El próximo jueves el juez de garantías Sergio Piñeda resolverá la gran variedad de objeciones que los abogados defensores de los imputados en la causa embrujo realizaron durante los tres días en que se extendió la llamada audiencia “preliminar” al juicio oral y público que prevé realizarse a principios del año que viene.
La jornada de este jueves estuvo casi toda destinada a debatir las medidas de coerción que pesan para siete de los 12 imputados.
La audiencia se inició el pasado martes a las 8.30 de la mañana y tras la lectura de los hechos investigados, la imputación que pesa en contra de cada uno de los 12 imputados, las respectivas calificaciones legales y como resultado de todo ello, las medidas de coerción, culminó a las 13 de hoy en la Sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson.
Los imputados son Diego Correa, Diego Luther, Daniela Souza, Natalia Mc Leod, Federico Gatica, Juan Carlos Ramón, Sandro Figueroa, Jorge Aníbal Godoy, Giuliana Mc Leod, Darío Correa, Rubén Reinoso y Christian Daniel Gisande.

Las defensas

El defensor oficial Omar López defiende a Ramón y el defensor privado Fabian Gabalachis es quien tiene a su cargo asistir legalmente a la mayor cantidad de imputados en esta causa. Defiende a las hermanas Mc Leod, a los hermanos Correa y a Sandro Figueroa, el tío de estas dos mujeres. Por su parte el abogado particular Matías Cimadevilla defiende a Gisande, el defensor oficial Lisandro Benitez a Luter, el abogado también oficial Damián D’Antonio a Daniela Souza y a Godoy, y el defensor Javier Romero al escribano Federico Gatica.
Durante los tres días las partes debatieron aspectos vinculados con la acusación, las distintas responsabilidades, imputaciones, calificaciones legales, expectativas de pena en cuanto a los integrantes de la asociación ilícita que se investiga y que tiene a Diego Correa, ex subsecretario de la Unidad Gobernador del Chubut, como jefe.
Los querellantes representan a los diputados provinciales del Frente para la Victoria que realizaron la denuncia, Iniciativa Ciudadana, Fiscalía de Estado y Oficina Anticorrupción.

Medidas coercitivas

En la tercera de las jornadas de la llamada audiencia “preliminar”, los fiscales generales Alex Williams y Omar Rodriguez le pidieron al juez Sergio Píñeda que los siete imputados en la causa “Embrujo” sobre los que pesan medidas coercitivas –prisión preventiva o arrestos domiciliario- continúen en esa situación por temor a que se fuguen o que en libertad puedan entorpecer a los casi dos centenares de testigos que deberán contar lo que saben en el juicio oral y público.
Se trata de Diego Correa, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Federico Gatica, Juan Carlos Ramón, Sandro Figueroa y Diego Luters acusados de ser miembros de una asociación ilícita creada para enriquecerse ilícitamente mediante maniobras ilegales para hacerse de fondos del Estado provincial.
Los dos fiscales coincidieron en expresar que a medida que se acerca el juicio oral –se cree que podría iniciarse el próximo mes de febrero y podría extenderse por varios meses- crecen las posibilidad de que intenten entorpecer la investigación influyendo sobre algunos de los 170 testigo que deberán contar en el juicio oral y público todo lo que saben respecto de las maniobras que se investigan.

Domiciliarias y tobilleras

En este sentido el fiscal Rodriguez, parafraseando al defensor Fabián Gabalachis, destacó que esos testimonios solo en el juicio oral “convierten a las evidencias con las que hasta el momento se cuentan, en pruebas. Y son solo pruebas las que podrán demostrar la responsabilidad y la culpabilidad de los imputados”.
También los fiscales consideran que de permanecer en libertad hasta ese momento, podrían fugarse habida cuenta de las penas que les podrían caber en caso de ser hallados culpables, tal como lo consideran los investigadores.
Los defensores Gabalachis (tiene de clientes a Correa, Figueroa y a Mac Leod), Javier Romero (defiende a Gatica), Damián D´Antonio (defiende a Souza y a Luters) y Omar López (asiste a Ramón), pidieron la libertad de los imputados a los que representan o en tal casa la morigeración de la prisión preventiva mediante el arresto domiciliario y la colocación de tobilleras electrónicas. Argumentaron en general que ya no tienen posibilidades de entorpecer la investigación teniendo en cuenta que la misma ya está finalizada, que poseen arraigo en la zona y no se van a fugar o, como en el caso de Gatica, razones de salud personal y de algunos de los integrantes de su entorno familiar directo.
Cabe destacar que también los defensores cuestionaron las imputaciones legales de varios de los acusados, concluyendo en solicitar respectivos sobreseimientos.