LA POLÍTICA CONCIBE LA POSIBILIDAD DEL PERDÓN AL CAMISETEO PARTIDARIO POR SUPERVIVENCIA. MIENTRAS QUE CONCIBE LA INDULGENCIA CON LA CORRUPCIÓN, POR NECESIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA ¿QUIÉN PODRÍA TIRAR LA PRIMERA PIEDRA?

Los clamores de amnistías

Por Trivia Demir

En Chubut uno de los grandes dilemas es el `perdón´, representado en términos políticos con la idea de “amnistía”; y en términos de negocios como `probation´, y no es más que un fractal de lo que sucede en el país. Ni más ni menos.
En el radicalismo chubutano los viejos referentes saben que si no terminan con las miserias que los dejó afuera del poder en 2003, no vuelven más, ya que mucho `hilo en el carretel´ no les queda a los más encarnizados con los enconos del pasado. No va a ser fácil, pero el 2 de diciembre se verá cuanto aprendieron de la dura lección que les impuso la historia del internismo permanente.
Y en el peronismo ni hablar. Todos se llenan la boca con la palabra “unidad”, pero pocos saben que es eso que viene del latín “uñitas” y que significa la “propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse (sic)”. Si es por los “suspendidos” de acuerdo a la carta orgánica, hay más `compañeros´ afuera que adentro del partido. Algunos por aceptar cargos por otro partido sin aprobación del PJ como Néstor Di Pierro (director de YPF por ChuSoTo), Jorge `Loma´Avila (director de Petrominera por ChuSoTo), los diputados Florencia Papaiani, Javier Cunha y Leandro Espinosa (que responden a Gustavo Mac Karthy), Alfredo Di Fillipo y Sergio Brúscoli (por haber sido elegidos en sus bancas por el FPV y separarse del bloque) además de Ana Llanos y Ricardo Sastre, candidatos de ChuSoTo en su momento que se desafiliaron aunque ahora se habrían vuelto a afiliar al PJ. Auqnue hay una resistencia superviviente de optar por una “amnistía selectiva” en lugar de abrir el juego como el partido trata de hacer a nivel nacional.
Del mismo modo a nivel empresario se trata de imponer un castigo por haber accedido transacciones ilegales con el estado, pero salvando el nombre de las empresas de modo de poder acceder al programa de PPP, que es ni mas ni menos que `haya vida (y obras) después de la coima´. Todas estas `flexibilizaciones´ se barajan sin tapujos y es para que la gobernabilidad en definitiva, se doble, pero no se quiebre.

Se dice que en Nación, el entrevero no es menor, y que el controvertido mensaje del Ministro de Justicia Germán Garavano deplorando la posibilidad de que Cristina Kirchner termine presa esconde una realidad política importante. Si la ex presidente optara por no ser candidata, esto podría arrastrar también la candidatura de Mauricio Macri. En efecto, el gobierno cuida la salud política de CFK porque el presidente aparece ganándole en la segunda vuelta según casi todas las encuestas. En cambio, las encuestas también coinciden en que Macri la pasaría mal ante Urtubey o Massa. Obviamente, el acorralamiento de Cristina por la justicia es el mejor aliciente que tiene para ser candidata aparte de que está obligada, también para su protección personal, a mantener o aumentar sus bloques de senadores y diputados nacionales.

La menos con-vencida

Por su parte, Elisa Carrió, envalentonada por la renuncia a la presidencia de la Corte Suprema de Ricardo Lorenzetti, presiona al PRO con la única arma efectiva que tiene: su salida de Cambiemos que desataría una crisis política importante. Carrió está abriendo el paraguas ante otras señales, por ejemplo la posibilidad de que Macri opte por presentarse con María Eugenia Vidal como compañera de fórmula. Para la jefa de la Coalición Cívica, la gobernadora cultiva compromisos con los intendentes peronistas del conurbano y con Sergio Massa, entre otros, que serían incompatibles con Cambiemos. Como referencia de lo anterior, está la nunca desmentida confesión del presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, quien reveló que la había propuesto a Vidal que rompiera con el PRO y se pusiera al frente del peronismo bonaerense.
Pero hay otras señales que fundamentarían el tono belicoso que adoptó Carrió. Por ejemplo, en la Casa Rosada se habla de una eventual ley que sería el punto final para las investigaciones en curso sobre las irregularidades con los fondos de varias campañas electorales, tanto del Frente para la Victoria como de Cambiemos. Esta especie de amnistía electoral contaría con el consenso de macristas y cristinistas.
A todo esto, Carrió habla de “democracia económica” y de que la causa de los cuadernos es comienzo del fin de la “patria contratista”. Un calificativo que no debe causarle demasiada gracia a la familia Macri, considerada un arquetipo de esa patria contratista.

