SEPTIEMBRE RECARGADO: LOS GOBERNADORES SE RESISTEN A ABSORBER LA TARIFA SOCIAL Y LO VAN A PELEAR EN EL CONGRESO. LA PULSEADA POR EL PRESUPUESTO ES ADEMÁS UNA CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS POLÍTICAS. LAS PRIORIDADES DE GASTO Y EL HIPERPRESIDENCIALISMO RECURRENTE

Flor de primavera

Por Trivia Demir

Con un dólar desatado perforando la barrera de los 40 pesos, y las consiguientes disparadas de precios, las declaraciones de Domingo Cavallo anunciando un país bimoneda, Carrió insistiendo con profecía no cumplida y gobernando desde las sombras, Moreno pidiéndole al FMI que no envíe el préstamo que pide Macri, y las Provincias defendiéndose como `gato entre la leña´ para no seguir siendo la válvula de ajuste de la Nación, entraremos a la semana de la primavera nacional otra vez con bombos y sin platillos.
De por sí, al recibir hacia el cierre de semana el texto de la addenda al Pacto Fiscal -que contiene el trazo grueso de las medidas para llegar al déficit cero- los gobernadores comprobaron que Nación finalmente les transfiere la responsabilidad sobre la tarifa social de luz, una pelea que las provincias no dan por cerrada y prometen llevar al Congreso.
Este traspaso había sido impuesto por decreto y generó la furia de las provincias. A dos días de la cumbre con Mauricio Macri, la Casa Rosada debió dar marcha atrás e informó que Gustavo Lopetegui ordenó suspender el traspaso, que les implicaría un gasto de unos 15 mil millones de pesos por año.
Se trató de un pedido del ministro Rogelio Frigerio para destrabar la negociación y que no peligrara la foto que Macri necesitaba como gesto al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pero unos días más tarde, en la propuesta de la Rosada por la addenda que se discutirá primero en el Senado, se define la transferencia y se agrega que CABA y PBA asumen la responsabilidad en la tarifa social de Aysa, un reclamo concreto de las provincias, que en realidad pretendían el traspaso de toda la estructura de la compañía de agua.
«Políticamente esto se va a discutir en el Congreso con diputados. Si bien es todo lo que se acordó, al no haberse firmado la addenda la discusión sigue abierta. Los debates serán tomados en el recinto y ahí se volverá a ir por la eliminación del traspaso de la tarifa social. El tema de Aysa para Buenos Aires es lo que habíamos planteado y ahí hubo una respuesta del Gobierno», dijeron desde el entorno de uno de los gobernadores de mejor diálogo con la Rosada.

Aguas divididas

En el Gobierno aseguran que el texto que giraron ahora a los gobernadores es el resultado de la extensa negociación que llevó adelante el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y que por eso tendrá consenso entre los gobernadores. En rigor, esperan que lo firme la mayoría, excepto por el pampeano Carlos Verna y el puntano Alberto Rodríguez Saá que tampoco adhirieron el año pasado al pacto fiscal.
Sin embargo, los gobernadores ya vuelven a mostrarse divididos: mientras el salteño Juan Manuel Urtubey, el cordobés Juan Schiaretti y el sanjuanino Sergio Uñac firmarían la addenda sin objeciones, cerca de otros mandatarios provinciales aseguraron que no firmarán nada hasta que el Presupuesto haya salido de comisión y existan datos más claros sobre lo que se les exigirá a las provincias. «Ni siquiera sabemos si el déficit del que hablan es ese realmente», se quejó un ministro provincial en esa línea.
Los gobernadores dispuestos a firmar aseguran que puede haber modificaciones en el Congreso. «Es el órgano encargado para modificar ese tipo de cosas. La cuestión que siempre fue el centro es cómo se van a ajustar los 100 mil millones de pesos que Nación le pide a provincias y lo que manda la Rosada es una propuesta sujeta a cambios», explicaron.

