millones de pesos por los aportes que no fueron del afiliado a la obra social.
Eguillor, contador público y con especializaciones en gestión pública, fue antes que titular del ISSyS, gerente general del GIRSU en Trelew, y antes también había pasado por el ISSyS entre 2008 y 2011, en la segunda gestión de Mario Das Neves. Actualmente comparte estudio con el abogado y ex secretario privado de Das Neves hasta su fallecimiento, Gonzalo Carpintero, (
http://www.paginasamarillas.com.ar/fichas/estudio-gonzalo-carpintero-cristhian-eguillor_13260760/ )
Para muchos, las implicancias de la ley 25.246 sobre las obligaciones y deberes de los profesionales en Ciencias Económicas, podría alcanzar a quienes legitimaron a Dual Core SRL y sus operaciones con dineros públicos. Según la Ley, “Si el profesional no cumpliera con su obligación de informar será penalizado con multas de: Una a diez veces el valor total de los bienes u operaciones a los que se
refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave; y $ 10.000 a $100.000, cuando no se pueda establecer el valor real de los
bienes (sic)”.

Pagando `alquiler´ por adelantado

Uno de los que no la habría pasado bien de entrada luego de ser detenido el miércoles pasado sería Diego Luther, secretario privado del propio Diego Correa. Al parecer los reclusos no tardaron en pedir el pago de derecho a inquilinato y Luther terminó perdiendo sus zapatos, a cambio de unas viejas zapatillas que nadie sabe bien de quienes eran. “Si a horas de detenido debió entregar su propio calzado, en seis meses no le alcanzarán sus bienes para negociar con la ´perrada´”, reflexionó un referente sorprendido por el modus operandi dentro del sistema carcelario. Según la acusación de la justicia, en las contrataciones “intervenía de manera activa, Diego Luthers, secretario privado de Correa, quien, al carecer de firma necesaria para generar los pases correspondientes, a fin de dar continuidad al trámite de contratación, le hacía firmar a Darío Alexis Gabra, quien sí poseía firma habilitada al efecto, toda vez que era Director General de Administración”. Posteriormente, a fines del año 2016, “con el propósito de ampliar el espectro de la organización delictiva, y siempre teniendo en mira el incremento patrimonial personal adquieren la empresa Sepat SRL, que, por ese entonces, uno de los socios de la misma, era Alexis Darío Gabra. Luthers y Correa oficiando ambos de intermediarios consiguen dos personas interesadas en comprar la mencionada firma, nada menos que la hermana de su pareja de nombre Giuliana Mc Leod, con residencia en La Plata, y Darío Correa, pariente del Subsecretario, con residencia en Quilmes”, describieron los fiscales. Los acusadores dijeron que “Diego Luthers hace el contacto con el contador Federico Gatica, a fin de concretar el traspaso de la mencionada firma, la cual se da, según constancias de Inspección de Personas Jurídicas, en noviembre del año 2016, donde Gabra, vende, cede y transfiere cuotas sociales de Sepat a Giulana Mc Leod y a Dario Correa”

Buzzi y Di Pierro vuelven al banquillo

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia declaró procedente la impugnación del fiscal en la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario y desobediencia judicial al exgobernador de Chubut Martín Buzzi y al exintendente de Comodoro Rivadavia Néstor Di Pierro.
Los jueces declararon procedente la impugnación al fallo presentada por el fiscal Héctor Iturrioz, revocaron la decisión del juez unipersonal integrante del tribunal de juicio quién había decretado la nulidad de la audiencia de apertura y de todo lo actuado. Asimismo, el tribunal resolvió “remitir el presente fallo a la instancia, para la continuación del trámite”, es decir que se continúe con la instancia de juicio oral y público del caso, “incluyendo el pronunciamiento sobre el planteo de prescripción de la acción penal”.
El juez Panizzi sostuvo en su voto que “el artículo 94 del Código Procesal Penal autoriza la representación del imputado por un defensor con poder especial para el caso, quien lo podrá reemplazar en todos los actos. En el trámite, los atribuidos Martín Buzzi y Néstor Di Pierro no comparecieron por sí a la audiencia de apertura de la investigación del 6 de agosto de 2015, sino mediante sus defensores de confianza. En efecto, los abogados particulares invocando aquella norma, participaron del acto y se noticiaron del inicio de la investigación en contra de sus asistidos”.
“La decisión judicial que acogió el planteo posterior, que introdujeron en el inicio de la audiencia de debate los nuevos defensores de los incusos, es arbitraria, pues desconoce la figura del defensor mandatario que prevé la ley ritual”, indica el dictamen
Panizzi concluyó que “advierto una contradicción en el cuestionamiento de los inculpados, pues ellos mismos en la audiencia de apertura de la investigación propiciaron su intervención a través de un mandatario, y más adelante, plantearon la invalidez de aquello”.

Eliceche y Dufour le prenden velas al Superior

La causa está en la órbita del Superior Tribunal de Justicia, y en los próximos días deberá expedirse el tribunal integrado por los ministros Mario Vivas y Miguel Donnet y el camarista de Trelew, Raúl Adrián Vergara. Es que la última semana el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado pidieron la revocación del fallo dictado por el juez Fabio Monti, por el cual el exgobernador Martín Buzzi, el exministro Coordinador, Carlos Eliceche, la exministra de Economía, Gabriela Dufour, el extitular de Ganadería y Pesca, Pedro Zudaire, directivos de Corfo de la gestión anterior, el empresario Omar Segundo, su hijo Juan Pablo, y el exgerente de Alpesca, Carlos Molina, fueron sobreseídos del delito de Administración fraudulenta contra el Estado provincial.
El magistrado envió a Buzzi y a Eliceche a Juicio Oral y Público por malversación de caudales, una carátula que prevé penas muy inferiores en relación a la tipificación planteada por los acusadores.
El jefe de Fiscales de Puerto Madryn, Daniel Báez, sostuvo que “claramente estamos en presencia de un fraude”, dijo y enfatizó que “el juez Monti se ha equivocado groseramente, en primer lugar, porque en una audiencia preliminar no puede valorar prueba, para eso están los juicios orales y públicos y, además, por la conclusión a la que arriba. El magistrado afirma que existieron irregularidades, pero entiende que el fin justifica los medios, que esa plata fue a los trabajadores y que por eso se trata de una maniobra lícita”.
Báez enfatizó que “la decisión del doctor Monti sienta un antecedente peligroso, el mensaje que deja es que si hay una razón específica, como pudiera ser la necesidad de pagar un tratamiento médico, una persona está habilitada para robar. No estamos discutiendo el fin sino los modos”. Si el Superior será ahora quien deje sentado un importantísimo precedente en un momento donde toda la sociedad chubutense está mirando lo que pasa con estos casos de “irregularidades” con dineros públicos.