Empresas sin culpa o perdonadas

Si alguna declaración era esperada en Comodoro Py era la del presidente de Techint, Paolo Rocca, que planteó un argumento clave: si el directivo de Techint Luis Betnaza realizó sobornos, éstos fueron el resultado de la autonomía que tenía por parte de la empresa. O sea que la conducción del grupo bien podía ignorar lo que hacía su CEO.
Ésta es la tesis que, coincidentemente, desde la Oficina Anticorrupción enarbola Laura Alonso, quien en el Boletín Oficial hizo publicar unos lineamientos de integridad para empresas que parten de sostener que queda eximida de culpa la persona jurídica, es decir la empresa, y toda responsabilidad por los sobornos le cabe al empresario en forma personal. Una tesis absurda que concluye que los grupos contratistas nada sabían de lo que hacían sus gerentes y éstos actuaban ilícitamente sólo por su iniciativa personal. Este dislate de la OA se dirige a posibilitar que las empresas puedan seguir participando de las licitaciones públicas.
Algo que también se replicaría en Chubut sin distinguir `ni biblia, ni calefón´.
El engendro culmina con un instructivo desopilante, como recomendar a las empresas la redacción de códigos de conducta, en los cuales se utilicen frases “coloquiales” como “no pagues coimas”, “avisá si te las piden”, “aclará a los que trabajan bajo tu supervisión que te deben avisar si se las piden”, “no dejes de consultar a tu jefe si un comportamiento de un funcionario te parece inapropiado”, “no le regales nada a los funcionarios que controlan tu trabajo”, entre otras.
Y si la amnistía política aunque sea circunstancial es casi imprescindible para que Macri polarice con Cristina y busque ser reelegido, la amnistía pragmática económica indica que necesita zanjar los señalamientos e imputaciones, para que siga rodando el carro de la obra pública que genera trabajo y derrame.

Ya no se sabe cuánto costarán las rutas

Ayer mismo, el ministro Guillermo Detrich asistió a la bicameral de seguimiento de los programas de Participación Pública Privada (PPP), y ratificó las inversiones por 8000 millones de dólares para seis corredores viales ya adjudicados, pero para sopresa de todos no supo decir cuánto pagará por cada kilómetro de autopista.
Fue la pregunta del senador peronista Carlos Caserio, pero Dietrich se negó a dar precisiones. «Estamos mezclando peras con manzanas. Una cosa es el costo de obra y otro el financiero. Lo primero es históricamente el más bajo y con la posibilidad de pagarlo a 15 años. El financiamiento es en función del costo de Argentina», diferenció.
La consulta surgió porque con la devaluación los presupuestos en dólares para construir se fueron por las nubes junto al riesgo país, el indicador financiero base para definir las tasas de interés. Y el fondeo de las PPP está en zona de riesgo.
«El costo de obra que tenemos es el más bajo de la historia, el costo de financiación depende del país», se escapó Dietrich, cuando le exigieron precisar cuánto pagará por las autopistas.
Tanto es así que el Gobierno en el artículo 65 del presupuesto creó un fideicomiso para colaborar con recursos y avales a las empresas ganadoras de las licitaciones.
«Desvirtúa el sistema, porque termina siendo obra pública si el riesgo y el financiamiento lo asume el Estado y no la empresa. PPP es otra cosa: el privado toma el riesgo», cuestionó el diputado Marco Lavagna, del Frente Renovador.
Agustina Morán, directora legal de la secretaria de Participación Público-Privada, aseguró que los artículos 4 y 9 de la ley de PPP permiten ayudar a las empresas a «facilitar el acceso al mercado local y colaborar con la obtención de financiamiento».
Morán justificó además la continuidad de muchas compañías involucradas en la causa de los cuadernos. «Son delitos anteriores y prevalece la ley penal más benigna», se escudó.
Ayudado por filminas, Dietrich empezó su exposición con el repaso de los 6 corredores adjudicados el año pasado, que permitirían construir 800 kilómetros de autopistas, 1600 de «rutas seguras» y 250 de obras especiales.
«El problema de la infraestructura en Argentina es que no tiene mantenimiento y con este plan lo tendrá», prometió en el Salón Arturo Illía del Senado, donde se reunió la bicameral presidida por Diego Bossio, el diputado de Argentina Federal que tampoco está convencido de votar el fideicomiso en el presupuesto. «La discusión es si los intereses se calculan», sugirió al pasar.
Ajeno a esa polémica, el ministro recordó que licitó los PPP en un año cuando en el mundo nunca se adjudican en menos de dos o tres y prometió 80 proyectos inversión por 38 mil millones de dólares hasta 2024, con un pico de 11 mil en 2021.
En Chubut los proyectos anunciados en su momento en el marco del sistema PPP tienen que ver con la obra de riego para la Meseta Intermedia que implicaría un gasto de 41 mil millones de pesos, y la extensión de las líneas de alta tensión desde Puerto Madryn a Choele Choel, por 27 mil millones de pesos.

Fuentes: NA, AF, Inf. Público, LPO, propias

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