La causa «Revelación», que investiga el pago de «retornos» en la obra pública de Chubut durante la actual gestión del gobierno provincial, sumó 11 nuevos empresarios imputados por cohecho activo los cuales habrían pagado 13.824.897 de pesos de coimas. El juez Sergio Piñeda resolvió que la causa sea considerada como caso complejo y el plazo de investigación vencerá el 22 de marzo de 2019.
Los empresarios imputados son Gustavo Adrián García Moreno de Pórtico 3 S.A.; Diego Cagnolo de Diherco S.R.L.; Marcelo Pasquini de Pasquini Construcciones S.R.L.; Salvador Indómito de Garbin S.A.; Claudio Gatica de Gatica Construcciones S.R.L.; Miguel Freile de Freile Construcciones S.R.L.; José Rossi de IPE; Juan Riquelme de IPE; Claudio Fernando Díaz de CD Construcciones; Massoud Ighani de RIGEL S.R.L. y Javier Ban de Ingar Construcciones.
Según estimó la ONG Iniciativa Ciudadana, uno de los querellantes en la causa, se pagaron 13.824.897 de pesos de coimas. Estos nuevos imputados se suman a los otros empresarios y ex funcionarios que se encuentran bajo la misma figura judicial en la causa.

La ruta del dinero

Los 11 imputados que piden los fiscales que se investiguen, pagaron casi 14 millones de pesos en coimas para cobrar un total de 675 millones por el dinero que les debía la Provincia por las obras públicas según los acusadores.
El fiscal Nápoli, en una de sus intervenciones, explicó que Fernando Díaz pagaba retornos a Diego Correa por obras realizadas por un monto de 500.000 pesos -en efectivo- por el certificado de obra. Incluyó a Bortagaray y Oca en el recorrido de sobornos.
El ex ministro de Familia y ex presidente del IPV, Martín Bortagaray, declaró que todos los pagos debían ser autorizados por la secretaria privada del gobernador Mario Das Neves y negó que alguna vez Diego Correa le haya ordenado pagar o no. Además, dijo que, en bajo su figura como presidente del IPV, no tenía trato periódico con el mandatario fallecido y tampoco con el ex ministro de Economía, Pablo Oca.

Correa suma imputaciones

Todos los empresarios fueron imputados por cohecho activo, ya que se habría logrado comprobar que pagaron -en efectivo o por medio de cheques- para destrabar certificados de ejecución de obra pública. Luego de tres horas de audiencia, el juez Sergio Pineda resolvió este miércoles imputar a 11 empresarios por cohecho activo con lo que se eleva la cantidad de empresarios imputados dentro de la Causa Revelación, que investiga el pago de coimas vinculado a la ejecución de obras públicas. En esta causa también están imputados cuatro ex funcionarios: el ex secretario del ex gobernador Mario Das Neves, Diego Correa; el ex ministro de Economía, Pablo Oca; el ex ministro de Infraestructura, Alejandro Pagani; y el ex ministro de Familia, Martín Bortagaray. Aunque todos están imputados por cohecho pasivo, Correa lo está en calidad de autor, mientras que los restantes serían partícipes necesarios para el pago de ‘retornos’ con el fin de liberar los certificados de obras.

Mismo ‘modus operandi’

Asimismo, y según precisó el fiscal Héctor Iturrioz, “la calificación es para todos la misma, y los hechos son muy similares, los tiempos, la forma de la maniobra”, en relación a la imputación de cohecho activo para los empresarios que realizaban los pagos, y cohecho pasivo para los funcionarios que recaudaban ese dinero como condición de otorgar obras o liberar pagos de obras contratadas y en ejecución.
“Sin la participación de los funcionarios esto no habría sido posible, por eso son partícipes necesarios, y hay que entenderlo con la lógica de un sistema: no eran hechos aislados, era un sistema que se había insertado en lo más alto del gobierno provincial”, remarcó el fiscal.
Sobre los nuevos empresarios imputados, Iturrioz indicó que hay distintas pruebas de los pagos realizados. “No de todos tenemos cheques, de otros tenemos evidencia que se pagó dinero en efectivo”, puntualizó.

Más empresarios bajo sospecha

El fiscal aseguró que “va a haber una ronda más” de imputaciones ya que se investigó a la totalidad de los empresarios que estuvieron vinculados con la ejecución de obra pública. “Tenemos 28 empresarios imputados, y va a haber más”, remarcó, aunque aclaró que “hay empresarios en los que se verificó una orfandad probatoria que no nos permite el mínimo de sospecha- que es la imputación-, pero son los menos”.
Iturrioz indicó que un empresario llevaba “una suerte de registro con formato de cuenta corriente, porque dijo que un mes le pidieron una suma superior a la que creía que era procedente, que él creía que no merecían, entonces les pagó menos, y no le pagaron nunca más la obra, y el no pagó más retornos tampoco, por eso está imputado en un solo hecho. Y nunca más le dieron obras, es más, le bajaron contratos que tenía ganados”.
“Todos los empresarios dicen que pagaban porque eran obligados. Sabemos que era exigencia de Estado, lo que no se explica era por qué seguían estando dentro de ese sistema ilegal”, finalizó Iturrioz.

Piñeda resuelve las ‘probation’

En tanto, también se realizó ayer la audiencia acerca del pedido de cuatro empresarios de la causa “Revelación” de someterse de la suspensión del juicio a prueba a cambio de realizar obras en favor de la comunidad, sin que el juez Sergio Piñeda resuelva ya que se tomó el plazo de cinco días hábiles para dar a conocer su decisión.
Las distintas posturas entre los fiscales y los cinco querellantes, y a la vez las diferencias entre éstos, sumado a la férrea posición de los defensores, tornó en extensa a la audiencia que se había iniciado a las 18.30 en la Oficina Judicial de Rawson.
Se trata de los empresarios de la construcción Ignacio Salaberry, Esteban Torraca, Patricio Musante y Oscar Peña. El ofrecimiento se realizó hace varias semanas y nunca pudo ser cerrado debido a la mutación de las posturas de los querellantes acerca de la reparación por el presunto perjuicio causado.
La audiencia estuvo a punto de no realizarse teniendo en cuenta que se venía de otros dos arduos debates acerca de la misma causa. Finalmente, ante la insistencia del fiscal general Marcos Nápoli, la audiencia se realizó en Rawson y a través de video conferencia con las ciudades de Comodoro Rivadavia y Esquel, lugares de residencia de los empresarios Torraca y Peña respectivamente.