El juez Sergio Piñeda resolvió ayer otorgar la libertad al ministro Martín Bortagaray y arresto domiciliario con tobillera electrónica hasta el 24 de noviembre para el ex ministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, pero ambos quedaron imputados en la causa por las presuntas coimas en la obra pública.
Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz le imputaron a Pagani el rol de organizador de la asociación ilícita que se conformó para pedir recompensas a los empresarios de la construcción, a cargo de la obra pública provincial, para que cobraran los certificados de obra ya ejecutados y a Bortagaray, como miembro de la misma.
Cabe destacar que al momento de declarar, el ministro de Familia reclamó que se lo investigue. También, pidió que verifiquen cada una de sus propiedades para ver realmente lo que tiene. Por su parte Alejandro Pagani pido que investiguen su patrimonio durante toda su trayectoria en la política. “Me animaría a decir que las planillas aún se siguen haciendo en la actualidad”, desafió el ex ministro de Infraestructura. Afirmó que “nunca vi a nadie cobrar ni pedir coimas. Tampoco cobré sobresueldos”, a la vez que explicó sistema administrativo de elevación de informes y señaló que el manejo financiero respondía a Economía. “Pido por favor que se investigue mi patrimonio a lo largo de toda mi vida”. “He hecho mi trabajo de manera honesta”, agregó.

Los hechos investigados

Los fiscales explicaron que en el mes de diciembre del año 2015, un grupo de funcionarios de alto rango, constituido por el Ministro Coordinador, Víctor Cisterna, el Secretario Privado del gobernador Gonzalo Carpintero, el Secretario de la Unidad Gobernador Diego Correa, el Ministro de Economía, Pablo Oca y el Ministro de Infraestructura, Alejandro Pagani; “actuando con el aval sino expreso al menos tácito del por entonces Gobernador; de común acuerdo y con la firme intención de enriquecerse a expensas del estado y de los particulares expoliados, decidieron conformar una Asociación Ilícita destinada, comisión de múltiples delitos mediante, a recaudar dinero proveniente –principalmente- de “retornos” aportados por empresas constructoras contratantes del Estado, las que realizaban obras públicas por montos millonarios y a las que periódicamente se les debía pagar sumas de dinero correspondientes a certificados de obra conformados”, indicaron.

El memorándum

Dijeron que “con ese fin gestaron un documento nacido del concierto de voluntades de todos y cada uno de los integrantes de aquel colectivo patibulario, el que si bien pudo haber germinado en cabeza de aquellos que se situaban en la cima de la organización ofensora, fue en definitiva por todos conocido y cohonestado; la que dentro de la administración pública provincial fue conocida como la ‘circular’. Esta ‘orden’ cuya propalación fue objeto de especial ahínco determinaba, que ninguna contratación de cualquier índole podía hacerse desde la administración pública -centralizada y descentralizada- sin la venia previa de Correa o Carpintero. El documento en cuestión, titulado: memorandum circular, fechado el 28 de enero de 2016, en su encabezado de modo expreso preanunciaba quienes debían tomar razón de sus términos. Indicaron que ese instrumento decía: “Por expresa disposición del Señor Gobernador Mario Das Neves, se informa que a partir de la fecha todos los contratos de locación de obra, de bienes y servicios que se realicen, como así también los celebrados desde el 10 de diciembre de 2015 y todas las renovaciones de los mismos deberán contar –sin excepción alguna- con la autorización previa de la Secretaría Privada del Señor Gobernador. Atentamente. Sr. Diego Miguel Correa”, describieron.

El mecanismo

Para los investigadores, “esta circunstancia brindó la ocasión al quinteto de organizar y dirigir el trámite final del pago a las empresas, de modo tal de ser ellos mismos quienes tuvieran la sobre la decisión que les permita, previa percepción del soborno, librar las Ordenes Presupuestarias de Pago. Del mismo modo, Cisterna, Carpintero, Correa, Oca y Pagani; decidieron repartirse las tareas que demandara la concreción del plan, las que luego cumplirían con celo. En ese sentido acordaron que sería el primero, Cisterna, quien encargaría de definir la modalidad de recaudación (porcentuales a exigir, determinación de la “base imponible”, ubicación temporal de la demanda los retornos, y finalmente en modo en que debían saldarse estas acreencias anómalas), cumplida esta labor inicial, comenzaba la gestión de Pagani, quien instruía a sus dependientes para que les confeccionen, mediante la utilización del SIAFYC, planillas donde debían figurar los certificados de obra ya emitidos, y confeccionada la respectiva Orden de Pago Presupuestaria (OPP). Las planillas de mención eran remitidas en ese estado –sin firmas/borrador- a Diego Correa por los más diversos medios; en ocasiones le eran llevadas en mano por Pagani, remitidas a través de empleados o a través de mensajes de mail. Correa previo a verificar si los empresarios mencionados en las planillas habían pagado dádivas o al menos se habían avenido a hacerlo, indicaba cuales empresas debían quedar, ser excluidas y/o agregadas en las listas “definitivas”. Este resultado final era reenviado a Pagani quien luego de firmarlas junto a su Subsecretario de Coordinación, se quedaba con una copia mientras una segunda era remitida a la privada de Oca, siendo este último quien sin más trámite o luego de verificar con Cisterna o Correa (según la época), que efectivamente las demandas espurias habían sido satisfechas, ordenaba en forma personal a sus dependientes de Tesorería que efectivicen los pagos debidos”, relataron los fiscales al sostener las imputaciones.

Plan delictivo

En tanto, sostienen que Carpintero “se ocuparía personalmente de la agenda del gobernador y de la función política para la que había sido designado, mientras que Correa, se encargaría de administrar parte de los fondos ilegítimos (al menos cuando comenzó a gestarse el contubernio) repartiendo los sobresueldos que beneficiaban no solo a los incusados, sino que a un número mayor de integrantes, que finalmente sumaron sus voluntades al acuerdo criminal, la gestión incluía asimismo realizar pagos relacionados a gastos realizados por cualesquiera de los integrantes del clan y solventar asimismo los gastos que demande el sostenimiento y actividad proselitista del partido político que los albergaba, Chubut Somos Todos”, dio a conocer el Ministerio Público Fiscal. “Nada de lo que hiciera cada uno de los organizadores del plan delictivo era desconocido por los restantes, antes bien funcionaban con una coordinación y sincronización de roles tal que era menester el conocimiento cabal de los movimientos de sus consortes, era tal la cohesión que las decisiones trascendentales de esta organización quedaban solo a merced del arbitrio del colectivo delictual. El plan en principio perfecto sufrió variaciones, cuando aparentemente por diferencias de neto corte patrimonial (aunque no se descartan las políticas) Cisterna se alejó de su rol ministerial. Esta ausencia se suplió fácilmente en los hechos, ya que sin solución de continuidad el rol sobre el que fungía el renunciante, fue rápidamente asumido por Correa, rediseñándose al menos parcialmente la operatoria inicial”, describieron.
“A fines del año 2016 se sumó otra fuente útil para saciar las incontrolables apetencias monetarias. Así y tras la designación de Juan Bortagaray como presidente del IPVyDU, este instruyó a su personal a fin que le confeccionen con cierta periodicidad planillas de contenido similar a las gestadas por los dependientes de Pagani; mandando además que se las remitan, primero solo a él, y luego también a Correa, determinando entre ambos cuales serían las empresas con acreencias que percibirían sus créditos y cuáles no”, describieron.