El fiscal federal Jorge Di Lello apeló ayer el cierre de la denuncia contra el presidente Mauricio Macri por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por haber firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin darle intervención al Congreso de la Nación.
Fuentes judiciales informaron que el fiscal apeló la decisión del juez federal Julián Ercolini y reclamó que la Cámara Federal reabra la investigación a partir de la denuncia presentada por el economista Claudio Lozano (Unidad Popular).
Junto al Presidente, el fiscal había imputado al jefe de Gabinete, Marcos Peña; al ministro de Economía, Nicolás Dujovne; y al presidente del Banco Central, Luis Caputo, mientras que también había pedido que se citara como testigo al jefe de Gabinete del Ministerio de Economía para que informara sobre el grado actual de ejecución del acuerdo.

La acusación

La denuncia que originó la causa había sido presentada por los dirigentes Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes señalaron que el acuerdo con el FMI se había rubricado a pesar de que no estaba contemplado en la ley de presupuesto ni tampoco habilitado por una ley del Congreso Nacional.
Además, habían solicitado una medida cautelar para suspender la ejecución: esto es, que se ordene al Poder Ejecutivo abstenerse de futuros retiros o solicitud de fondos en el marco del acuerdo cuestionado, así como de la utilización de dinero que ya fue transferido por el FMI a las cuentas del Estado Nacional.
La imputación era por la firma del acuerdo entre el Gobierno y el FMI el 7 de junio pasado, a partir del cual el organismo internacional de crédito otorgó a la Argentina 50 mil millones de dólares por el término de tres años.
Entre otras medidas, la Fiscalía había solicitado que se pidiera al Ministerio de Economía la totalidad de las resoluciones por las cuales el Gobierno contrajo deuda para el Tesoro Nacional y el Banco Central.

El rechazo

Al rechazar la imputación, Ercolini argumentó la vigencia de una norma preexistente a la reforma constitucional del 1994 y que fue incluida en el anexo I de la ley 26939, a partir de la cual consideró que el Poder Ejecutivo no necesitaba el aval del Congreso de la Nación para acordar con el FMI.
Ahora, Di Lello pidió determinar si el Digesto Jurídico se encuentra vigente y se solicitó a la Comisión Bicameral Permanente que informe las condiciones en la que se encuentra.
Lozano había cuestionado en duros términos el fallo de Ercolini al advertir que «se asume como intérprete de la voluntad del Congreso sin citar ninguna Ley que justifique su interpretación y que haya prorrogado la norma que autorizaba al Presidente a acordar con el FMI» sin el aval previo del Parlamento, esto es el último párrafo del artículo 60 de la ley de Administración Financiera.
«Para salvaguardar a Macri y al FMI, el juez Ercolini se recibió de guitarrero, intérprete y cantor. Intenta revivir una ley caduca con un Digesto Jurídico que no está vigente.
Increíble!», señaló el presidente de Unidad Popular, quien había presentado la denuncia junto a Balidiviezo, presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad.