La abogada Ana Sánchez, patrocinante de un grupo de beneficiarios que presentó un amparo por el cumplimiento de la ley que establece el Transporte Educativo Gratuito en Chubut, confirmó que la Cámara de Apelaciones ratificó el fallo en Primera Instancia que obliga al Gobierno a reestablecer el beneficio.
“La provincia está condenada a reestablecerlo a partir de la notificación de la sentencia”, remarcó la abogada. Y sostuvo que “las leyes y sentencias rigen a partir de la declaración de la sentencia. De aquí en más están obligados a poner de manera automática el subsidio para que el transporte educativo Gratuito pueda funcionar”.
Ante el pronunciamiento de la Cámara, Sánchez sostuvo que “la única instancia que queda y que podría ser utilizada es el recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia”.
“Lo importante de la sentencia es que la provincia alegó ante la Cámara la vigencia de la Ley de Emergencia y la Cámara entendió que no debía hacer lugar a la Provincia puesto que es una ley vigente desde el año 2014 y entendió que debía confirmarse”, remarcó.
En abril pasado, la abogada Ana Sánchez Elgue, en representación de la “Asamblea Permanente por el TEG” presentó un amparo colectivo contra la provincia del Chubut para exigir la continuidad del TEG y la titular del Juzgado Laboral Nº 1 de Puerto Madryn, Carolina Barreiro, hizo lugar.
En el fallo, condena a la provincia a restablecer el pago a las empresas de transporte urbano e interurbano y declara la inconstitucionalidad del artículo 4 del decreto 117/18 que regulaba requisitos para el acceso al beneficio.
Lo cierto es que el TEG está definido por ley pero a dos meses de iniciado el cicle lectivo las empresas no tienen novedades concretas. La supuesta garantía de continuidad para este beneficio contrasta con el vaciamiento jerárquico que se vio en las oficinas de Madryn, con las movilizaciones estudiantiles en Comodoro y con las expresiones de que sostener el TEG para el gobierno provincial implica unos 20 millones de pesos mensuales.
La letrada recordó que en medio de esta situación el gobierno provincial, bajo el argumento de que no cuenta con recursos económicos para implementar el transporte escolar gratuito, dictó un decreto reglamentario que a todas las luces es ilegal porque no puede achicar el universo de beneficiarios.
Si se quiere cambiar el método debe hacerse a través de una ley modificatoria que no se impulsa quizá para no sufrir el costo político que tal medida conllevará, analizó Sánchez Elgue.