La Policía Federal detuvo en Río Gallegos a los exsecretarios de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez y Julio Daniel Álvarez en la causa de los “cuadernos de las coimas”, acusados de recibir los bolsos con dinero provenientes de la corrupción en la Patagonia.
Según fuentes oficiales, Julio Daniel Álvarez, ex asistente de la actual senadora, fue detenido a la 1.10 en la casa de sus padres, en el Barrio 366 de la ciudad patagónica. Veinte minutos más tarde arrestaron a Gutiérrez, exsecretario privado de la expresidenta, en el hotel Comercio, de su propiedad, ubicado en Avenida Néstor Kirchner 1302.
Según la declaración del exsecretario de Obras Públicas José López ante el juez federal Claudio Bonadio, Gutiérrez fue quien lo llamó la noche del 13 de junio de 2016 para que llevara los US$9 millones al convento, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y terminó con la detención del funcionario.
Gutiérrez es investigado, además, por posible lavado de activos a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La declaración de Sergio «Potro» Velásquez, ex piloto del avión presidencial durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, aportó detalles considerados importantes por los investigadores del caso judicial que se inició por las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

Apelaciones concedidas

El juez federal Claudio Bonadio concedió las apelaciones a la gran mayoría de los 42 procesados en el marco de la causa por presuntos pagos de soborno en la obra pública, entre ellos el de Cristina Fernández de Kirchner sindicada «jefa» de la asociación ilícita.
En tanto, rechazó un recurso de reposición hecho por los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo para que reevalúe y decrete detención de los empresarios procesados Alejandro Ivannisevich, Andrés Uribelarrea, Hugo Dragonetti y Hugo Eurnekian; y la prisión preventiva de Benjamín Romero, Jorge Balán, y Enrique Pescarmona; así como la del financista Ernesto Clarens.
Por su parte, el juez desestimó la apelación que hizo Clarens contra su procesamiento a la que consideró extemporánea y no podrá su recurso recalar en la Cámara Federal.
Al conceder todas las apelaciones, ahora interviene la Sala I de la Cámara Federal que no tiene plazo alguno para resolver pero el hecho de haber 17 detenidos impone la obligación de celeridad en la causa.