Por Trivia Demir*

El sector de la construcción y particularmente el de la obra pública esta crujiendo fuertemente y amaga con llevarse puesta parte de la coyuntura. No sólo por las polémicas sobre vínculos non sanctos entre el sector público y privado que enchastró indiscriminadamente a un sector que bien concebido es el motor de actividad económica fundamental de cualquier sociedad, sino y sobre todo, por el parate que está sufriendo la actividad merced a las políticas en danza.
Ante el congelamiento de los pagos de los organismos estatales, la falta de financiamiento de los bancos privados y el drástico ajuste del 60% en los fondos destinados a las obras públicas para llegar al déficit cero en 2019, las empresas constructoras encendieron las luces de alerta frente al “inédito y negro” panorama que vislumbran para los últimos meses del año.
Los cálculos más optimistas que manejan las pequeñas y medianas constructoras perfilan una pérdida de casi 100.000 puestos de trabajo en lo que resta de 2018 por la paralización de las obras en curso y la cancelación hasta nuevo aviso de las licitaciones que la Nación y los gobiernos provinciales tenían agendadas para el último cuatrimestre del año.
Según los números que barajan las empresas, de las casi 420.000 personas que estaban empleadas el año pasado se pasaría al inicio de 2019 -con las bajas ya efectivizadas y las proyectadas- a un total que no superaría los 300.000 trabajadores registrados.
A los atrasos en los pagos de las obras que dependen de los ministerios de Interior, Transporte y Energía se ha sumado en los últimos días el fuerte impacto que produjo la disparada de la cotización del dólar en los precios y los costos operativos del sector.

Se disparan los costos

Una muestra más que relevante de los coletazos de la devaluación se registra con el precio del asfalto. Las petroleras y productoras de asfalto aplicaron entre los primeros días de junio y la última semana de agosto un aumento del orden del 50%, lo cual llevó a la mayoría de las constructoras a postergar todas las obras de pavimentación y reparación de calzadas ante la imposibilidad de poder afrontar los nuevos valores de los materiales e insumos con los contratos pactados con precios de fines año pasado y de los primeros meses de 2018.
Frente a esta crítica situación y los masivos despidos de personal que se avecinan, las constructoras -que no quedaron pegadas a los “cuadernos de las coimas”- han comenzado a plantear la necesidad de declarar legalmente al sector en estado de “emergencia económica, financiera y administrativa”.

Recortados y cuestionados

Con la máxima entidad del sector -la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)- totalmente desprestigiada por tener a sus máximos directivos involucrados y “arrepentidos” en la megacausa de corrupción que lleva adelante el juez federal, Claudio Bonadío; las empresas de mediano calibre que son contratistas de obras públicas consideran que la gravedad del momento no deja otra alternativa que revisar y “recalcular” todos los contratos vigentes.

Chubut, sin anestesia

Para reforzar los reclamos dirigidos a las autoridades nacionales para que declaren la “emergencia”, las constructoras ponen como ejemplo la movida impulsada por el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. Arcioni envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley de declaración de emergencia para habilitar “la rescisión, la paralización y reprogramación de todos los contratos de obra pública”.
Si bien la iniciativa de Arcioni tuvo su origen en la pérdida de recursos que sufrió la provincia por la decisión unilateral de la Nación de eliminar el “Fondo Federal Solidario” que se alimentaba con las retenciones a las exportaciones sojeras, para las constructoras representa una atinada medida que se puede replicar a nivel nacional para “reprogramar los plazos y redeterminar los precios de las obras públicas que quedaron desfasadas y desactualizadas.

Menos obra pública

En lo que va del año las partidas de gasto para obras públicas nacionales vienen cayendo a ritmo de casi 20%. Ese ajuste es mucho más notorio, por ejemplo, en las asignaciones para construcción de viviendas, que se redujeron hasta julio de este año en casi 99%.
Las obras relacionadas al transporte, al agua potable y al alcantarillado también sufrieron una poda importante, ya que sólo en términos nominales (sin contar la inflación), el Gobierno destinó entre 20 y 23 por ciento menos de recursos.
En el proyecto de ley de Presupuesto 2019, que el Ejecutivo deberá presentar en el Congreso el 15 de septiembre, la tijera del gasto implicará 60.000 millones de pesos menos para la construcción de obra pública.
Del recorte total que necesita el Gobierno, esta medida representará el equivalente a 0,7% del PBI y que implicará un ajuste de 50% real. Por lo tanto, una cuarta parte del plan de déficit cero se recostará sobre la obra pública.

No quedan muchas opciones

Lejos de ser la “salvación” que pregona el Gobierno, los contratos de obras públicas por el sistema PPP también quedaron seriamente averiados por la situación económica y el cierre de las fuentes de financiación externas.
Para las empresas del sector, la salida contrarreloj que armó la administración macrista para salvar los primeros contratos viales adjudicados por PPP -transfiriéndole al Estado la búsqueda de los fondos que debían traer los oferentes- ya se topó con la negativa de los bancos privados que no están dispuestos a otorgar nuevos créditos para el financiamiento de este tipo de obras.
Por restricciones internas y normativas internacionales, los bancos necesitan esperar al desarrollo del caso judicial de las empresas involucradas en los escándalos de corrupción antes de acordar el otorgamiento de un préstamo. Como las obras de PPP deben comenzar a fines de octubre -y la investigación puede tomar más de un año-, el Gobierno resolvió crear el fideicomiso que sirva como vehículo de intermediación para destrabar los créditos de corto plazo que se estaban negociando, basándose en la experiencia de lo que ocurrió con los proyectos de infraestructura en Brasil y en Perú, durante el caso del Lava Jato y sus ramificaciones en el exterior.
En conferencia de prensa, Guillermo Dietrich , ministro de Transporte, indicó recientemente que “el Gobierno tiene la profunda convicción de separar a las empresas de las personas físicas que hicieron actos contrarios a la ley”. Estuvieron presentes también José Luis Morea, secretario de Proyectos de Participación Público Privada; Javier González Fraga , presidente del Banco Nación (BNA); Bernardo Saravia Frías; procurador del Tesoro Nacional, y Manuela López Menendez, secretaria de Obras del Ministerio de Transporte.
“El fideicomiso será creado bajo la ley de PPP, donde se va a ir captando la liquidez de los bancos, tanto nacionales como internacionales, para luego direccionarlos de forma equitativa a los consorcios, exigiéndoles las mismas garantías que los bancos le hubieran prestado de forma directa”, dijo Morea. El fideicomiso permitirá un préstamo equivalente al flujo necesario para las obras del primer año de US$1200 millones.
Por su parte, González Fraga dijo que el BNA aportará de los US$1200 millones entre US$200 y US$300 millones en condiciones de mercado, además de comprometer una línea de $30.000 millones para el financiamiento de la obra pública. Es decir; el mayor banco estatal invertirá en el fideicomiso, independientemente de las empresas que luego pidan el financiamiento. El Gobierno aspira a que el BNA “marque la cancha” y que después el resto de los bancos privados acompañen la medida. Habrá que ver…

Fuentes: NA, Informador Público, ObraPública.com, La Nación, propias.