En la negociación con las provincias por el presupuesto de 2019, el Gobierno propuso una serie de alternativas de recortes de gasto nacional y provincial, que incluye que los estados cedan 5% de la coparticipación del IVA que reciben para financiar la ANSeS, en un año en que las jubilaciones crecerán en términos reales, según indicaron fuentes provinciales. También, la pérdida del Fondo Federal Solidario, que reparte las retenciones a las exportaciones de soja para realizar obra pública.
Ese financiamiento adicional a la ANSeS, que rondaría los $ 28.500 millones si todas las provincias aceptaran, se realiza cuando aún se está devolviendo el 15% de coparticipación que retenía el organismo previsional y luego de la reforma tributaria que modificó su financiamiento impositivo.

Menú de opciones

El `menú de opciones´ de recorte de gastos para las provincias incluye, también, la rebaja de subsidios a la energía y al transporte, para que las provincias decidan si suben o no las tarifas. También que se hagan cargo de los programas de salud que hoy paga Nación, programas sociales y del Fondo de Incentivo Docente. Además, que cada provincia financie la construcción de viviendas.
«Dieron un menú de ideas de lo que va a ajustar la Nación y lo que podrían ajustar las provincias. Cada provincia elige dónde hacer el recorte», dijo uno de los ministros provinciales que ya se reunió con el Ejecutivo.

Fuerte caída de la economía

A la par y según datos del Indec, se detecta una fuerte caída del 35,2% del sector agrícola ganadero y del 29,2% de la pesca.
«Es complicado el ajuste; el costo político y social es muy alto. Porque que Nación no haga el gasto y que la provincia se haga cargo implica resignar otro gasto para las provincias», agregó. Que una provincia se haga cargo de lo que hoy paga Nación puede suponer un congelamiento de los salarios públicos o baja de empleo público.
El Gobierno justifica el recorte en que perderá recursos por el 1% del PBI en los siguientes cinco conceptos, por 0,2% del PBI por cada uno: la devolución del 15% de coparticipación que retenía ANSeS (12% en efectivo y 3% por préstamo del FGS), el incremento pactado de devolución del Fondo del Conurbano a la provincia de Buenos Aires, la rebaja de impuestos propuesta en la Reforma Tributaria, la continuación del programa de recorte de los derechos a la exportación y la desaparición de los aportes extraordinarios del Banco Nación con los que contó este año. Esta propuesta nace ante todo de la decisión del Gobierno de que la meta de déficit fiscal a 1,3% del PBI en 2019, acordada con el FMI, se logre recortando el gasto público por $ 300 mil millones, un 66% en cabeza de la Nación, en vez de relajar la Reforma Tributaria del año pasado.

¿Sector público financia al privado?

Hay un dogmatismo del Gobierno en no querer frenar la Reforma Tributaria, explicaron en otra provincia, ya que el Ejecutivo prefiere que el ajuste lo haga el Estado y no el sector privado. También en no querer discontinuar la baja programada de las retenciones a las exportaciones
La necesidad de aumentar el financiamiento para la ANSeS mediante la menor coparticipación del IVA se debe a que el gasto en jubilaciones crecerá en términos reales el año que viene porque se indexa con la inflación pasada, alcista, dado que los precios se aceleraron este año. Esa rigidez en el gasto social deja poco margen a la Nación para recortar el gasto.
En tanto, hay acuerdo entre Nación y provincias en que el peso del gasto en jubilaciones requerirá una reforma previsional. Pero hoy las provincias critican que el Estado se haya cargado con el programa de la Reparación Histórica, que pesa un 0,6% del PBI.
A partir de las reuniones que se suceden desde la semana pasada, se espera que en los primeros días de agosto las provincias lleven una contrapropuesta al Ejecutivo.

El peso político de las Provincias

Que primero se junten los gobernadores y se vea políticamente lo que se va a hacer. Acompañar a la Nación para que salga de los problemas implica un costo político para las provincias, agregó un funcionario.
El Ejecutivo también prevé un crecimiento del 2% del PBI, al que el campo aportará la mayor parte (1,5%), y una inflación del 17%. Estas previsiones macroeconómicas son endebles para las provincias, en un contexto de incertidumbre sobre la evolución de la actividad, la inflación y la estabilidad cambiaria.