El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOC 4) dispuso que Omar «Caballo» Suárez, líder indiscutido del sector gremial marítimo durante muchos años, deberá cumplir prisión preventiva durante un año más, a la espera del juicio oral que podría comenzar en los primeros meses de 2019.
En su resolución, los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñíguez indicaron que la ley prevé prolongar las prisiones preventivas en causas complejas y argumentaron que existen riesgos procesales de que Suárez entorpezca la investigación, en caso de ser liberado.
A raíz de esa decisión judicial, se encendieron varias alarmas en importantes despachos del sector naviero. Sucede que desde el entorno de Suárez confirmaron que el sindicalista empezó a negociar convertirse en arrepentido y aportar información en la Justicia de todas las operaciones que el sindicato realizó especialmente a partir de 2004 y hasta el fin del gobierno de Cristina Kirchner. Al menos seis empresarios serían sindicados como partícipes de distintas maniobras.
La cuestión radica en que todos los emprendimientos empresarios del «Caballo» fueron realizados en sociedad o al menos con acuerdo de los principales popes empresarios de rubros como el remolque marítimo, el transporte de hidrocarburos marítimo y fluvial, el transporte de cargas en barcazas y el amarre de embarcaciones con la anuencia de las autoridades de la Subsecretaría de Transporte Marítimo y Fluvial que fueron rotando por el cargo durante la gestión kirchnerista.