Ante un pedido de informes del diputado Eduardo Conde (Cambiemos), el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), notificó las transferencias recibidas de Nación destinadas a la construcción de unidades nuevas entre enero de 2004 y diciembre de 2017.
Los datos suministrados “confirmaron que el ex gobernador Das Neves faltó a la verdad al declarar en su momento que no había recibido dinero de Nación para la construcción de viviendas”, sostiene el legislador.
Un comunicado proveniente de la oficina de Conde afirma que “las cifras oficiales, que ahora proporcionó el IPV Chubut, dan cuenta que entre 2009 y 2010 Chubut recibió de Nación la cantidad de $302.680.923 millones, dinero con el que, a valores de entonces, se podían construir más de 1.400 unidades nuevas”.
El legislador advierte que el ex Ministro de Economía del Chubut, Pablo Oca, reconoció que el 60% de la obra pública se pagaba desde el IPV Chubut. “Hay empresarios que declararon ante la Justicia que tenían que pagar coimas para poder trabajar y cobrar las obras”.
Las últimas informaciones que se conocen desde el Poder Judicial indican que en días más serán citados a declarar, a pedido de los Fiscales que llevan las causas que nacieran a partir del «sobre bomba», varias decenas de responsables de constructoras que podrían haber estado en situaciones similares a las ya reconocidas ante la Justicia por Patricio Musante de la empresa SUDELCO S.A., y el empresario de la construcción de Comodoro Rivadavia, Esteban Torraca.

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Conde anticipó que propiciará un nuevo pedido de Informe al IPV Chubut. Esta vez tendiente a intentar recibir el detalle de cuántas viviendas nuevas se construyeron a partir del 2004 y hasta diciembre de 2017 con el dinero que transfiriera Nación a Chubut, que solo en los programas FONAVI y Planes Federales alcanza más de $4.400.000.000.
El legislador pretende saber en qué lugares de la provincia se ejecutaron las viviendas, a qué programas correspondían y quienes fueron los beneficiarios de esas unidades habitacionales. Los datos proporcionados con anterioridad por el IPV indican solo 8.606 unidades construidas. Si es que se realizaron las obras, falta identificar unas 12.000 viviendas, y quienes fueron los adjudicatarios.
«El fin último de nuestra investigación, además de saber la real situación del Instituto de la Vivienda, alude a desentrañar el manejo discrecional y espurio de los últimos gobiernos provinciales respecto de los recursos dinerarios recibidos de Nación, de forma de saber fehacientemente, cuánto de esos fondos fueron adecuadamente utilizados o, por el contrario, en qué medida contribuyeron al perverso negocio de la corrupción», concluyó Conde.