El juez penal Sergio Piñeda resolvió ayer hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba a los cuatro empresarios de la construcción que confesaron haber pagado coimas, en el marco de la causa por los ‘retornos’ en la obra pública. Patricio Musante, Esteban Torraca, Oscar Peña e Ignacio Salaberry quedarán desligados del proceso a cambio de unos litros de pintura y unas bolsas de cemento. Diputados querellantes cuestionaron la polémica medida.
La resolución se dio a conocer vía correo electrónico. Los cuatro empresarios mencionados de la causa “Revelación” solicitaron oportunamente someterse a la suspensión del juicio a prueba a cambio de realizar obras en favor de la comunidad.
Cabe recordar la oferta de Musante consiste en la construcción de un Salón de Usos Múltiples para Gaiman de 80 metros cuadrados, una cocina y un patio-jardín. La obra está valuada en aproximadamente unos 3 millones de pesos.
Por su parte, Salaberry ofreció la construcción de un muro de 80 metros de largo por 2 de alto, más un tanque, una bomba de agua y el pintado de la Comisaría 4ta de Trelew. El empresario de Esquel, Peña, ofreció la realización de un playón deportivo.
Por último, Torraca había ofertado pintar y solucionar algunas cuestiones edilicias de la comisaría del barrio Mosconi de Comodoro Rivadavia.

Reparación del daño

El Juez Sergio Piñeda acepto la suspensión de juicio a prueba e hizo lugar al ofrecimiento de los empresarios de la construcción. Cabe recordar que existieron distintas posturas entre los fiscales y los cinco querellantes, y a la vez las diferencias entre éstos, sumado a la férrea posición de los defensores, tornó en extensa a la audiencia que se había iniciado a las 18.30 y que concluía alrededor de las 21:30 horas en la Oficina Judicial de Rawson. El ofrecimiento de los cuatro empresarios se realizó hace varias semanas y nunca pudo ser cerrado debido a la mutación de las posturas de los querellantes acerca de la reparación por el presunto perjuicio causado.
Revelación es la causa vinculada a El Embrujo y en la cual se investiga políticos y empresarios en lo que los fiscales consideran una presunta Asociación Ilícita en concurso con delitos contra el Estado. La causa está a cargo de los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz.

Rechazos a la medida

El presidente del bloque de Cambiemos, Eduardo Conde, quien oficia de querellante en la causa conocida como Revelación, dijo que la probation a los cuatros empresarios Esteban Torraca, Patricio Musante, Oscar Peña y Juan Salaberry, significa que dejen de tener responsabilidad jurídica y penal, “salen del proceso, de la discusión a cambio de una reparación económica. Esto significa que el empresariado de Chubut, involucrado en los hechos de corrupción dejan de tener responsabilidad jurídica y penal”.
Conde advierte que la investigación judicial denominada “Revelación” que investiga la corrupción política vinculada con la gestión provincial en materia de obra pública, “es un tema muy importante para mí, y el juez de la causa resolvió un planteo que se le había hecho respecto de la posibilidad de otorgar el beneficio de la suspensión del juicio a prueba a los empresarios que están imputados en la causa”.
“Esa reparación es una suma de dinero que se traduce en una obra, no es el pago de dinero en efectivo. Lejos va a estar de reparar el daño que este flagelo de la corrupción política ha causado a la ciudadanía y al Estado Provincial”, dijo y agregó que había decidido tomar intervención como querellante cuando visualizó que el camino estaba direccionado en ese sentido.
En ese sentido Conde remarcó que “no obstante haberme expresado en oposición a que esto pudiera ocurrir, en la última audiencia quedó claramente establecido un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y los defensores de estos imputados para que esta solución sea adoptada por el juez. Desde luego que no es una decisión uniforme, es decir, distintos querellantes que están en la causa se han manifestado con disidencias sobre esta solución, sobre todo teniendo en cuenta la envergadura de la reparación”, expresó.
Conde agregó que en su participación puntual se opuso a que se aplique este instrumento para sacar a los empresarios de Chubut.

Corrupción política

A su turno el diputado Blas Meza Evans (PJ-FpV) señaló que, junto a las legisladoras con quienes participa en el proceso como querellantes, tuvieron que evaluar y sopesar una cantidad de cuestiones.
“El diputado Conde habla de la corrupción política y que van a ser probablemente condenados una cantidad equis de funcionarios. No dice que es la corrupción político-empresarial, ya en el juicio que realiza siente que la corrupción es la corrupción de la política. Los empresarios -que no son precisamente unos nenes de pecho- están planteando que en esta provincia en los dos años y medio que han transcurrido, tenían que pagar para poder cobrar los certificados”, expuso el diputado.
En ese sentido advierte que “esta hipótesis defensista de los empresarios, probablemente nos lleve a que, al finalizar el juicio, los mismos sean sobreseídos porque en el estado de necesidad si no ponían las coimas no cobraban los certificados y, posiblemente la mayoría o todos ellos van a pasar a revistar en la categoría de víctimas y no van a poner un solo peso para reparar el daño que realmente nosotros creemos que es irreparable”, afirmó Meza Evans.

Pagaban para cobrar

El legislador justicialista expresó que “la postura de aceptar la finalización del conflicto con prácticamente una confesión de los empresarios que han acreditado y aceptado que pagaban para poder cobrar los certificados de obra, es una solución del conflicto que está prevista dentro del marco del derecho. A futuro, lógicamente, no tenemos la bola de cristal, probablemente la decepción de la comunidad en el caso de que todos los empresarios salgan absueltos de este proceso, va a ser mucho mayor que la que se está planteando en este momento”.
“El mecanismo de la suspensión del juicio a prueba, que es el derecho que tienen los que están imputados en un determinado delito, en este caso específico cumplen todos los requisitos, exigen una reparación. Nosotros no hemos coincidido en el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba porque entendimos que las reparaciones ofrecidas por los empresarios -por estos cuatro y probablemente por varios más porque están casi todos los empresarios de la construcción imputados en la causa-, nos resultaba insuficiente, irrazonable, que no se correspondía con la capacidad patrimonial de las empresas que estos empresarios integran”, manifestó Meza Evans.