La reciente decisión del gobierno nacional de modificar el régimen de asignaciones familiares, que reduce el beneficio por “zonas diferenciales” para la Patagonia, provocó profundo malestar en toda la región y en particular en Chubut, donde el gobernador Mariano Arcioni ya anunció que presentarán un amparo en la Justicia en contra de la rebaja a las asignaciones familiares, además de lanzar un pedido de inconstitucionalidad al aumento en las tarifas del gas.
El mandatario provincial aseguró que “vamos a estar haciendo dos presentaciones judiciales: En primer lugar, un recurso de amparo por la quita en las asignaciones decretada por el gobierno nacional, un derecho adquirido por nosotros como chubutenses y patagónicos. En segundo lugar, vamos a interponer una acción de inconstitucionalidad para que se retrotraigan las tarifas del gas al mes de abril”.
El titular del Ejecutivo provincial insistió con la unidad de las autoridades de la región, sosteniendo la necesidad de llamar a todos los gobernadores y legisladores patagónicos a acompañar el documento y aunar esfuerzo detrás de ese objetivo. “Necesitamos ser un bloque sólido de provincias patagónicas a las que nos une la misma lucha, nada de individualismos. No queremos ser variable de ajuste, queremos que nuestra región tenga voz y decisión”, concluyó Arcioni.

Reunión con Triaca

Paralelamente a la medida judicial, el Gobernador busca reunirse con autoridades nacionales. Así lo anticipó el ministro Coordinador de Gabinete de Chubut, Marcial Paz, quien reveló que Arcioni ya solicitó una reunión con el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, para exigirle que el gobierno nacional revea los recortes de las asignaciones a las provincias patagónicas, afirmando que esta medida impactará de manera directa sobre 95.000 trabajadores chubutenses.
Si bien Paz dijo que todavía no se definió la fecha del encuentro, manifestó que “esperemos que haya una reconsideración, sé que hay muchos sectores institucionales y gremiales que están sumados a esta proeza de que se deje sin efecto este decreto”.

Una curiosa guía

En el marco de las discusiones entre el gobierno provincial y las provincias más perjudicadas por el recorte en cuestión, desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) lanzaron una publicación denominada “Guía para entender los cambios en asignaciones familiares y ganancias”.
Específicamente, el informe revela que además de la eliminación de las zonas diferenciales para el cobro de la Asignación Familiar por Hijo, se incrementará el tope salarial mínimo para percibir el beneficio: de 200 pesos a 2.816. También se reducirán los topes de ingreso familiar e individual máximo de 94.786 pesos a 83.917 y 47.393 a 41.959, respectivamente.

Zonas diferenciales

Sobre los cambios en el régimen en asignaciones familiares, el CIPPEC dedicó un espacio puntual para explicar la eliminación de las “zonas diferenciales”, por la que niños y niñas de algunas provincias podían acceder a transferencias mayores. Puntualmente, el organismo independiente detalló que esta medida “podría exacerbar la fragmentación actual del sistema”. “Esta eliminación reduciría el monto otorgado a al menos 300.000 niños que reciben las Asignaciones Familiares por Hijo, pero se mantendrían para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y para la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad. Esto acentúa la actual heterogeneidad de criterios en los distintos tipos de prestaciones. Además, las zonas diferenciales para el cobro de la AUH siguen siendo distintas que para el cobro de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad”, explicó el documento.
Cabe aclarar que las zonas diferenciales seguirán con vigencia hasta septiembre y actualmente incluyen a todas las provincias patagónicas (Chubut, Tierra del Fuego e Islas del Antártico Sur, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén); La Pampa y algunos departamentos de las provincias de Mendoza, Salta, Catamarca, Formosa y Jujuy.

“Equiparación para abajo”

Estas zonas fueron incorporadas en 2004 con la intención de adecuar las asignaciones al “desarrollo de la actividad económica local, los índices de costo de vida o de variación salarial y la situación económico-social de las distintas zonas”. Igualmente, el CIPPEC precisó que “la definición de las zonas actualmente vigentes no parece estar regida por un único criterio, dado que hay provincias con ingresos promedios superiores al nacional, pero también hay regiones desfavorecidas del noroeste argentino y noreste argentino”.
Por último, el organismo destacó que “si bien la eliminación de las zonas contribuye a dotar de mayor homogeneidad al régimen, esta mayor homogeneidad ocurrió en forma de equiparación para abajo en lugar de plantear criterios concretos para la definición de las zonas y los porcentajes de aumentos respecto de los valores generales de las asignaciones”.

Diputados radicales, en contra del recorte

Diputados patagónicos de la Unión Cívica Radical (UCR) impulsarán un proyecto para restituir los diferenciales por zona en las asignaciones familiares. La iniciativa será presentada esta semana en el Congreso Nacional, bajo la firma de Gustavo Menna, de Chubut; Nadia Ricci y Roxana Reyes, de Santa Cruz; Lorena Matzen, de Río Negro; y Daniel Kroneberger, de La Pampa.
Según los legisladores, el proyecto cuenta con sólidos argumentos jurídicos y en él se menciona que la Ley 24.714, que instituye el Régimen de Asignaciones Familiares, “prevé la existencia de diferencias regionales basadas en los mayores costos que implica residir en determinadas zonas geográficas con motivo de la lejanía, las carencias logísticas o de infraestructura, los factores climáticos, la falta de acceso a determinados servicios básicos y, en general, todas las consecuencias devenidas del desigual desarrollo territorial con que se ha conformado la Argentina a lo largo de su historia”.
Los representantes radicales patagónicos en la Cámara Baja hicieron mención a detalles que expresa la Reforma Constitucional de 1994, en la que se exige “proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.