Tras reclamos de la oposición y de referentes del propio oficialismo, el Gobierno debió dar marcha atrás con el anuncio del cobro de un adicional a usuarios de gas para compensar a distribuidoras por el impacto de la devaluación en los contratos firmados por las petroleras.
Si bien no trascendieron demasiados detalles, el Gobierno dijo que el Estado se hará cargo de esas deudas, lo cual no logró apagar las voces críticas de la oposición.
La senadora del Frente para la Victoria Cristina Kirchner adelantó que su bloque no acompañará el proyecto de comunicación para dejar sin efecto el aumento del gas, porque con esa iniciativa el Estado «se va a hacer cargo con recursos públicos de pagar esto, y no es justo».
La fuerte polémica se desató luego de una resolución de la Secretaría de Energía que obligaba a los clientes a pagar 24 cuotas en sumas mensuales de entre 90 y 100 pesos, para cubrir la deuda contraída por las distribuidoras con las petroleras por la depreciación del peso registrada entre abril y septiembre, cuando el dólar subió de $20 a casi $40.
Apenas se conoció la disposición oficial, entidades de usuarios, legisladores, defensorías del pueblo salieron a criticar la medida y presentaron demandas judiciales para impedir que entrara en vigencia el plan oficial, previsto para enero próximo.
A tal punto llegó la situación que, tras una denuncia del fiscal Guillermo Marijuan, se le inició al secretario de Energía, Javier Iguacel, una causa judicial en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sin embargo, y más allá de las protestas, el Gobierno en pleno salió en los últimos días a defender el cobro retroactivo, al considerar que estaba previsto en la ley 24.076, sancionada en 1992, que habilita al Enargas a que las distribuidoras puedan cubrir ese costo, estimado en una suma total de 10 mil millones de pesos.
Incluso, el presidente Mauricio Macri en un acto realizado este miércoles en Olavarría aseguró que «la energía cuesta y hay que pagarla».
En ese contexto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, mantuvo este miércoles un encuentro con senadores nacionales para anunciarles la decisión de desactivar el controvertido programa y adelantar que el costo lo asumirá directamente el Estado, que se pagaría en 30 cuotas ajustadas por interés desde octubre del año próximo.
El ministro concurrió al Senado luego de una reunión de Labor Parlamentaria en la que los jefes de bloque de la oposición señalaron a sus pares del oficialismo que intentarían tratar en la sesión de este miércoles una serie de proyectos de ley para derogar la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía.