Es sabido que, independientemente de las obligaciones de cada gestión nacional, provincial o municipal, uno de los sellos más distintivos de las administraciones es la impronta social que marcan en el colectivo social; más aún, en tiempos en los que, a lo largo y ancho del país, existen tantas comunidades con necesidades insatisfechas en cuanto al empleo, la vivienda y los servicios.
Consecuentemente, las políticas sociales resultan un eje fundamental para el desarrollo de las ciudades, sin dejar de mencionar el seguimiento, acaso necesario, para garantizar una continuidad de dicho sello en la gestión pública, a través del tiempo.
Uno de los ejemplos más evidentes, en la provincia del Chubut, es la ciudad de Puerto Madryn, donde el Estado Municipal impulsa un mapeo social en distintos barrios, con el objetivo de contribuir al diseño y la planificación de programas sociales.
La metodología, consistente en encuestas -de ello surge el nombre de “Encuesta de Familia”-, comenzó como un censo a principios del año pasado y continúa este año, buscando generar indicadores y estadísticas que permitan un mejor abordaje de las problemáticas propias de cada barrio, sector y de la comunidad en general.

La juventud, eje de las políticas sociales

Durante los últimos años, distintos estudios e investigaciones han buscado reforzar la metodología en la que se construyen las políticas sociales, dependiendo de las particularidades de cada municipio.
Uno de esos relevamientos es el titulado “Planificación de Políticas, Programas y Proyectos Sociales”, elaborado por Nicolás Fernández Arroyo y Lorena Schejtman para Cippec, que apunta a las herramientas y ejemplos para “impulsar la planificación y apoyar tanto al diseño como a la implementación de las políticas de niñez y adolescencia en el ámbito municipal”, según expresa el documento.
En esta línea, el informe da cuenta de que “la complejidad inherente a las políticas sociales, en especial a las destinadas a niños, niñas y adolescentes, supone un desafío que involucra a los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal”, recordando que “durante las últimas décadas, los gobiernos locales asumieron un rol protagónico en el diseño, implementación y evaluación de políticas sociales destinadas a infancia y adolescencia”, lo cual se debe, “principalmente, a dos procesos que se desarrollaron a partir de la década de los ochenta y que pueden condensarse en la descentralización de funciones hacia jurisdicciones subnacionales, como provincias y municipios, y a un cambio en el abordaje de las políticas de niñez y adolescencia”.

Descentralización progresiva

En este contexto, el documento hace referencia a las “3P”, políticas, programas y proyectos, sumando a ello que “desde 1980, la Argentina atraviesa un proceso de descentralización que torna ineludible la reflexión sobre las capacidades del Estado en todos sus niveles para asumir viejos y nuevos desafíos”, remarcando que “identificar qué es lo que se va a planificar, monitorear, evaluar o coordinar, es decir, cuál será el objeto, no es una cuestión menor; de hecho, si no tenemos claridad acerca de las características de ese propósito, será difícil realizar un diseño adecuado”.
Sobre esta línea, establece que “al igual que las políticas, los programas y proyectos no se mantienen en el tiempo tal como fueron diseñados; cuando se ponen en marcha, entran en relación con otros programas y proyectos, o con otras formas de organización, y sufren modificaciones”, añadiendo que “la relación de los programas o proyectos sociales con la política social en los distintos niveles (nacional, provincial o municipal) será virtuosa, o no, según cuáles sean las características que asuman los procesos de gestión, las condiciones del contexto y las capacidades estatales”.

Ciclos de creación y ejecución

En cuanto al ciclo de vida de las “3P”, el documento indica que las etapas de las mismas “suelen ser presentadas a través de un ciclo secuencial de la política que, si bien no es más que una construcción analítica, otorga el beneficio de constituir un marco de referencia y permite ordenar sus distintas fases”.
Sobre esto último, describe las etapas como “la identificación del problema (necesidades no satisfechas, derechos vulnerados)”, “la decisión”; “el diseño y la configuración de la política pública, con el correspondiente planteo de objetivos y metas”; “la implementación” y “la evaluación”.

