La problemática del control de armas en Argentina radica, según algunos especialistas, en el hecho de que al frente de los organismos de competencia se encuentran funcionarios que no son idóneos en la temática, sino que han sido designados por decisiones políticas.
A su vez, advierten que “nadie se atreve a tocar la Ley de Armas”, por la Ley de Armas y Explosivos 20.429, “por lo compleja que es”, en un contexto que podría bien asemejarse a lo que ocurre en los Estados Unidos con la Segunda Enmienda, que garantiza el derecho de los ciudadanos a portar armas.
En dicho contexto, el uso de armas repercute aún más, en materia de seguridad, si se tiene en cuenta que más del doble de las armas que están registradas en el país, cifra que asciende al millón y medio, se encuentran circulando en mercados clandestinos y, en la mayoría de las ocasiones, son utilizadas para la comisión de actos delictivos.
En la ciudad de Puerto Madryn, que posee un mapa delictivo muy diferente al de localidades como Trelew, Esquel y Comodoro Rivadavia, la cifra de armas de fuego y “tumberas” secuestradas en procedimientos policiales no es alta y se ubica, en promedio, en los 60 ejemplares incautados al año; sin embargo, la problemática que atraviesa el acceso de quienes cometen delitos con ellas, continúa siendo la misma.

La mayoría “funcionaban”

Fuentes policiales explicaron que los ejemplares más secuestrados en operativos e intervenciones de dicha Fuerza son los denominados “calibre 22 LR Doberman”, armas que se fabricaban durante el auge de la época industrial Argentina, hace más de setenta años.
Concretamente, “son revólveres de pésima calidad”, indicaron, agregando que las mismas en su mayoría “no están registradas por la burocracia que significa registrar un arma”.
En el mercado negro de armas, por un lado, están comprendidas las armas antiguas que circulan desde hace más de años, con modelos como Colt, Browning, revólveres calibre 38 largos, armas militares como por ejemplo las pistolas 1125, las cuales “siguen circulando, ya que las armas no tienen un uso diario constante”.
En promedio, de unas cien armas antiguas provenientes del mercado ilegal, unas tres no han funcionado; es decir que, la tasa de efectividad de las mismas es altísima.
“Las armas que se suelen secuestrar, en su mayoría, son aptas para efectuar disparo”, agregaron fuentes policiales.
Este tipo de ejemplares no sólo es de “pésima calidad”, sino que “son de una aleación barata, que se suele romper y hasta es peligrosa para quien efectúa el disparo, porque le puede explotar en la cara”, añadieron.

Qué buscan los delincuentes

Suele entenderse que, cuando un delincuente protagoniza un delito contra la propiedad, comúnmente denominado “entradera”, lo que busca es objetos de determinado valor en el mercado, como por ejemplo electrodomésticos.
Sin embargo, la realidad policial asegura que los objetivos, casi siempre, suelen ser otros: “Entre un (televisor) LED curvo 4K y un arma, siempre el delincuente va a preferir esta última”, aseguraron, con respecto a los casos en los que ciudadanos aficionados al uso de armas de manera particular, o bien coleccionistas de las mismas, suelen sufrir hechos de robo en sus viviendas.
Esas armas “entran en el circuito” clandestino, remarcaron, agregando que “suelen buscar armas, plata, drogas, y después pasan a los electrodomésticos”.

Qué armas son las más incautadas

Otra problemática que se conoce con menos frecuencia es que “también, suelen querer robarle armas a los miembros de la Policía”, teniendo en cuenta que las mismas suelen tener una alta efectividad, ser medianamente nuevas y funcionar de manera correcta, algo que no puede garantizar un arma de fuego obtenida a través del mercado clandestino.
Las armas más secuestradas por la Policía son las calibre 22, “ya que se consiguen las balas y suelen ser baratas”; en segundo lugar, los revólveres 9 milímetros y, por último, el calibre 38.
Las armas de caza suelen ser consideradas un segmento totalmente distinto al de las regulares.
“Cuando se encuentra un cazador furtivo, que no es precisamente un delincuente que va a cometer un robo, suelen utilizar un (rifle) calibre 22 o un ‘.308’, calibres muy fuertes y de guerra, en el caso de última”, precisaron.
Existen, actualmente, dos tipos de usos para las armas de fuego por parte de ciudadanos, el “uso civil” y el “uso civil condicional”; en este último caso están contempladas las armas de grueso calibre, donde los requisitos para acceder a las mismas son mayores que en las primeras.

