El juez federal Sebastián Casanello procesó ayer al ex titular de la AFIP durante el kirchnerismo Ricardo Echegaray y al ex responsable de la DGI Angel Toninelli por «encubrimiento agravado» de la evasión impositiva que cometió el titular de la empresa «Austral Construcciones», el detenido Lázaro Báez.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado resolvió procesar al exfuncionario luego de indagarlo en la causa por la «ruta del dinero K», sumado a que le impuso un embargo de 70.412.000 de pesos en su contra.
En su fallo, el juez Casanello procesó a Echegaray y Toninelli por supuesto «encubrimiento agravado» e «incumplimiento de deberes de funcionario público» al considerar que frenaron investigaciones sobre las llamadas «usinas de facturas truchas», la herramienta que le permitió cometer maniobras evasivas millonarias a «Austral Construcciones» del grupo Báez.
“La obligación de velar por los intereses fiscales del Estado y de controlar derivan del Decreto 618/97, cuyo artículo 4 establece que corresponde a la AFIP ‘la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales respectivas’, por lo que no quedan dudas que Echegaray y Toninelli también incumplieron deliberadamente con un acto de su oficio al que estaban legalmente obligados», advirtió el magistrado.
En función de ello, dijo el juez que «la consecuencia directa de los hechos por los cuales Echegaray y Toninelli son procesados aquí se observan de manera palmaria, y el perjuicio ocasionado asciende, como hipótesis de mínima, a $70.400.000, conforme al análisis efectuado».
Particularmente se aludió a la «obstrucción» de fiscalizaciones que intentaron realizarse entre mayo y julio del 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca sobre empresas proveedoras del grupo Báez, y cuya filial luego directamente fue cerrada.
Según sostuvo Casanello, esas empresas que debían ser controladas son las que eran utilizadas como usinas de facturas apócrifas usadas por la empresa de Báez.
Sobre el cierre de la filial del organismo recaudador en Bahía Blanca, el juez marcó que «las distintas pruebas valoradas en su conjunto permiten inferir que ese motivo fue utilizado como pantalla para disolver la regional y tomar un control efectivo de las fiscalizaciones».
Este es el segundo revés judicial en dos días que recibe Echegaray, ya que el día anterior el juez federal Julián Ercolini lo envió a juicio oral y público junto a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por la falta de pago de 8.000 millones de pesos en impuestos al Estado Nacional de la firma Oil Combustibles.
El juez dio por cerrada la investigación y remitió el expediente a un tribunal oral para juzgar a los dos empresarios implicados, que se encuentran con prisión preventiva, y al ex jefe de la AFIP en el período comprendido entre los años 2009 y 2015.
A Echegaray, como en la causa que comparte con Báez, en tanto, se lo acusa por la falta de control sobre los empresarios en virtud de haber sido el titular del organismo recaudador del momento: «Deliberadamente no exigió a Oil el pago del impuesto», sostuvo la Fiscalía.