Cada gestión, autónoma y con sus particularidades

Por otra parte, el informe de Cippec se centra en el sistema municipal argentino, el cual “se caracteriza por su heterogeneidad”, rasgo que “se debe a que la determinación del régimen municipal constituye una facultad reservada a las provincias, y no delegada al gobierno federal”.
En este margen, señala que “bajo su denominación, coexisten veinticuatro regímenes distintos; uno para cada provincia y uno para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidos a su vez por cada una de las constituciones y normativas locales”.
Consecuentemente, “la institución municipal no tiene, entonces, una forma única; en algunos casos, los regímenes provinciales otorgan a los municipios facultades limitadas (regímenes autárquicos); en otros, les conceden una autonomía plena que los faculta para el dictado de su Carta Orgánica (como es el caso de Madryn), la elección de autoridades ejecutivas y legislativas o la autoadministración”.
Además, “cada municipio se define por aspectos como la cantidad de habitantes, el marco institucional, el régimen provincial al que pertenece, las características geográficas y económicas, e incluso la tradición política partidaria de los dirigentes”.
Actualmente, según el último Censo realizado por el Indec en 2010, en el país existen 2.259 gobiernos locales “y solo poco más de la mitad posee un ejecutivo y un legislativo, por lo general, un Concejo Deliberante; el resto son gobiernos locales definidos como comunas, juntas de gobierno o comisiones municipales; pero, a pesar de sus diferencias, es posible encontrar entre ellos muchos puntos en común”.

Los intendentes, más cerca

Otro punto en el que la investigación del Cippec hace referencia es la importancia y el protagonismo que han tomado los municipios durante los últimos años, con un pronunciamiento en la importancia de las figuras de la gobernabilidad: “Los municipios asumieron cada vez más responsabilidades en el entramado institucional argentino hasta convertirse en los principales receptores gubernamentales de las múltiples demandas sociales”, indica, agregando que, con anterioridad, “los procesos descentralizadores implicaron un fuerte llamado de atención sobre la dimensión territorial de las políticas públicas. Sin embargo, hasta que esta reforma institucional cobró fuerza, el territorio local siguió siendo visto como un simple ámbito administrativo desde el cual los habitantes recibían, de modo pasivo, los servicios y programas públicos desarrollados y gestionados por el nivel central del Estado”.
De este modo, “la transferencia de responsabilidades a los niveles provincial y municipal de gobierno hizo aflorar, en las últimas tres décadas, un nuevo tejido de relaciones económicas, políticas y administrativas entre ellos”, precisa el texto de Lejtman y Fernández Arroyo.

La infancia y la adolescencia, en el centro

En otro orden, el documento sindica de manera relevante el “nuevo paradigma” en políticas sociales destinadas a infancia y adolescencia, de las cuales el ejemplo de Puerto Madryn no es una excepción, así como tampoco otras localidades provinciales como Trelew y Comodoro Rivadavia, que hacen especial hincapié en reforzar y cumplimentar las necesidades de dicho sector de la población.
“En los últimos años surgió un nuevo paradigma para abordar las políticas sociales destinadas a infancia y adolescencia. Por su relevancia y peso creciente, afectó rápidamente tanto a la agenda estatal como a la de los organismos internacionales, los ámbitos académicos y las organizaciones de la sociedad civil. Esta corriente interpela al viejo paradigma en general y, sobre todo, a las políticas que deberían diseñarse para responder a los problemas que afectan a los menores de 18 años”, manifiesta el informe; a nivel local, la ciudad del Golfo ha sido punta en muchos de estos aspectos, por ejemplo, a través de programas que impulsan al deporte como eje de disciplina y valores humanos en los jóvenes, con el fin de abordar algunas de las problemáticas más frecuentes de dicho sector, como las adicciones y la delincuencia, a través de las prácticas deportivas impulsadas desde el Municipio.

Atender los reclamos en primera persona

A su vez, el estudio menciona que “planificar políticas de niñez y adolescencia puede, a priori, parecer un enorme desafío para los gobiernos locales argentinos” y que “en los últimos veinte años, las responsabilidades y funciones de los municipios se vieron acrecentadas en forma progresiva; el aumento de la cantidad y diversidad de las demandas que recayeron sobre los gobiernos locales condujo a una complejización de la administración pública local, a la que se sumaron la aparición de nuevos actores en la arena pública y la incorporación de nuevas demandas que superaban ampliamente la antigua prestación de servicios básicos, como el alumbrado, el barrido y la limpieza”.
Actualmente, “los municipios son los primeros en recibir estas múltiples demandas ciudadanas y deben satisfacerlas en un contexto de escasos recursos económicos, tecnológicos y humanos, por lo que se vuelve cada vez más necesario incorporar metodologías que les permitan emprender iniciativas eficientes, efectivas y coherentes; para eso, resulta de suma importancia incorporar a la gestión herramientas de planificación, sobre todo cuando se pretende identificar prioridades y asignar recursos escasos en el ámbito municipal, un contexto de cambios permanentes en el que priman las urgencias y donde la relación entre las áreas estatales y los ciudadanos es cotidiana y muy cercana”.