El lunes se cumplieron cuatro años desde que Héctor Omar Simionati asumió como el Defensor del Pueblo de Chubut, por lo que todavía le queda un año más de gestión a cargo de dicha entidad. El 3 de septiembre de 2014 el abogado trelewense se convirtió, en el titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia, tras asumir en el Salón de Actos de la Legislatura de Chubut, donde hizo el juramento correspondiente ante el entonces vicegobernador Gustavo Mac Karthy.
Desde antes de asumir en el puesto, el funcionario estuvo involucrado en polémicas que lo acompañan hasta la actualidad. Las primeras críticas surgieron por el procedimiento por el cual fue electo, mientras que ahora los cuestionamientos pasan por la falta de participación y de mediación en temas que repercuten a la sociedad chubutense.

Fuera de la normativa

Uno de los primeros en apuntar contra Simionati fue el por entonces diputado provincial Oscar Petersen, representante del Polo Social, quien pidió la nulidad de la designación, argumentando que la misma no se llevó a cabo conforme a lo establecido por la normativa vigente.
Puntualmente, el artículo 2º de la Ley V – Nº 81 de Chubut (Creación de la Defensoría del Pueblo), establece una serie de requisitos para desarrollar el procedimiento por el que se designa al Defensor del Pueblo. En primer lugar, la Legislatura debe elegir una comisión permanente integrada por siete miembros, la cual debe mantener la proporción de la representación del cuerpo; posteriormente, la comisión debe proponer a tres candidatos para ocupar el cargo a titular de la Defensoría del Pueblo; luego la comisión conformada tiene un plazo de 30 días para elegir, por mayoría absoluta, a uno de los candidatos propuestos.
Asimismo, este procedimiento no se cumplió, ya que una vez que se conformó la comisión de siete legisladores provinciales ellos mismos fueron los encargados de designar a Simionati como Defensor del Pueblo, salteando la elección de una terna y la posterior votación para definir al funcionario que ocupe el cargo.

Sin representación total

La comisión estaba conformada por José Karamarko (PJ), José Luis Lizurume (UCR), Héctor Trotta, Exequiel Villagra, Gustavo Reyes y Argentina Martínez (FPV) y Ana María Barroso (CHUSOTO). En la oportunidad, este grupo de diputados provinciales designaron a Simionati sin la realización de la terna, argumentando que la Ley V – Nº 81 los facultaba para tomar esta decisión.
Al respecto, si se tiene en cuenta el inciso A del artículo 2º de dicha norma provincial, la comisión en cuestión “debe mantener la proporción de la representación del cuerpo”, por lo que al dejar afuera al Polo Social de la decisión final representaría un incumplimiento legal.
Por su parte, Poder Ciudadano y demás entidades civiles también presentaron una nota en su momento dirigida a la Legislatura para que se dé marcha atrás con la designación de Simionati, argumentando que el proceso de designación del mismo no fue como debería haber sido. De hecho, los espacios en cuestión manifestaron su “preocupación por el modo en que se ha avanzado”. “No haber cumplido con la realización previa de una terna de candidatos, no haber implementado un proceso público y participativo para la designación de su máxima autoridad, mina su capacidad de acción”, remarcaron.

Cuestionamientos actuales

Además de las críticas por su designación, el Defensor del Pueblo también es apuntado por su accionar actualmente, ya que ha sido cuestionado en reiteradas oportunidades por la falta de respuesta a temas que impactan directamente en la sociedad chubutense.
Para entender esto, vale aclarar que el artículo 1º de la Ley V – Nº 81 establece que “el objetivo fundamental de esta institución es el de proteger los derechos e intereses de los individuos y de la sociedad frente a los actos, hechos y omisiones de la Administración Pública Provincial y de las empresas prestatarias de servicios públicos con actuación en el territorio de la Provincia mediante concesiones otorgadas por autoridades nacionales, provinciales o municipales”.
Si se tiene en cuenta esto, resulta llamativa la falta de pronunciaciones por parte de Simionati para referirse a acontecimientos que se desarrollaron en los últimos tiempos en Chubut. Un claro ejemplo de esto es la catástrofe que sufrió Comodoro Rivadavia el año pasado o la inundación que se desarrolló en la localidad de Trelew, inconvenientes que tuvieron como resultado damnificaciones a miles de chubutenses.

Hechos de corrupción

Otro de los temas que se ha mantenido en la agenda durante los últimos tiempos en Chubut hace referencia a los presuntos casos de asociación ilícita en la obra pública provincial durante la gestión de Mario Das Neves como gobernador. Actualmente la Justicia está investigando dos casos (Embrujo y Revelación) de supuesta corrupción entre las que están involucradas personas que ocupaban cargos públicos y también representantes de empresas privadas que se encargaron de gran parte de la obra pública.
Por su parte, Simionati no se ha manifestado al respecto de ninguno de los dos casos, pese a que las presuntas asociaciones ilícitas significarían un perjuicio para los ciudadanos chubutenses. Al respecto de esto, el artículo 14º de la Ley V – Nº 81 establece que “el Defensor del Pueblo debe iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública provincial, sus agentes y de las empresas concesionarias de servicios públicos aludidas”.

Salario del Defensor

Respecto al salario que percibe Simionati no existen precisiones públicas, ya que lo único establecido por el artículo 6º de la norma provincial mencionada anteriormente es que “la remuneración del Defensor del Pueblo será fijada mediante acto resolutivo de la Honorable Legislatura”.
Asimismo, ni en la página web de la Unicameral de Chubut ni en los registros públicos de la Provincia hay detalles al respecto del sueldo que recibe anualmente quien se desempeña como titular de la entidad.
En otro orden, el Estatuto de Asociación Civil de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), aprobado en Buenos Aires el 4 de diciembre de 20017, del cual Simionati es miembro, afirma en su artículo 14º que “para integrar los órganos sociales, se requiere pertenecer a la categoría de socio activo, no pudiendo percibir por dicha función remuneración alguna”. Igualmente, esto hace referencia a la participación como miembro de ADPRA y no a la labor puntual de Defensor del Pueblo de algún distrito puntual.

Últimas participaciones

En el último tiempo, Simionati no ha tenido una participación muy activa en cuestiones que repercutan a la sociedad de la provincia, más allá de algunos casos puntuales. En uno de los conflictos en los que más intentó mediar fue en la crisis educativa que vivió Chubut durante todo el primer semestre de 2018, donde se perdió una gran cantidad de días de clases por conflictos entre los gremios estatales y el Ejecutivo provincial. Esto provocó que el Defensor del Pueblo presente un amparo para que se retomen la actividad educativa.
Otra de las acciones que desarrolló el funcionario en los últimos tiempos fue en conjunto con los demás titulares de las Defensorías del Pueblo de otras provincias, donde emitieron un comunicado para rechazar los incrementos tarifarios impulsados por el presidente Mauricio Macri ante legisladores nacionales.