Lo que firmen se convertirá en ajuste provincial

«Está muy bien, es todo lo que hablamos en las reuniones previas». Así describió un ministro provincial el borrador de la addenda al Consenso Fiscal que envió el Gobierno nacional a las provincias y que el lunes presentará en el Senado de la Nación.
El nuevo documento, que especifica que va a llevar la firma de los gobernadores, establece modificaciones impositivas con las que compensar el ajuste de $ 100.000 millones que cada una de las provincias deberá encarar en sus propias cuentas y los otros $ 300.000 millones que cortará la Nación en el Presupuesto nacional y con el que busca alcanzar el déficit primario cero.
En lo que se refiere a Ganancias, el nuevo pacto establece derogar desde el 1° de enero de 2019, toda disposición mediante la que se establezca directa o indirectamente «la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del impuesto del importe percibido por empleados o funcionarios públicos nacionales, provinciales o municipales en concepto de gastos, viáticos, bonificación, protocolo, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación»
Asimismo, pasarán a pagar este impuesto los resultados provenientes de actividades de «ahorro, de crédito y/o financieras o de seguros y/o de reaseguros» de las cooperativas y mutuales.

La pulseada por el presupuesto es más que eso

Según la mirada del experto Sergio Berensztein “por ahora la puja con las provincias es clave para mostrar la fortaleza política de Macri, y en ese marco, los frutos del incansable esfuerzo de Rogelio Frigerio no fueron en vano, pero tampoco alcanzaron. Sin embargo, la utopía de los consensos estratégicos sobre políticas de Estado deberá postergarse para otro momento. ¿Podría haberse acordado, sin embargo, alguna hoja de ruta que aliviara, aunque sea en parte, la carga tributaria extra que pagará la sociedad ante el empecinamiento de la política de no reducir el gasto público?”.
Todo indica que difícilmente se apruebe el nuevo presupuesto hasta fines de noviembre o comienzos de diciembre. Más aún, los detalles finales surgirán del inevitable debate y de la capacidad de negociación de diputados y senadores: es lo que estipula la Constitución respecto de la ley de leyes”, asegura. Se trata de definir las prioridades de gasto, en especial, de la provisión de los bienes públicos fundamentales: seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura pública, vivienda social y cuidado del medio ambiente. Son las responsabilidades inalienables del Estado que benefician a todos los ciudadanos por igual, aunque no estemos directamente involucrados.

Los números y el hiperpresidencialismo

Según el experto, “Hay otro elemento que aportó el Presidente cuya importancia no se puede soslayar: la gravitación real de los presupuestos en la vida pública de la Argentina. En una inusual confesión acerca de los problemas estructurales de calidad institucional que arrastra nuestro país, Macri aseguró ante su gabinete que desde `hace 70 años se hace mal´. El mensaje tenía como objetivo bajar la tensión ante la posibilidad de que no se cerrara el acuerdo y cuestionar a los anteriores gobiernos peronistas, pero Cambiemos tiene en su haber dos presupuestos mal configurados. En especial, el aprobado en diciembre del año pasado, que contemplaba un crecimiento del 3,5% del PBI, un dólar a 19 pesos y una inflación de 15,7%. Al margen del impacto de la crisis cambiaria en esos ingenuos parámetros, las metas de inflación fueron modificadas con la anuencia del propio Macri apenas dos semanas luego de haberse sancionado.
Es justo reconocer que el gobierno anterior utilizaba los parámetros del Indec morenizado para calcularlo y que el voluntarismo en las previsiones no es una particularidad de esta administración. El hiperpresidencialismo impregna negativamente casi todos los ámbitos de la cultura política nacional, pero se vuelve nefasto en la reasignación de partidas mediante los decretos de necesidad y urgencia para implementar ajustes y redefinir de manera casi unilateral las metas establecidas por el Congreso. Por ejemplo, pueden utilizarse hipótesis demasiado moderadas de crecimiento o minimizarse la inflación para luego utilizar discrecionalmente la recaudación adicional. O como ocurría a menudo en la época de Menem, cuando se aprobaban presupuestos a partir de hipótesis exageradas de crecimiento de la economía para lograr el apoyo de legisladores y luego se establecían recortes gracias a leyes de emergencia que operaban como instrumentos de disciplina: se canjeaban votos y favores gracias a la no cancelación de determinados programas.
El Presidente debe conocer estos secretos, pues en su equipo de colaboradores más estrechos tiene al coautor de un recordado artículo académico sobre la cuestión”, afirma.
Con todo esto, la coyuntura va cocinando a fuego lento el encendido escenario político que se pondrá sobre la mesa en 2019, donde la ciudadanía deberá elegir nuevamente y en medio de una crisis importante, un rumbo entre los rumbos posibles que le permiten su bípedo destino. Habrá que ver…

Fuentes: IP, NA, LN, propias

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