La tensión y el temor que corrieron entre los principales empresarios de la obra pública por la razzia del juez Claudio Bonadio, mutó en las últimas horas a bronca y sospechas por lo que creen que podría ser una maniobra del Gobierno para perjudicarlos y empujar una vieja idea de Mauricio Macri de terminar con el «club de la obra pública».
El Presidente mantiene una vieja desconfianza con varios de los pesos pesados de la construcción local, un recelo nacido en su paso por el mundo privado. Apenas llegado al Gobierno, Macri se entusiasmó con un plan para barrer a la «patria contratista» y darle el grueso de la obra pública a firmas grandes de Estados Unidos, y que las locales queden como socias en un segundo plano.
Pero las urgencias de la economía lo obligaron a apostar a agilizar al sector con los históricos actores locales. La apuesta luego fue incorporar a los internacionales a través del programa de Participación Público Privada, que en su primera experiencia incorporó tímidamente a empresas extranjeras. Ahora, con la necesidad de ajustar fuerte el gasto público, los PPP son la principal esperanza del Gobierno para mantener la actividad y para eso necesita sí o sí seducir a firmas foráneas.

Guerra declarada

En ese contexto se da el Lava Jato de Bonadio, que amenaza con salpicar a todos los empresarios que hicieron negocios durante el kirchnerismo, es decir a todo el «club de la obra pública».
En los operativos ordenados el miércoles por el juez, hubo allanamientos en 30 empresas del sector de la construcción, incluidas algunas de las más importantes como Techint, Roggio, Corporación América, Supercemento y MSU. Además de las más complicadas en la causa como Electroingeniería, Iecsa, Isolux, Albanesi y Esuco.
Fuentes del sector dijeron que creen que la causa que destapó el ex chofer de Roberto Baratta es «un mensaje del Gobierno a todo el sector de la construcción» y hasta hablan de una guerra declarada contra las constructoras, que -según comentan- empezó con el impulso a los PPP para desarmar todo el esquema de adjudicación, aunque implique que las obras terminarán costando el triple.

Una causa sospechosa

A la defensiva, en algunas de las empresas allanadas comentaron que no saben de qué los acusan Bonadio y Stornelli, y repiten que no les dieron precisiones de lo que estaban investigando. Incluso, en uno de los grupos contaron que los efectivos que hicieron el operativo no tenían claro en cuál de las firmas tenían que solicitar la información y prácticamente se fueron con las manos vacías.
Además, dicen que les llama la atención el comportamiento del chofer Centeno, que presuntamente durante años escribió en cuadernos los movimientos de Baratta en la recaudación. Deslizan que podría tratarse de una operación de inteligencia por lo metódico de esas anotaciones (cuyos originales todavía no aparecen) y por la extraña existencia de un bache de dos años en los cuadernos. Centeno es un ex militar, lo que alimenta esas suspicacias.
Como sea, a la bronca contra Bonadio y Stornelli y las sospechas de una jugada de Macri, entre los empresarios hay también extrema preocupación por el futuro de sus negocios. Por un lado, por la sensación de que el Gobierno quiere correr a firmas locales de obras importantes como las represas de Santa Cruz, donde pretenden desplazar a Electroingeniería.
Por otro, porque al estar involucrados en esta causa se podría complicar su acceso al mercado, como en el caso de los PPP. Un actor importante del sector desparramaba furia en los últimos días por las explicaciones que tendrá que darles a sus accionistas.

Aliados con el país del norte

Mauricio Macri quiere incorporar en una parte sustancial de la obra pública a constructoras de Estados Unidos, mediante uniones transitorias de empresas (UTE) con socios argentinos, que quedarían relegados a un rol secundario.
Su idea, confiaron fuentes del Gobierno y empresarios del sector, es evitar una cartelización como la que se consolidó durante la era Kirchner. Para eso busca recostarse en compañías estadounidenses de peso, con quienes ya mantiene contacto fluido.
El nexo es la Cámara de Empresarios de Estados Unidos, cuyos directivos acompañaron esta semana las reuniones de Macri y el secretario de Estado de ese país, John Kerry. La decisión se enmarca acaso en una movida más amplia y tiene que ver con el alineamiento decidido de Macri con la potencia del norte.
De hecho, Macri también impulsa el desembarco del gigante de los medios Turner para equilibrar a Clarín y pretende que otra corporación norteamericana AT&T, se meta en el mercado de la telefonía para desconcentrar el actual oligopolio.
Ya hay firmas norteamericanas interesadas en participar en obras de envergadura. Emisarios del Gobierno mantuvieron reuniones con directivos de CH2 Hill, dedicada a la consultoría de construcción de obras públicas y con la firma Progress Rail Services Corporation, uno de los más grandes proveedores de material ferrocarril del mundo.
Las nuevas UTEs estarían enmarcadas en las asociaciones pública-privadas que Macri pretende regular con una ley que aún están redactando sus asesores.

Fórum shopping

Los empresarios empezaron su propia investigación sobre el caso de los cuadernos de la corrupción y sospechan que hubo «fórum shopping» en la elección de Claudio Bonadío como el juez de la causa.
El fórum shopping se configura cuando el juez de una causa es elegido de manera fraudulenta, es decir, sin sorteo, para enviar un caso al juzgado de un juez parcial. En este caso, los empresarios creen que Bonadio, que ordenó la detención de 18 ex funcionarios kirchneristas y empresarios, está actuando con la venia del Gobierno de Mauricio Macri.
Bonadio tiene en su juzgado la causa de gas natural licuado y la compra de buques que mandó a Julio de Vido a la cárcel. Pero el nuevo caso, si bien involucra al ex ministerio de Planificación, no tiene relación con esa causa sino con las coimas en la obra pública.

CFK citada para el 13

Además de las órdenes de detención para más de una docena de ex funcionarios kirchneristas y empresarios vinculados a la obra pública, el juez federal Claudio Bonadio citó a prestar declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner en el marco de la megacausa por coimas.
La senadora de Unidad Ciudadana fue citada a declarar el próximo lunes 13 de agosto cuando volverá a verse las caras con Bonadio.
Además de la ex presidenta, el juez y el fiscal Carlos Stornelli también indagarán al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, actualmente preso en el penal de Marcos Paz. El juez detuvo hoy a varios ex funcionarios del entorno de De Vido y también indagará a su ex secretario, José María Olazagasti.
La ronda de indagatorias a ex funcionarios también incluirá al ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex secretario general de la presidencia y ex jefe de la AFI Oscar Parrilli.
Asimismo, Bonadio citó a declarar a su ex colega Norberto Oyarbide, un juez federal muy cercano al kirchnerismo. Otro hombre relacionado con la justicia que fue citado es Javier Fernández, actual auditor general de la Nación y operador judicial durante los años de Néstor Kirchner. Ambos estarían mencionados en los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta.
Con todo, la causa originada con unos “cuadernos Gloria” que no aparecen por ningún lado, alimenta sospechas y suspicacias. Las empresas olfatean que la Rosada quería terminar con el «club de la obra pública» y agitó la causa para dejar a todos salpicados.

Fuente: LPO