“Made in Argentina”

Las denominadas “tumberas” integran, en otro orden, un mercado que ha crecido de manera considerable durante los últimos años.
“Para fabricar una, se debe tener conocimientos mínimos de cómo funciona un arma, y saber el manejo de algunas herramientas; se dicen que las ‘tumberas’ están escondidas, ya que hay que afilar la vista para darse cuenta que se está ante una”, indicaron desde la Policía.
Se trata de un arma que “legalmente se la encuadra como un arma disimulada” y que empezó a aparecer hace algunos años, frecuentemente en manifestaciones: “Por ejemplo, un manifestante lleva una parte golpeando el bombo y el otro como la parte de abajo de una pancarta, no la llevan entera, ya que en este caso se configuraría el delito de la portación ilegal de arma”.
Sin embargo, “cuando lo ven necesario, juntan las dos partes y ya tienen la ‘tumbera’”.

Piden informes sobre destrucción de armas

Por otra parte, en el marco de la profundización de las críticas hacia las políticas de control de armas y la falta de efectividad en los programas de desguace, recientemente en el ámbito nacional, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Fernando Espinoza, presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo Nacional remita a la Cámara Baja diversas informaciones relacionadas con el cumplimiento de la Ley 26.216, que fue sancionada en 2006, en lo relativo al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
La iniciativa solicita al Gobierno Nacional que envíe una copia de los documentos previstos en el Artículo 11 de dicha normativa, que establece que la Autoridad de Aplicación, en este caso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, deberá producir un informe mensual en el que conste el detalle de los materiales entregados y destruidos.
Además, solicita información sobre las campañas de difusión del Programa y consulta si se han realizado estudios sobre el conocimiento de la población respecto de su vigencia.
Finalmente, se le pide al Ejecutivo Nacional que indique si ha implementado el “Premio Federal” al Municipio que reciba la mayor cantidad de armas de fuego, de acuerdo a lo que reza el Artículo 10 de la Ley.

Erradicar las armas de la sociedad civil

En los fundamentos del proyecto, el diputado remarcó que la tenencia de armas ilegales plantea una problemática doble, ya que por un lado aumenta el peligro por el mal uso cuando el portador no tiene ánimo delictivo y por el otro es un elemento necesario para el ejercicio de la delincuencia.
Además, remarcó que el objetivo de contar con los informes mensuales que el órgano de aplicación debe realizar según la Ley, es dotar al Congreso de la Nación de los insumos necesarios para elaborar iniciativas que apunten a lograr la construcción de una sociedad “menos violenta”, a partir de un “fuerte compromiso con la erradicación de las armas ilegales y la limitación de las legales en lo razonablemente posible”.

La ANMaC, sin recursos

Otra de las organizaciones que criticó duramente la falta de políticas concretas de desarme la red Nacional contra el Desarme (RAD), que calificó al Ejecutivo como un “Gobierno ProArmas”, advirtiendo que recientemente el ministro de Justicia, Germán Garavano, “le entregó el control de las armas civiles a un experto tirador crítico de las políticas de restricción y desarme”.
En este margen, desde la entidad plantearon que “tras la renuncia de Natalia Gambaro a la Dirección Nacional de la ANMaC (ex RENAR), el Poder Ejecutivo Nacional confirmó como nuevo director del organismo encargado del control de las armas de fuego del doctor Eugenio Cozzi, ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, legítimo usuario de armas, tirador deportivo experto y crítico de las políticas restrictivas en cuanto a la tenencia y uso de las de fuego”.
Seguidamente, “tras negarse sistemáticamente a darle recursos propios a la ANMaC, ahora el ministro Garavano deja el organismo en manos de los usuarios, vendedores y fabricantes de armas y municiones”, agregaron.