El ex intendente de Sarmiento Sebastián Balochi y los ex funcionarios municipales Rubén Camarda y Daniel Miguenz finalmente fueron imputados en una nueva causa judicial como presuntos autores del delito de administración fraudulenta.
En esta oportunidad, la denuncia corresponde a la compra de palmas para alumbrado público, que debían ser colocadas en la avenida 2 de abril de esa localidad. La operación se habría realizado mediante una contratación directa, y para la Fiscalía, no se cumplió con lo establecido por la ordenanza aprobada para este tipo de compras. El Ministerio Publico Fiscal, obtuvo un plazo de seis meses para culminar las tareas investigativas.
El acto judicial fue presidido por el magistrado Jorge Novarino; la Fiscalía estuvo representada por el Fiscal Herminio Gonzales Meneses. Los imputados Balochi y Camarda, fueron asistidos por el abogado de la Defensa Publica, Gustavo Oyarzun. En tanto, Miguenz, recibió la asistencia técnica del abogado particular Guillermo Klaur.

Acusación

En la audiencia, Meneses sostuvo que investigará lo ocurrido entre los meses de junio y agosto del 2015, cuando mediante Resolución N° 528/15, el intendente Sebastián Ángel Balochi, junto al secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Rubén Alberto Camarda y el Secretario de Hacienda, Daniel Miguens, decidieron adquirir, mediante concurso privado de precios, 33 palmas de alumbrado público por el valor de 678.810 pesos. Y afirmó que las mismas no resultaron útiles para la zona, por su escasa resistencia a los fuertes vientos y las consideró de baja calidad por el grosor del material y la baja estatura de las mismas.
Po otra parte, Meneses indico que la compra se realizó por un monto significativamente superior al valor de plaza, provocando un claro perjuicio económico a la administración pública municipal. En ese marco, agregó que las palmas se encuentran apiladas en la Planta Cementera Municipal ubicada en calle Elcira Sáez del barrio «Progreso».
Detalló también que la operación de compra fue llevada adelante con la firma “Caño Sur S.A.”, en tres etapas durante el año 2015. Asegurando que las dos últimas adquisiciones se efectuaron a través de la modalidad de compra directa.
Sobre la calificación legal, propuso que se investigue a los ex funcionarios municipales como presuntos coautores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida contra la administración pública. Para finalizar su investigación, peticionó un plazo de seis meses.

La defensa

A su turno, los abogados defensores realizaron un planteo de excepción de competencia del Tribunal, al entender que este tipo de trámites ameritan la intervención previa del Tribunal de Cuentas de la provincia de Chubut, a los fines de que cuando el organismo de contralor, emita su dictamen, se establezca si corresponde avanzar en el ámbito del derecho penal.
En este marco, el ex Jefe Municipal, utilizó su derecho a declarar en esta etapa del proceso y sostuvo que la compra de palmas de alumbrado público corresponde a la política de integración territorial desarrollada durante su gestión, en la cual se pavimentaron más de 100 cuadras.
También agregó que para esta operación se realizó el concurso de previos previsto por la ordenanza municipal. Con respecto a la calidad de los materiales, aseguro un informe realizado por profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) confirmaba que las palmas adquiridas eran las adecuadas para el alumbrado público en ese sector de la localidad.
Luego de un cuarto intermedio, Nomarino, resolvió no hacer lugar a las postulaciones de los abogados defensores. Así las cosas, resolvió tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio contra los ex funcionarios municipales, bajo la calificación legal provisoria propuesta por el Ministerio Publico Fisca, fijando el plazo de seis meses para que se terminen las tareas investigativas.