El Ministerio de Economía incluirá el aval a la suba de las exportaciones en el proyecto de Presupuesto 2019, donde pretenden que los legisladores aprueben una nueva delegación de facultades al Poder Ejecutivo para fijar la suba de los derechos de exportación.
El Gobierno nacional quiere que el Congreso ratifique la suba de las retenciones a las exportaciones para evitar cualquier riesgo de que el decreto que impuso el aumento sea declarado inconstitucional por la Justicia.
Juan Sluman, consultor de RCTZZ Abogados, no dejó lugar a dudas: «Sólo le corresponde al Congreso Nacional establecer derechos de exportación y se le ha prohibido al mismo delegar la potestad legislativa sobre los elementos constitutivos de dicho tributo en el Poder Ejecutivo Nacional, aun transitoriamente y en casos de emergencia pública».
«En lo referente al eventual gravamen a las prestaciones de servicios al exterior, correspondería también señalar que sólo le corresponde al Congreso Nacional legislar en materia tributaria, de manera concordante con la prohibición al Poder Ejecutivo Nacional para dictar decretos de necesidad y urgencia en la misma materia, y cualquier eventual intento del Poder Ejecutivo Nacional de ejercer alguna potestad legislativa delegada sobre los elementos constitutivos del tributo no contenidos en una ley formal delegante colisionaría con el artículo 76 de la Constitución Nacional», precisó Sluman.
Diego Fraga, socio del mismo Estudio, agregó que «hace unos años la Corte Suprema dictó el fallo Camaronera Patagónica SA c. Ministerio de Economía y otros s/amparo, donde el Máximo Tribunal declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones 11/02 y 150/02 del Ministerio de Economía, en tanto habían establecido derechos de exportación sobre determinadas mercaderías».
«La mayoría del tribunal consideró que el Código Aduanero (Ley en la que se basaban las resoluciones impugnadas) no cumplía con los requisitos para que una delegación legislativa sea acorde con la Constitución Nacional. Específicamente, por no prever una alícuota para las retenciones que se pretendía aplicar a la empresa, y ni siquiera fijar topes máximos que limiten la actuación del Poder Ejecutivo», agregó Fraga.
«Finalmente, y en virtud de las ratificaciones legislativas operadas en virtud de leyes posteriores, limitó la declaración de inconstitucionalidad al lapso comprendido entre marzo y agosto de 2002», agregó.
«Teniendo en cuenta las normas constitucionales, las características de la delegación contenida en el Código Aduanero y este importante antecedente de la Corte estimo que será necesario darle intervención al Congreso para la aprobación de muchas de estas nuevas medidas», concluyó Fraga.
«Sólo resta esperar que esta situación quede planteada de manera concreta en los estrados judiciales a los fines de que llegue el control de constitucionalidad a las medidas aplicadas de manera arbitraria por parte del Estado, que lo único que logran y lograrán será generar mayores incertidumbres jurídicas que desincentivan las inversiones internas e internacionales, como así también alientan un conflicto social por demás de latente, la anomia y la violencia», agregó el experto.