El Gobierno Nacional elevó el piso y bajó el techo para acceder al cobro de las asignaciones familiares y eliminó los beneficios que en ese concepto alcanzaban a más de 100 mil chicos de provincias de la Patagonia y algunas zonas del norte. La medida salió por decreto, comenzará a regir a partir de septiembre y fue presentada con el objetivo de aumentar la recaudación por aportes de empleadores, aunque implicará un ajuste en el gasto social.
Con Mauricio Macri en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica, la vicepresidenta Gabriela Michetti, Marcos Peña, jefe de Gabinete, y Jorge Triaca, ministro de Trabajo, firmaron el decreto. Una de sus disposiciones es equiparar el valor de las asignaciones familiares en todo el país y de ese modo las personas de las zonas en las que se percibían beneficios pasarán a cobrar menos de la mitad.
Hasta ahora, el monto general era de $1.578 para los trabajadores en relación de dependencia con salarios más bajos y ascendía a entre $3.155 y $3.407 para los registrados en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y departamentos de Catamarca, Jujuy y Salta, entre otras zonas.

Mismo monto para todos

“El objetivo es seguir aumentando la cobertura de las asignaciones y queremos que sea pareja para todos. El extra no tenía un criterio de lugares con mayores niveles de pobreza, era algo antiguo para poblar regiones y no se podía sostener”, dijo Emilio Basavilbaso, titular de la ANSeS.
“Había una distorsión. Es lo mismo un chico de La Matanza que uno de Tucumán o del Sur. La mayor pobreza la tenemos en el conurbano bonaerense y en el norte”, aseguró Triaca en el mismo sentido.
Los funcionarios remarcaron que en el caso de los hijos con discapacidad no se modificarán los diferenciales por zonas. En un momento se había analizado y quedó descartado por el poco margen político. Acaso influyó el tropiezo de hace poco más de un año, cuando el Gobierno avanzó con un ajuste de miles de pensiones por discapacidad y luego debió dar marcha atrás por la reacción de los afectados y buena parte de la opinión pública.

Elevan el piso y bajan el techo

A su vez, el Gobierno analizaba a partir del cruce de datos entre la ANSeS y la AFIP presuntas irregularidades y “dobles beneficios” en el sistema de seguridad social. El Decreto 702/2018 lleva de $200 a $2.816 el piso del salario mensual para acceder a las asignaciones familiares.
“Encontramos empleadores que declaraban trabajadores por poco más de $200 y el Estado pagaba asignaciones por $3000. Había un fraude”, dijeron los funcionarios. Basavilbaso aseguró que los salarios por debajo del nuevo piso no serán dados de baja de inmediato (más adelante, en los casos que eso sucediera, pasarán a cobrar la Asignación Universal por Hijo).
“Lo que hacemos ahora es abrir una ventana para corregir estas situaciones, la idea es que los empleadores declaren lo que pagan realmente y no quede ninguno afuera”, aseguró el titular de la ANSeS. En cuanto al techo, bajará de $94.786 a $83.917 para el ingreso del grupo familiar o de $41.959 de uno de sus integrantes e incluirá las sumas no remunerativas, de acuerdo al Gobierno ante la repetición de casos en los que cobraban asignaciones familiares y aplicaban para deducciones por hijo en el Impuesto a las Ganancias.

A pedido del FMI

En el marco de la aceleración de la reducción del déficit acordada con el FMI, el Gobierno había asegurado que la contención social quedaría al margen del ajuste. Este será el primer recorte en ese ámbito, aunque en la Casa Rosada evitaron dar cifras del ahorro que implicarán las medidas: “Lo vamos a saber en 60 días, ahora estamos cruzando los datos con la AFIP y es probable que no sea significativo, porque en muchos casos van a pasar a la AUH y la idea es seguir ampliando el universo de beneficiarios”.
La eliminación de los extras a las zonas diferenciales tendrá impacto, admitieron en el Gobierno. “Puede generar reclamos, pero tenemos que ordenar el sistema para darle sustentabilidad”, argumentaron los funcionarios.

El gobernador Arcioni instó a “frenar el ajuste de Macri”

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, se refirió a la necesaria puesta en marcha del bloque Patagónico, cuyo sentido cobra aún más fundamento luego de conocido el decreto 702/2018 que impone límites y quitas a las asignaciones familiares tanto de trabajadores públicos como privados de toda la Patagonia.
El Gobierno nacional modificó por decreto el monto máximo de ingresos que los trabajadores registrados deben percibir para cobrar la asignación. Además, quitó el plus para trabajadores en zonas desfavorables, que implica un recorte del 53%. La medida comienza a regir en el mes de septiembre.
“Es un decreto ya publicado en el Boletín con el que se elevó el piso y bajó el techo para acceder a la asignación familiar. Además, eliminó los beneficios que, por ese concepto, alcanzaban a más de 100 mil chicos de la Patagonia”, dijo el mandatario.
El Gobernador agregó que “de esto hablábamos cuando sosteníamos que era necesaria e imperiosa la conformación de un bloque Patagónico. Para defender los intereses, para que no haya recortes que afecten directamente a los trabajadores de nuestras provincias patagónicas”.
Y sostuvo: “Por eso la intención propositiva de trabajar en bloque. Claramente hay intereses comunes y algunos entendemos que hay que defenderlos en conjunto. El individualismo y las mezquindades nos debilitan frente a esta clase de atropellos”.
“Perder el beneficio como ‘zona desfavorable’ es resignar un derecho histórico adquirido por todos los habitantes de esta región donde claramente los costos de vida son más elevados y desde el Gobierno central, algunos, se proponen no reconocer”, concluyó.

La medida provocó fisuras en Cambiemos de Chubut

El Comité Provincial de la UCR rechazó el recorte de asignaciones familiares a la Patagonia y tomó distancia de la medida adoptada por sus socios de Cambiemos a nivel nacional.
Ante el dictado del decreto 702/18 que afecta las asignaciones familiares que perciben los trabajadores patagónicos, “la Unión Cívica Radical manifiesta su rechazo a la medida por no contemplar un derecho adquirido que tiene como fundamento el mayor costo que implica residir en esta zona postergada de la Patria”, reprocharon.
En otro tramo, del documento del partido que preside César Herrera, indican: “Compartimos el objetivo de sanear las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal para crear las condiciones para el crecimiento y el desarrollo productivo del país. Pero estamos convencidos que ese objetivo no puede lograrse con medidas inequitativas que recaen sobre los sectores más vulnerables, y sin contemplar el desigual desarrollo geográfico de nuestro país”, dijeron al cuestionar la decisión de la Casa Rosada.
“La medida apunta a igualar el beneficio entre todos los trabajadores, pero ese objetivo no puede hacerse a expensas de los trabajadores patagónicos”, indicaron. “La medida no solo es injusta, sino que además provocará un impacto negativo en el consumo y el nivel de actividad regional. Por todo ello instamos al gobierno nacional a revisar y dejar sin efecto lo resuelto”, evaluaron apenas se conoció el polémico decreto.