Además de los cientos de «aportantes truchos» denunciados, aparecieron otros aportantes que dicen que donaron $5 millones y no figuran en el listado oficial presentado ante la Justicia Electoral.
El dato surge de la auditoría interna que encomendó la gobernadora María Eugenia Vidal a un equipo de colaboradores de su propio partido y estrecha confianza. Se cree que muchos de esos «aportantes reales», que no figuran, fueron reemplazados por personas que no realizaron ningún tipo de aporte y cuyos casos, poco a poco, salen a la luz.
Estos datos preliminares muestran el nivel de descontrol financiero que imperó en la campaña de Cambiemos durante las legislativas del año pasado, lo que derivó en una investigación periodística, múltiples denuncias penales y la remoción de la contadora general de la provincia a Fernanda Inza, una estrecha colaboradora de Vidal que se desempeñó como tesorera de las campañas de 2015 y 2017.
Vidal se vio forzada, además, a anunciar una auditoría interna de su campaña que quedó en manos de tres funcionarios que responden directamente a la propia gobernadora o, incluso, al presidente Mauricio Macri. Se trata del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas; del ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, y del asesor general de Gobierno provincial, Patricio Blanco Ilari.
Una vez concluida esa auditoría, desde el entorno de Vidal prometen que entregarán a la Justicia sus resultados y toda la información disponible sobre la campaña de 2017. Pero eso podría demorarse por el grado de «dispersión» e «informalidad» verificado hasta ahora en el sistema recaudatorio. También, porque esperarán a que se determine si se unificarán en un solo juzgado todas las causas penales que se abrieron en los fueros provincial y federal, lo que podría demorar varias semanas, ya que hoy se levanta la feria judicial.

Una única culpable

Hasta ahora, la responsabilidad por el escándalo de los aportantes falsos solo recayó en Inza, quien debió presentar su renuncia como contadora general pero continúa vinculada a Cambiemos. Por un lado, porque Alejandro Pérez Chada, abogado personal del presidente Macri y del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, asumió como su defensor. Por el otro, porque el equipo de prensa de Vidal aún responde por ella.
Sin embargo, desde la gobernación insisten en que Inza es la responsable del manejo financiero de la recaudación electoral de 2017 y todos los cañones apuntan en la misma dirección sin mencionar otros posibles culpables o responsables por la oscura situación de los fondos de campaña. «Ella tomó la decisión y ella se equivocó», dijeron las fuentes oficiales. E intentaron despegar del escándalo a la gobernadora Vidal y al jefe de Gabinete, Federico Salvai.
Las investigaciones judiciales podrían modificar el panorama, por ejemplo, a partir de la denuncia de la senadora kirchnerista Teresa García, quien apuntó directo contra la gobernadora Vidal, presentación que quedó en manos del juez federal platense Ernesto Kreplak.
Si cumple con sus objetivos, la auditoría implicará una tarea ardua: deberá ser lo más transparente posible para que no queden dudas sobre la procedencia de los fondos de campaña y las personas que figuran como donantes. También, explicar cuántos aportantes son truchos, cuántos figuran como afiliados al Pro y cuántas de esas afiliaciones también pueden ser apócrifas. Entre otros motivos, porque un primer relevamiento de la Justicia Electoral arrojó que 99 de 100 casos testigo de personas que figuran como aportantes (y niegan serlo) también aparecen afiliadas al Pro.